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No termina la represión en Colombia

By Elena Rusca 8 octubre, 2021 No comment

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La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia se encontró entre el 3 y 12 de julio de 2021 con 41 comisionados de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz para la verificar y visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.

El 28 de abril se inició el Paro Nacional contra la Reforma Tributaria. Centrales obreras, organizaciones de mujeres, las de negritudes, las indígenas, las estudiantiles, las campesinas, las de pobladoras y pobladores de ciudad, en fin… la ciudadanía colombiana está harta del Gobierno y su manejo de la crisis.

“El Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021 constituye un punto de inflexión en la historia contemporánea de Colombia. La densidad de la movilización, su perdurabilidad, el nivel de desafío público al estado de cosas existente y su amplia presencia territorial y geográfica así lo indican. Es una coyuntura que se articula con el ciclo de conflictividad social que le precede. Las protestas contra la violencia policial de septiembre de 2020, el paro del año 2019, las manifestaciones a favor del Acuerdo de Paz en 2016, y el Paro Agrario en 2013 son algunas de las movilizaciones sociales que anteceden al presente fenómeno”, se explica en el informe.

“Las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021, se remontan a una crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. Aunado a ello, la precarización social se agudizó durante la pandemia del Covid-19, tiempo en el que el Gobierno no garantizó la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía como el acceso a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna y una renta básica. Además, la violencia contra las personas firmantes del Acuerdo de Paz y los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia ha aumentado significativamente desde la firma del Acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 2016.

Las personas defensoras de derechos humanos en Colombia son blanco de actores estatales y no estatales por su promoción de los derechos humanos y sus opiniones políticas. Según la ONU se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021, a los cuales se suman el asesinato de 36 firmantes del Acuerdo de Paz (INDEPAZ: 2021). El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha identificado que los ataques a defensoras y defensores y liderazgos indígenas involucrados en denuncias contra empresas han aumentado desde el 2015, reportando el mayor número de incidentes en 2017 y 2018. Adicionalmente, el Informe Anual de Global Witness informa que Colombia es -por segundo año consecutivo- el país que reporta el mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020”, sigue denunciando el informe.

Mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio.

El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el ﬁn de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos.

En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.

Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testiﬁcar.

Dada la gravedad de la situación de derechos humanos constatada por la Misión se considera que Colombia atraviesa una situación de emergencia humanitaria y de grave crisis de los derechos humanos.

Publicamos aquí enseguida las importantes recomendaciones del informe.

Garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de las agresiones policiales, así como su reparación integral y se implementen garantías de no repetición.
Garantizar que la justicia ordinaria sea la jurisdicción competente para investigar y juzgar a los miembros de la Fuerza Pública responsables de violaciones de derechos humanos en el marco del Paro Nacional.
Crear una comisión independiente para investigar los hechos buscando establecer la responsabilidad de los máximos responsables.
En el caso particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes, el Estado debe considerar todos los factores de riesgo que ellas puedan encontrar debido a su origen étnico-racial y su edad, según lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La investigación de los graves hechos registrados en el marco del Paro Nacional debe ser respaldada por el Gobierno enviando un claro mensaje de que no se tolerará esta violencia ni su
La Procuraduría General de la Nación debe crear un grupo especial para investigar de manera concentrada y con celeridad la posible responsabilidad disciplinaria de todos los agentes de la Policía y mandos responsables de estos graves

Acciones Inmediatas del Gobierno de Colombia

Solicitamos las siguientes acciones inmediatas del gobierno de Colombia:

