Explosivo aumento de familias en campamentos
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Quizás porque no califican para formar parte de la clase media – que en apariencias obsesiona al ocupante de La Moneda – los cientos de miles de chilenos pobres que sobreviven a duras penas en campamentos de tránsito son tratados con la punta del pie por los administradores del modelo neoliberal, pese a lo cual su número va en aumento de manera impresionante.
La gente desposeída marginada de todo, sin beneficios de ningún tipo, sin casa y sin un peso, que por falta de alternativas ha debido llegar a la toma de terrenos y se encuentra en alguno de estos asentamientos precarios, semeja un emblema del modelo de desigualdades preocupado solo de seguir acrecentando la fortuna y los privilegios de los ricos porque el resto no le sirve.
A nivel nacional se reporta un incremento de un 74% de los grupos familiares en campamentos desde 2019 a la fecha, según un catastro de Techo Chile y la Fundación Vivienda que da a conocer que esta alza histórica alcanza sus cifras más elevadas en la Región Metropolitana, el Norte Grande y en las regiones de Valparaíso y La Araucanía.
Actualmente hay en Chile 81.664 familias en tal condición y de ellas sobre el 50% asegura haber llegado allí por problemas económicos o laborales. Muchas perdieron su trabajo, bajaron sus ingresos o les subieron los arriendos, y ninguna se siente integrada a algún programa de seguridad social que las proteja y les dé certidumbres ni antes ni después de la aparición del virus mortífero.
Las pocas soluciones habitacionales en el país inciden en el explosivo aumento de personas forzosamente confinadas en lugares inhóspitos. A lo largo del país los campamentos suman 969 – hasta ahora eran 822 – instalados de preferencia en extramuros de las principales ciudades por la necesidad de acceder a los bienes, servicios y equipamientos que hay en los centros urbanos. Para las alcaldías neoliberales se trata de una molesta piedra en el zapato.
Al no poder alcanzar una vivienda de manera formal, los sin casa optan por una solución rápida y de fuerza. Por lo general se resisten a ser desalojados por los carabineros, permanecen en la indefensión y carecen de servicios vitales, como los sanitarios y la electricidad, en tanto no más allá del 8% o el 10% tiene acceso regular al agua potable. Las medidas gubernamentales que se anuncian no son suficientes en un país donde faltan 600 mil viviendas y los allegados ya son una institución.
Pareciera que en Chile no hay ministerios de Vivienda, de Economía o Desarrollo Social, porque este drama poblacional se viene registrando hace largo tiempo. De crisis se ha pasado a desastre, sin que la autoridad política pertinente se interese al menos en proponer en el corto plazo la regulación del costo de los arriendos y un apoyo económico directo a las familias.
Obviamente quienes habitan en campamentos no tienen derecho a los bonos gubernamentales para paliar la actual emergencia ni a créditos préstamos que luego no podrían devolver. Los operadores del modelo vigente los tratan con tal desprecio que no tendrían derecho a nada, salvo a contentarse con el hacinamiento y la segregación que son producto de la exclusión y el abandono.
Cuando muchos de estos infortunados pobladores salen a protestar son reprimidos con violencia por las llamadas “fuerzas del orden” o injuriados por políticos bien pagados para mentir con desfachatez. El actual vocero de La Moneda – un funcionario del pinochetismo – afirma que son “delincuentes” los manifestantes que se congregan masivamente en la Plaza de la Dignidad para reclamar por las miserables condiciones de vida a que son castigados por el actual gobierno.
La roñosa Constitución pinochetista no solo no reconoce los derechos sociales, sino que ni siquiera menciona el derecho de cada jefe de familia a la casa propia. Los vientos que soplan hoy en favor de una democracia real a través de una nueva Carta Magna sin duda consagrarán esa aspiración popular y relegaran al olvido los campamentos de tránsito. Que avergüenzan a los chilenos.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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