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¿Qué futuro tiene la ONU? En grave crisis de liquidez

Durante las últimas semanas, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha escrito a los Estados miembros para expresar su continua preocupación por el hecho de que las operaciones de la ONU se encuentren bajo una gran presión debido a la profundización de la crisis de liquidez.

 

“A medida que las naciones se ajustan a la pandemia”, escribió el Secretario General, “la segunda mitad de 2020 ha comenzado muy mal en términos de financiamiento, con cobros anémicos en julio y agosto: solo $ 8.4 millones en comparación con $ 147.2 millones para el mismo período el año pasado”.

“El problema de liquidez se ve agravado por una incertidumbre significativa sobre el volumen y el calendario de las contribuciones restantes, que actualmente suman $ 1,52 mil millones”, dijo Antonio Guterres.

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“En vista de la incertidumbre de efectivo significativa y continua”, agregó Guterres, “hemos dado instrucciones a los gerentes de programas de la ONU para que reduzcan más drásticamente los gastos no relacionados con puestos durante el resto del año para alinear los gastos con las previsiones de liquidez”.

La ONU necesita recaudar $ 950 millones para implementar el programa de trabajo de 2020 de manera razonable, pero esto parece muy improbable en términos de volumen y tiempo. Por lo tanto, 2020 puede terminar con atrasos mayores que el año pasado, mientras se encuentra en las garras de una crisis económica y de salud mundial, con posibles interrupciones en las cadenas de suministro y las adquisiciones. Una vez más, insta al pronto pago de las cuotas.

 

La crisis de financiamiento de la ONU tiene impactos negativos también en los procedimientos especiales de Derechos Humanos.

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El Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales[1] está profundamente preocupado por el impacto de la crisis de financiación de la ONU en el funcionamiento del sistema de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.

“Los procedimientos especiales, que incluyen los 56 mandatos que abarcan los derechos humanos internacionales, como las violaciones de los derechos de las comunidades y poblaciones históricamente sometidas a discriminación, han tenido muchos logros positivos en los últimos 50 años desde el nombramiento del primer titular del mandato”, dijeron los miembros del Comité, que se encuentran entre los titulares de mandatos designados por el Consejo de Derechos Humanos.

“Los procedimientos especiales a menudo se consideran el mecanismo de derechos humanos de la ONU más accesible y a menudo se caracterizan como los ojos y oídos del Consejo de Derechos Humanos, ya que reciben información diaria de personas de todo el mundo”.

La financiación adecuada de los procedimientos especiales ha sido motivo de preocupación durante varios años. En este momento, los Estados Miembros solo han pagado alrededor del 60% de sus compromisos con el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

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Como resultado, parte del trabajo de los Procedimientos Especiales no se está llevando a cabo, como realizar visitas a los países para involucrar a los representantes del Estado y otras partes interesadas, reunirse con las víctimas de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones concretas para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos.

El Comité dijo que los titulares de mandatos no podían presentar informes en la sede de la ONU en persona, privándolos de oportunidades para mantener y fortalecer los diálogos en curso con las delegaciones, la sociedad civil y representantes de la ONU.

Muy importante, estas actividades esenciales no se han suspendido únicamente por razones de salud pública, agregó el Comité.

“Los mandatos de los Procedimientos Especiales han realizado esfuerzos excepcionales, tanto profesionales como personales, para continuar su trabajo a pesar de los muchos desafíos experimentados durante la pandemia. Existe una clara expectativa de que los Estados respalden su trabajo, incluidas las reuniones en persona, las visitas a los países y otras actividades realizadas para promover sus mandatos, así como todos los costos que implica trabajar en línea durante la pandemia”, dijo el Comité.

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Como en todas las áreas de los derechos humanos, la pandemia de COVID-19 no debe usarse como una justificación para que los Estados no financien los propios mandatos que han decidido establecer”, dijo el Comité. “Además, los expertos, que trabajan como voluntarios no remunerados, ahora han incurrido en costos personales adicionales, incluso para garantizar el acceso a Internet y la tecnología esencial, así como para el cuidado de los niños y otros familiares, mientras se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones con informar a los organismos de la ONU, continuar su acercamiento a las víctimas y participar en asuntos urgentes en curso.

“Si bien los titulares de mandatos de los procedimientos especiales han ido más allá de sus deberes normales para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, los Estados no pueden afirmar que los están apoyando adecuadamente a menos que cumplan plenamente con sus compromisos financieros con el presupuesto ordinario de la ONU”, dijo el Comité. “Consideramos que es un grave descuido de la responsabilidad del Estado que, en muchos casos, las limitaciones presupuestarias signifiquen que los titulares de mandatos deban financiar ellos mismos el trabajo que les fue encomendado durante la crisis financiera de la ONU, sin recibir apoyo para los gastos asociados con las condiciones actuales de trabajo en línea”.

La falta de medidas urgentes para abordar la situación puede crear una brecha de protección, ya que los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales no tienen más capacidad para seguir trabajando en condiciones tan inaceptables.

Las nuevas tecnologías y los medios virtuales no pueden reemplazar los métodos de trabajo que se han desarrollado a lo largo de los años y aportan valor agregado al sistema de procedimientos especiales.

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La convocatoria del Comité de Coordinación se produce mientras el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General se encuentran en sesión en Ginebra y Nueva York respectivamente.

El Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales

El Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo.

Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.

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Elena Rusca, en Ginebra

 

[1] Los miembros actuales del Comité de Coordinación son: Anita Ramasastry (Presidenta), Victor Madrigal-Borloz, Javaid Rehman, Leigh Toomey y Clément Voule.

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  1. El lujoso aparataje de la ONU (todos sus servicios) como entidad nacida en los “buenos tiempos” con dinero a raudales , debería morigerarse y debería re estudiarse su estructura y funcionamiemto ,que a partir de los 5 únicos con derecho a veto (USA,Francia,Inglaterra /Rusia,China) el resto hacen de vagón de cola a pesar de tener muchos de ellos ,las temidas armas atómicas. En varios lugares , hacen lo que los gobiernos no pueden o quieren hacer(ej. en países Africanos) ; en otras partes , los cascos azules han resultado en protectores de los colonialistas en vez de la población a la que deberían cuidar (Haití). Han señalado que Israel debe seguir el acuerdo ONU respecto a Palestina ,con resultado CERO (todos los años desde hace + de 50). Las acusaciones de la violación a los DDHH no las acepta ningún país acusado y nada se puede hacer. Suma y sigue , permite discusiones agrias que enfrían algunas posibles guerras pero ha llegado a una instancia de difícil futuro porque está hecha a una medida que ya no existe en el mundo actual.

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