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Expertos de derechos humanos de la ONU piden justicia y rendición de cuentas en respuesta a la explosión de Beirut

La colosal explosión mortal en Beirut el 4 de agosto requiere una investigación rápida e independiente que subraye las obligaciones internacionales de derechos humanos, aclare las responsabilidades relacionadas con la explosión y conduzca a la justicia y la rendición de cuentas.

Expertos en derechos humanos de la ONU[1] emitieron el siguiente comunicado en relación a la explosión en Beirut del 4 de agosto 2020:

“La escala y el impacto de la explosión letal no tienen precedentes. Estamos profundamente preocupados por el nivel de irresponsabilidad e impunidad que rodea a la devastación humana y ambiental a esta escala. La catastrófica explosión ocurrió mientras el Líbano ya se enfrenta a una devastadora crisis política, económica y financiera, así como a la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado un fuerte deterioro de la protección de los derechos humanos y mucho sufrimiento.

Al día de hoy, aproximadamente 170 personas han perdido la vida, miles están heridos, al menos 300.000 están sin hogar y hay decenas desaparecidas. Con el Puerto de Beirut y los principales silos de almacenamiento de granos del país casi completamente destruidos, así como los hospitales y equipos médicos severamente afectados, la capacidad de las autoridades para cumplir con sus obligaciones de proteger los derechos a la alimentación, la vivienda adecuada y el derecho a la salud también están seriamente disminuidos. En esta etapa, la asistencia, el apoyo y la reparación urgentes a las víctimas son fundamentales, sin discriminación.

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Pedimos a las autoridades nacionales que permitan las protestas pacíficas y protejan a los manifestantes y periodistas. Todos los libaneses, la sociedad civil y las comunidades afectadas deben poder influir libremente en la toma de decisiones del gobierno durante este momento crítico, incluso en relación con la coordinación, supervisión y entrega de cualquier ayuda extranjera.

Todos los habitantes del Líbano tienen derecho a recibir información sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que plantean las reservas de sustancias peligrosas. Dicha información debe estar disponible, ser accesible y funcional, de manera compatible con el principio de no discriminación.

Según varios informes, los contaminantes liberados por la explosión están provocando una grave contaminación del aire y del medio ambiente en Beirut. Todas las personas también tienen derecho a conocer los riesgos de exposición tóxica al óxido nitroso y otros contaminantes liberados al aire sobre la ciudad sobre su salud. Se debe prestar especial atención a las personas mayores, las personas con discapacidad y otras personas que pueden estar en situaciones particularmente vulnerables y que se ven afectadas de manera desproporcionada durante las emergencias.

Según el derecho internacional del medio ambiente y los derechos humanos, los Estados y las empresas tienen el deber de tomar medidas para hacer frente a los riesgos que plantean las sustancias peligrosas. Ante tal riesgo, los gobiernos no pueden simplemente sentarse. Deben actuar con rapidez y de manera integral para prevenir la pérdida de vidas y las consecuencias desastrosas para la salud y el medio ambiente.

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Esta explosión y sus secuelas han puesto de relieve problemas sistémicos, un déficit de buen gobierno y acusaciones de corrupción generalizada. Esto ha provocado que no se garantice la protección de los derechos de todos sin discriminación, incluidos los derechos a la vida, la libertad personal, la salud, la vivienda, la alimentación, el agua, la educación y un medio ambiente saludable. Nos preocupa que esta tragedia exponga grietas en las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, lo que provocará demoras y desafíos para garantizar recursos efectivos para todos los afectados.

Apoyamos los pedidos de una investigación rápida, imparcial, creíble e independiente basada en los principios de derechos humanos, para examinar todas las reclamaciones, preocupaciones y necesidades en relación con la explosión, así como las fallas subyacentes de derechos humanos. La investigación debe protegerse de cualquier influencia indebida y recibir un mandato fuerte y amplio para investigar con eficacia cualquier falla sistémica de las autoridades e instituciones libanesas para proteger los derechos humanos. Cualquier investigación de este tipo debe integrar un enfoque de género y también debe otorgar a las víctimas y sus familiares acceso efectivo al proceso de investigación, respetando su derecho a ser informados y a participar. La investigación, así como otras acciones vinculadas al desastre, también deben proteger la privacidad así como la confidencialidad de las identidades y testimonios de víctimas, testigos, asociados, colegas y sus familiares. Los hallazgos y recomendaciones de la investigación deben hacerse públicos.

La investigación también debe considerar las obligaciones internacionales del Líbano que rigen la manipulación de sustancias peligrosas y el derecho de toda persona a recibir información sobre los riesgos para la vida y la salud. Además de los derechos humanos y el derecho penal, la investigación también debe examinar las obligaciones del Líbano en virtud del derecho comercial y marítimo internacional.

Estamos dispuestos a cooperar con las autoridades libanesas, la sociedad civil y la comunidad internacional, incluso apoyando las investigaciones y otras medidas para minimizar el daño de este desastre, garantizar la rendición de cuentas, reconstruir mejor con pleno respeto del tejido multirreligioso y multicultural de la sociedad y prevenir tragedias similares en el futuro. La comunidad internacional también debe brindar apoyo oportuno y efectivo a todo el pueblo del Líbano, incluidas sus demandas de justicia, basadas en la solidaridad y la cooperación internacionales.

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En vista de la seriedad de nuestras preocupaciones, instamos a considerar un debate especial en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre para explorar todas las vías posibles por las cuales

  • Justicia para las múltiples víctimas de la explosión, y para las personas en Líbano en general, se administra de manera efectiva, transparente e imparcial;
  • La no repetición se garantiza mediante reformas sistémicas a largo plazo basadas en consultas abiertas con la población del Líbano;
  • La comunidad internacional brinda asistencia urgente al Líbano y su población para atender las necesidades inmediatas de refugio, alimentos, atención médica, salud y otras necesidades relacionadas que surgen del desastre.

 

 

[1] Los Expertos: Sr. Marcos A. Orellana, Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de sustancias y desechos peligrosos; La Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El Sr. Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; La Sra. Fionnuala D. Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Michael Lynk, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; El Sr. Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos de reunión pacífica y asociación; El Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento; El Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados; La Sra. Claudia Mahler, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores; Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai, Dante Pesce (Vicepresidente), Anita Ramasastry (Presidenta); La Sra. Yuefen Li, Experta independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados en el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales; La Sra. E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; El Sr. Obiora C. Okafor, Experto independiente en derechos humanos y solidaridad internacional; El Sr. Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias; El Sr. Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Sra. Elizabeth Broderick (Presidenta), Sra. Melissa Upreti (Vicepresidenta), Sra. Alda Facio, Sra. Meskerem Geset Techane, Sra. Ivana Radačić, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; El Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; El Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos; El Sr. Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como componente del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; La Sra. Isha Dyfan, Experta independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia; El Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; La Sra. Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; La Sra. Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; La Sra. Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Miembros del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: Sra. Leigh Toomey (Presidenta-Relatora), Sra. Elina Steinerte (Vicepresidenta), Sr. José Guevara Bermúdez, Sr. Seong-Phil Hong, Sr. Sètondji Adjovi; Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión.

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Por Elena Rusca, Ginebra, en Ginebra

 

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