El complot de ‘las patitas de chancho

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Es innegable; en Chile hubo políticos y militares  que complotaban contra todo… incluso contra sí mismos. Este evento es un claro ejemplo de ello.

ALGUNOS POLITÓLOGOS aseguran que el general Carlos Ibáñez del Campo fue un perenne complotador, un golpista por antonomasia que logró finalmente ser elegido democráticamente como Presidente de la República el año 1952 con una alta votación, pese a que Chile aún recordaba la trágica experiencia vivida en 1931, cuando Ibáñez –al mando de una dictadura derechista de corto respiro- debió huir del país amenazado por graves huelgas y disturbios. Sin embargo, regresó con presteza a la nación y retomó su actividad de siempre: complotar.

Reza el dicho popular: “Dios los cría y el diablo los junta”, pues el inefable y zigzagueante gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952) le ofreció a Ibáñez magníficas posibilidades para desarrollar su capacidad sediciosa, ya que ‘Gabito’ –el traidor, según los comunistas chilenos-, respondiendo a los requerimientos de la oligarquía criolla y a los dictámenes de Estados Unidos, proscribió al Partido Comunista que, al comienzo de su mandato presidencial, aportó varias de sus personalidades políticas para conformar el gabinete. Incluso, Pablo Neruda le había dedicado un poema que tituló: “Y el pueblo te llama Gabriel”, del cual debió abominar meses más tarde, especialmente cuando la policía política de González Videla buscaba al famoso vate por cielo y tierra (como se sabe, Neruda huyó a Argentina, disfrazado de arriero, por uno de los pasos cordilleranos del sur de Chile).

Casi al finalizar el año 1948, González Videla –con aprobación del Congreso dominado por radicales, conservadores y liberales- dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (popularmente bautizada como la ‘ley maldita’), cuyo objetivo final era perseguir con saña a los miembros de esa tienda política y encerrarlos en el campo de concentración instalado en la nortina playa de Pisagua. Esa ley borró de los registros electorales a los miembros del PC y prohibió las libertades de asociación y de prensa, amén de castigar severamente cualquier acto contrario al régimen, como huelgas y paros. A partir de ese instante, Chile comenzó a vivir períodos de caos, huelgas, asonadas, complots y enfrentamientos callejeros.

Para afirmarse en el gobierno, González Videla –después de la dictación de la ‘ley maldita’- formó una coalición que bautizó como “gabinete de Concentración Nacional”, conformado por radicales anticomunistas, liberales, conservadores y algunos miembros de una fracción escindida del partido socialista. (se ruega al lector leer correctamente el título del gabinete, pues se llamó ‘Concentración Nacional’, y no ‘Concertación’…pues las similitudes son llamativas y podrían inducir a error).

A la sazón, gobernaba Argentina el general Juan Domingo Perón, amigo personal de Carlos Ibáñez, con quien le unían no sólo lazos militares sino también ideas cercanas al fascismo italiano. Perón era un convencido de que Argentina tenía un ‘destino divino’ en la costa del Océano Pacífico, y veía en un posible gobierno ibañista la puerta ancha para cumplir con su mesiánico sueño. Por ello alentó –e incluso, aseguran algunos, financió- la intentona de Ibáñez del Campo para derrocar a González Videla y/o ganar después las elecciones presidenciales de 1952.

Fue así que en 1948 la mano del líder de los justicialistas argentinos, tras los desbaratados intentos golpistas contra La Moneda, apareció mencionada en varios medios de prensa nacionales y extranjeros como co-responsable del complot conocido como «Patitas de Chancho», en el cual participó una sombría rama de la logia masónica autodenominada «La Montaña» y varios militares afines a un gobierno dictatorial, de absoluto corte nacionalista, que pretendía deponer a González Videla y a todo el escenario político-partidista de la época, para imponer en el país un régimen de corte militarista-fascista-nacionalista, disfrazado de populismo y decididamente antidemocrático.

El episodio conocido con ese pintoresco nombre -“complot de las patitas de chancho”- fue el primero de una serie de obstáculos que enfrentaría el gobierno de González Videla. Esa confabulación, desarrollada entre septiembre y octubre de 1948, tenía como fin crear las condiciones favorables para un golpe de Estado que permitiera al general Carlos Ibáñez llegar al poder. Reiteremos que entre los implicados estaban oficiales y suboficiales del ejército y de la aviación y algunos grupos políticos.