Que se detengan los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra las personas manifestantes, líderes/as de las protestas y contra quienes adelantaron acciones de defensa de Derechos Humanos, de primeros auxilios y de solidaridad. Que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus
Que cese de inmediato el uso de municiones de impacto cinético para el control del orden público y de manifestantes.
Que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar.
Que se desista de la modificación normativa del Decreto 003 de enero de 2021, que busca criminalizar los cortes de ruta al excluirlos definitivamente del ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica.
Que se detenga cualquier intento de reformas legales y políticas que representen regresividad en los derechos a la protesta y de otros derechos
Que se libere inmediatamente a las personas detenidas
Que se elabore un registro público que contenga al menos la siguiente información:

a) número de personas detenidas desde el inicio de la protesta;
b) el número de personas capturadas por orden judicial, en flagrancia o en traslado por protección;
c) centros de privación de la libertad a los que fueron trasladados;
d) duración de privación de la libertad;
e) número de personas que actualmente continúan detenidas con motivo de las protestas;
f) razones por las que se ordena prisión preventiva para quienes continúan detenidas;
g) número de personas El registro debe tener información sobre género, edad y pertenencia étnica.

En los casos de desaparición forzada, reconocer, activar e implementar el mecanismo de búsqueda urgente para dar inmediatamente con el paradero de las personas que aún continúan Además de que, los órganos competentes avancen en las investigaciones sobre estos hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Que las autoridades de Medicina Legal y del Ministerio Público sistematicen y consoliden la información a nivel nacional de los cuerpos ingresados desde el 28 de abril por muerte potencialmente ilícita de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, utilizándolo como herramienta de investigación. El registro debe ser específico, indicar fecha de ingreso, causa de muerte con autopsia realizada con el referido protocolo. Dicha información debe ser pública y
Que se adopten medidas inmediatas para que Medicina Legal haga pública la identidad o redoble esfuerzos para contactar a las familias de las personas víctimas de muertes violentas desde el 28 de abril de 2021 dado que el cuerpo de, al menos, una persona dada por desaparecida llevaba varios días en oficinas de Medicina Legal de un municipio distinto a su domicilio.
Que las autoridades de Medicina Legal pesquisen de oficio, sistematicen y consoliden la información a nivel nacional de las personas que puedan presuntamente haber sufrido tortura, tratos crueles inhumanos y/o degradantes desde el 28 de abril por el actuar de agentes del Estado mediante la utilización del Protocolo de Estambul. El registro debe ser específico, indicar fecha de pesquisa y calificación y categorización del trauma con el referido protocolo. Dicha información debe ser pública y
Que se priorice acciones de carácter humanitario y de atención inmediata e integral, enfocadas a las personas que han sido heridas en el marco de las movilizaciones.
Urge que el gobierno colombiano reinicie un espacio vinculante de diálogo a nivel nacional con participación del Comité Nacional de Paro, las juventudes involucradas en las protestas, organizaciones indígenas y personas afrodescendientes, mujeres y de la comunidad LGBTIQA+, y otros sectores afectados y/o involucrados en las movilizaciones. Este diálogo debe abordar no solamente las garantías al derecho a la protesta sino las causas estructurales del Paro Nacional, incluyendo la necesidad de garantizar oportunidades para estudiar, trabajar y vivir una vida digna para los y las jóvenes
Que se abstenga de obstaculizar los diálogos necesarios en los niveles locales y regionales.
Que se asegure el acceso a la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Crear una comisión para investigar la impunidad en que ha quedado la mayoría de las denuncias contra agentes del Estado cometidas contra las personas manifestantes.
Que el gobierno nacional reconozca las graves violaciones de Derechos Humanos que se han cometido en el marco del Paro Nacional.
Que el Gobierno Nacional cumpla con el deber de garantizar el acceso a la información respecto de la estructura y línea de mando que tomaron decisiones operativas y tácticas en los territorios, así como lo relativo a la distribución de equipos tácticos de tanquetas y gastos de municiones.
Que se adopten medidas efectivas para desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares, e impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil, especialmente a las personas que se manifiestan, que defienden los Derechos Humanos, la prensa y las misiones médicas. Es fundamental que se investiguen y juzguen a las personas que vestidas de civil han atacado a quienes ejercen su derecho a la protesta o han difundido discursos que promueven la violencia contra

