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Desde el Golpe de Estado de Añez a la denuncia ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas: ¿qué pasa hoy en Bolivia?

Durante el Comité contra la Tortura (CAT) de final de noviembre del año pasado, fueron examinados los documentos relacionados con los actos de violencia cometidos en el contexto del Golpe de Estado de Jeanine Añez durante las elecciones presidenciales de 2019.

 

Durante el examen del informe presentado por Bolivia en el marco de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los miembros del Comité contra la Tortura llamaron especialmente la atención sobre los actos de violencia cometidos en el país en el marco del Golpe de Estado que siguió a las impugnadas elecciones presidenciales de 2019, ganadas por la fuerza por Jeanine Añez.

“En el período más convulso, llama la atención el comportamiento errático y partidista de la policía que, en muchas ocasiones, ha permitido la acción violenta de grupos opuestos al gobierno de Evo Morales”, declaró Claude Heller, componente del Comité de Revisión de Bolivia – y también Presidente del Comité de la CAT. “El análisis de los hechos revela que la institución policial había sido manipulada durante los conflictos políticos. Además, en el contexto de polarización y confrontación política desde 2019, funcionarios del gobierno han sido acusados ​​de “sedición” y “terrorismo” presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales. Estos tipos penales, tal como los define el artículo 135 del Código Penal, son vagos y abstractos y no respetan el principio de legalidad, antes de señalar que la instrumentalización política de la justicia había debilitado su independencia”.

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Heller recordó que el 15 de noviembre de 2019, Jeanine Añez, al frente del gobierno boliviano en esa época, emitió un decreto autorizando a los militares a usar la fuerza contra los manifestantes en el contexto de mantener el orden público, pero exonerando a los militares de cualquier responsabilidad penal. Durante este período se registraron violaciones al derecho a la vida y a la seguridad de la persona, incluidas unas 36 muertes en protestas (incluyendo al menos 21 simpatizantes del partido de gobierno, el MAS), la mayoría por fuerzas del orden, principalmente en Sacaba y Senkata.

Según cierta información, las prácticas de tortura y malos tratos fueron frecuentemente utilizadas por la policía y la administración penitenciaria como métodos de investigación o sanción disciplinaria en ese mismo periodo.

“El período de ruptura del orden constitucional, entre 2019 y 2020, estuvo marcado por violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La comunidad internacional y varios informes independientes entendieron rápidamente que no había habido fraude electoral, sino un golpe de Estado en Bolivia, con la complicidad de las fuerzas armadas y la policía boliviana”, explicó César Adalid Siles Bazán, Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia, al presentar el informe de su país. “Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la crisis política y social de 2019 y 2020 resultaron en la muerte de decenas de personas así como cientos de heridos y otros casos de detención, tortura y persecución política, prosiguió el Viceministro. El Estado boliviano se encontró entonces frente a una situación de impunidad. Restituido el estado de derecho tras elecciones transparentes, se abrieron investigaciones penales contra quienes, abusando del ejercicio del poder, fueron responsables de actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes”.

Una vez restaurada la democracia, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se propuso adecuar el tipo penal de tortura, por un lado considerando la inclusión de todas las conductas sancionadas por los estándares internacionales y, por otro lado, asegurando que las sanciones reflejen la gravedad de los hechos.

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Durante ese examen un grupo de la parte civil boliviana vino a denunciar los hechos ocurridos por el Golpe de Estado. Conversamos con Nadeshda, miembro de ese grupo.

 

Por Elena Rusca, en Ginebra

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Corresponsal

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