El pinochetismo conspira contra la Constituyente

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El pinochetismo se sigue resistiendo a ser borrado del mapa y a estas alturas, transcurridas tres décadas del término de la dictadura militar-empresarial,  insiste aún en mortificar la vida de los chilenos a través de entrometerse forzadamente en la Convención Constitucional que se dispone a redactar una nueva Constitución Política para hacerla fracasar.

Se trata de una estrategia de la ultraderecha que ha puesto en marcha una conspiración contra la Convención en desarrollo para desprestigiarla y conseguir que continúe la vigencia del bando militar promulgado como Carta Magna por el golpismo en 1980,  cuando los asesinatos  y la desaparición de personas se producían todos los días al alero del terrorismo de Estado.

La pavorosa pesadilla de 17 años se tradujo en muerte y destrucción,  secuestros y torturas,  abusos y perversión contra la población indefensa que debía limitarse atónita – sin partidos, organizaciones sociales o prensa que se expresara a su favor – a observar cómo la barbarie quedaba en la impunidad, lo que obviamente hoy resulta impresentable para los jóvenes y las nuevas generaciones que asoman.

El tema de la violación  sistemática de los derechos humanos es extraordinariamente sensible para el pueblo, que de nuevo se ve amenazado por la intromisión en el campo democrático de los últimos pero poderosos e influyentes partidarios del capitán general,  que quieren distorsionar la historia y ocultar los horrores ocurridos como parte de sus afanes negacionistas.

Hay un caso que sobresale respecto a los demás: es una provocación burda (provocación miserable, dijo Paula Narváez) que un ex comandante en jefe de la Armada – una de las instituciones participantes en innumerables delitos de lesa humanidad y en el lanzamientos de muchos cuerpos al mar  – se encuentre como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Convención que busca justamente lo contrario,  esto es, la reivindicación de todos los derechos esenciales de la ciudadanía.

El octogenario almirante jubilado Jorge Arancibia no solo fue “cercano al régimen militar”, como se le quiere hacer aparecer, sino que se desempeñó como edecán naval del tirano entre 1980 y 1982,  de modo que estaba perfectamente al tanto de la maraña de ordenes criminales que  llevaron a la muerte o a los centros de torturas a miles y miles de infortunados compatriotas.

Tras la detención de Pinochet en Londres, a fines de los 90, Arancibia viajó especialmente para solidarizar con su jefe. En septiembre de 2017 firmó una declaración de 16 ex altos oficiales justificando las sin razones  del golpe de Estado y objetando los juicios contra los hechores. Luego de los gimoteos propios de la casta uniformada pareciera que no hubo genocidio ni desapariciones: todo sería producto de “ficciones jurídicas”.

En la actualidad el que fuera titular de la Armada no tiene más que reconocer que hubo violaciones de los derechos humanos. Pero ello no lo denuncia a la justicia, se abstiene de entregar antecedentes a los tribunales y prefiere  mantenerse adscrito al pacto de silencio que dejó instalado el dictador y que los involucrados cumplen puntillosamente.

Su presencia en la Comisión de Derechos Humanos es un contrasentido y por ello distintas organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura exigen su inhabilidad. Constituyentes afirman que “no puede ser posible que expongamos nuevamente a la violencia  simbólica y a la re victimización a una cantidad importante de personas, sobre todo a familiares de detenidos desaparecidos”.

Arancibia ganó un cupo en la Convención por los votos que obtuvo en mayo pasado, pero el hecho de que esté  en dicha comisión no es ético ni de sentido común. Quizás por ello se apresuró en expresarle su adhesión el expresidente Lagos, un “socialista” que terminó su mandato aclamado por grandes empresarios y que dispuso ocultar por 50 años los nombres de los autores del exterminio masivo.

Obviamente al ex mandamás de la Armada nunca le interesaron los derechos humanos de la gente modesta, y su propósito inmediato es que recuperen la libertad los criminales mayores de 75 años que permanecen en Punta Peuco. Lo propio ocurre con pequeños grupos negacionistas como la Fundación “Jaime Guzmán” y la “Acción Republicana”, cómplices de las masacres, que están participando en audiencias públicas para degradar al movimiento social y tratar de reivindicar la imagen sangrienta de la dictadura.

La ciudadanía tiene muy claro lo único que corresponde hoy al pinochetismo: no inmiscuirse en ninguna instancia democrática, arrepentirse del genocidio perpetrado, pedir perdón a las víctimas o a sus familias, reconocer donde están los restos de los desaparecidos, terminar con el pacto de silencio y entregar información a la Justicia para que todo  los criminales que aún gozan de impunidad vayan a parar directamente a la cárcel.

Por Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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