Acciones Inmediatas a las Instancias Multilaterales Internacionales Solicitamos las siguientes acciones inmediatas a la comunidad internacional e instancias multilaterales:

Que las instancias internacionales de Derechos Humanos insten al gobierno colombiano a garantizar el derecho a la protesta tomando medidas de prevención, vigilancia y exigencia al respeto de los Derechos Humanos antes, durante y después de las
Que se haga observación forense internacional en casos de desaparición forzada, tortura y
Que la Asamblea General de la OEA y la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos hagan un llamado a la Fiscalía General de la Nación sobre la importancia de iniciar investigaciones de oficio, con la debida diligencia, conducida por fiscales especializados en materia de graves violaciones a los Derechos Humanos y que tengan una especial autonomía frente a los actores denunciados. Es indispensable que el Estado colombiano cumpla con su obligación de garantizar la independencia, competencia e imparcialidad institucional de la Fiscalía General de la Nación.
Que la comunidad internacional apoye aún más, a las organizaciones de la sociedad civil, a defensoras y defensores de Derechos Humanos, periodistas, brigadas de salud, iglesia e instancias no gubernamentales para que puedan seguir realizando su labor de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos y apoyo De igual forma que apoye a las instancias de sociedad civil para que puedan realizar acompañamientos psicosociales y atender la salud de las víctimas.
Que la comunidad internacional exhorte al gobierno colombiano a cumplir con las recomendaciones de la CIDH incluidas en el informe de la visita a Colombia en junio de
Que los países que brindan cooperación a la policía de Colombia suspendan una parte significativa de la cooperación hasta que haya avances en llevar a juicio en el sistema de justicia ordinaria a los miembros de la policía involucrados en graves violaciones de derechos humanos y hasta que haya avances en las reformas a la policía para asegurar la no-repetición.
Que los países que brindan cooperación militar a Colombia revisen sus políticas con el objetivo de establecer firmes garantías de que los recursos, herramientas y capacidades de inteligencia militar transferidas no sean utilizadas para la represión de la protesta en Colombia.
Que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos elabore un informe especial con recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el marco de las movilizaciones.

Al Estado Colombiano Solicitamos las siguientes acciones en el corto plazo al Estado colombiano:

Desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Esto debe incluir ciertos mínimos cambios estructurales sugeridos por organizaciones de sociedad civil colombianas, incluyendo: trasladar la policía del Ministerio de Defensa a un ministerio civil; asegurar que violaciones de derechos humanos de parte de la policía están llevados a la justicia ordinaria; creación de nuevos protocolos sobre el uso de la fuerza, y sistemas para monitorear su cumplimiento; asegurar un mecanismo de veeduría externa, no solamente sistemas de disciplina interna, de la policía, con la participación de la sociedad civil. Una amplia discusión de las reformas a la policía es esencial, incluyendo los sectores más afectados por los abusos de la policía, incluyendo organizaciones de jóvenes, indígenas, Afro-Colombianos, personas LGBTIQA+y mujeres.
Desmonte del
Garantizar mecanismos de justicia seguros, accesibles e imparciales que posibiliten las denuncias ciudadanas por violaciones a los Derechos Humanos.
La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo deben actuar de forma autónoma, de oficio y descentralizada cumpliendo sus funciones constitucionales.
Cumplir los protocolos internacionales firmados por el Estado colombiano que garantizan los derechos de los grupos La Misión deja este acápite tal cual fue presentado en el Informe Preliminar el 12 de julio en tanto son recomendaciones pertinentes para la Garantía a la Protesta.
Que se adopten medidas efectivas para reducir la situación de pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y evitar impactos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación.
Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de adoptar medidas de censura, que incluyen la censura previa por interrupciones y bloqueos de conexión a internet y la censura posterior con prácticas como la calificación de contenidos “falsos” o “verdaderos” por parte de la Policía.
Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de promover discursos de estigmatización contra la protesta social, que incitan al odio, al recurso a la violencia, a la discriminación y las manifestaciones de racismo.
Implementar las recomendaciones del Comité de Eliminación de todas las formas de discriminación de la ONU (CERD) en la evaluación periódica a Colombia realizada en 2019, con especial énfasis en las relacionadas con discriminación
Implementar las recomendaciones del Examen Periódico Universal emitidas en 2018, así como las consignadas en los informes de los mecanismos de la
Que atienda los clamores urgentes y apremiantes que le han estado haciendo al Estado colombiano las instancias religiosas, estados, parlamentos, organismos internacionales, tribunales independientes y misiones de observación para que cese la represión.
Que respete en forma irrestricta sus compromisos internacionales y disposiciones de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Colombia, particularmente en cuanto a la Convención Contra la Tortura (CAT), reconocida como crimen de lesa
Que implemente las recomendaciones para lograr la agenda transformadora propuesta en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo a la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los africanos y afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los Derechos Humanos por todos los servidores públicos.
Que implemente las recomendaciones 113 y 115 de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovićs, en su Informe A/HRC/47/26 del 19 de abril de 2021 sobre “La violación como una vulneración grave, sistemática y generalizada de los derechos humanos, un delito y una manifestación de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, y su prevención” que señala que ante una violación los Estados deben realizar enjuiciamiento de oficio; las normas sobre las pruebas para iniciar acciones penales deben cambiar significativamente a fin de reducir la impunidad de los autores y aumentar el índice de casos enjuiciados, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de la revictimización; y los Estados deben proporcionar servicios y apoyo adecuados a las víctimas de violación, como centros de atención urgente a víctimas de violación, órdenes de protección y medidas de ayuda provisionales, tanto en tiempos de paz como en situaciones de conflicto, incluidas medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con las normas e informes internacionales de derechos humanos.