A este respecto, el historiador chileno Luis Vitale, escribió: “Aunque es difícil apreciar los planteamientos ideológicos de los militares de aquella época por falta de documentos, libros o artículos escritos por ellos, es posible detectar, a través de su praxis, dos tendencias claras a finales de la década de 1940: una, conservadora, proclive a seguir la orientación de Estados Unidos, y otra filo-nacionalista, o mejor dicho antiyanqui, influenciada por los movimientos populistas de América Latina liderados por militares, como Perón”.

Pues bien, a esta última corriente pertenecían algunos militares simpatizantes del general Ibáñez. Ellos fueron quienes se reunieron y desarrollaron el fallido ‘Complot de las Patitas de Chancho’, bautizado así por el pueblo y la prensa ya que las ‘tertulias golpistas’ fueron fraguadas en reuniones que se hacían en un restaurante de San Bernardo (populosa comuna ubicada al sur de Santiago) cuya especialidad era ese típico causeo chileno.

Desde fines de 1948 se confabulaban allí oficiales de la Escuela de Infantería, Escuela de Unidades Motorizadas, Escuela de Aviación y –tal como ya lo señalamos líneas arriba- algunos miembros de la logia masónica ‘La Montaña’. El cabecilla era el coronel de aviación Ramón Vergara, secundado por los oficiales Enrique Cox Chávez, uno de apellido Mellado, Ricardo Arias y Domingo Rivera, entre otros uniformados.

González Videla, alertado de estas reuniones por los servicios de inteligencia norteamericanos, instruyó a la Fiscalía Militar de Santiago hacer una investigación. Esta desbarató el complot y el comandante Ramón Vergara, así como algunos militares, fueron condenados a pena de extrañamiento. A otros uniformados sólo se les solicitó acogerse a retiro.

El Ejército, como siempre ha ocurrido en nuestra Historia, una vez fracasado el complot, intentó endosar la paternidad de la conspiración al pequeño grupo de masones –todos civiles- con el propósito de alivianar las culpas de los uniformados que se involucraron en el fallido complot y, a la vez, obtener la intermediación de la Iglesia Católica para atemperar las sanciones y obnubilar a una –entonces- muy beata población.

El mandatario, temeroso de una reacción militar mayor, influyó fuertemente en la Fiscalía a objeto de conseguir sanciones menores para los inculpados, pese a que el plan de los complotados era tomar La Moneda con tanques y rodear los edificios aledaños con fuerzas leales al golpe, mientras aviones de la FACH sobrevolaban el centro de Santiago atemorizando a la población, y ametrallándola en caso de encontrar resistencia civil (¿no le recuerda nada esto, querido lector?).

Durante el sumario se determinaron graves responsabilidades de los cónsules argentinos Luis Zervino y Roberto Bruñi, y del dirigente nacionalista argentino Emilio Gutiérrez Herreros, que estaba de paso en Chile, quedando al descubierto los vínculos del complot con altas autoridades diplomáticas y militares del gobierno peronista. Ello señalaba una inexcusable asociación de los militares golpistas con agentes extranjeros, tipificándose el gravísimo delito de alta traición, cuya única pena era el fusilamiento.

Si la Fiscalía reconocía lo anterior, el gobierno de González Videla se habría visto obligado a romper relaciones con Argentina, y ese era un adversario que por cierto no deseaba. Menos aún si al interior de Chile contaba ya con múltiples opositores y con fuerzas armadas dispuestas a deliberar políticamente. Por ello, recurrió al único salvavidas personal que tenía fácilmente a mano: entregarse en cuerpo y alma a la oligarquía criolla y a los dictámenes que Washington implementaba en Latinoamérica a través de la doctrina de ‘seguridad nacional’.

Habida consideración de lo anterior, en una nueva similitud con lo que ocurriría en la década 1990-2000 -cuando los gobiernos de la Concertación no se atrevieron (o no quisieron) juzgar debidamente a otro militar dictador: Augusto Pinochet-, extraña e impensadamente Carlos Ibáñez fue absuelto de toda responsabilidad.

Terminado su mandato presidencial, González Videla desapareció durante veinte años de la política y de la vida pública, pues siempre manifestó temor por algún acto de ‘justicia popular’ que pudiese poner en riesgo su vida. Reapareció luego del golpe militar de 1973, haciendo declaraciones contra la izquierda y la democracia, aceptando formar parte del “Consejo de Estado” que Augusto Pinochet y la Junta Militar estructuraron para afinar y adornar la Constitución Política (‘Constitución del 80’), cuyo texto, en lo principal, pertenecía a Jaime Guzmán Errázuriz, fundador de la UDI e ideólogo de la dictadura.

Arturo Alejandro Muñoz

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