A la Comunidad Internacional solicitamos las siguientes acciones en el corto plazo a la comunidad internacional:

A la Unión Europea, se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de A los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, se le exige la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento a la ESMAD.
A los Estados y organismos financieros internacionales:
Abstenerse de autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática, cumplimiento de las leyes en tanto mantengan su desacato a las recomendaciones internacionales y siga cometiendo las serias vulneraciones a las libertades fundamentales.
Abstenerse de contribuir a la financiación de sectores y empresas que en Colombia amenazan los derechos fundamentales, incluidas aquellas que estigmatizan y promueven la represión violenta de la

Promover la activación de las cláusulas suspensivas en caso de violación de los derechos de los diferentes tratados de libre comercio e inversiones, suscritos por Colombia.
Incrementar la cooperación internacional destinada a organizaciones de la sociedad civil para programas dirigidos a jóvenes marginados, incluyendo zonas afectadas por el Paro Nacional y las acciones represivas de la fuerza pública. Este debe incluir acceso a la educación, servicios de salud, y la creación de oportunidades de trabajo, además de formación en Derechos Humanos, la construcción de la paz, los deportes y el arte.

A las Empresas solicitamos las siguientes acciones en el corto plazo al sector empresarial:

Abstenerse de participar, permitir o promover la represión violenta de la protesta y las graves violaciones a los Derechos
Abstenerse de financiar o apoyar por cualquier medio a fuerzas del Estado o grupos paramilitares o parapoliciales relacionados con graves violaciones de Derechos Humanos, incluido el despojo de tierras.
Detener los despidos de trabajadores por su participación en la protesta y reintegrar a quienes fueron despedidos.
Garantizar y promover investigaciones independientes sobre las denuncias 64. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović contra empresas relacionadas con graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de las protestas. Remediar a las víctimas de dichas
Las empresas de redes sociales deben respetar la libertad de expresión y adoptar medidas para evitar la censura sobre contenidos relacionados con las protestas y las graves violaciones a los Derechos Humanos.
Que las empresas que producen, transforman, comercian o invierten en Colombia implementen la debida diligencia con miras a garantizar los Derechos Humanos.

Elena Rusca, Ginebra, 8.10.2021

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