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Corte Suprema emite histórico fallo y condena a 11 ex uniformados por el homicidio de 38 campesinos de Caso Paine

Después de 48 años de ocurrido el crimen, la Corte Suprema emitió fallo definitivo en uno de los casos más emblemáticos perpetrados por la Dictadura militar, en donde se condenó a ex uniformados por el homicidio calificado de 36 trabajadores agrícolas y 2 empresarios que fueron ejecutados. Los hechos ocurrieron en la localidad de Paine, en el sector de la cuesta Chada y la quebrada los Quillayes, entre el 3 y 16 de octubre de 1973.

El fallo histórico condenó a Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, capitán y subteniente del ejército, a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las víctimas.  En este caso, el máximo tribunal aumentó sus penas en relación al fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el cual Romero venía condenado a 15 años y Fernández a 10.

Del mismo modo, la Corte elevó las penas de 5 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo para el cabo José Vásquez Silva y a los conscriptos Carlos Lazo Santibañez, Juan Opazo Vera, Roberto pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza, Victor Sandoval Muñoz y Carlos Durán Rodríguez, también como autores de homicidio calificado.

En el caso del conscripto Raúl Francisco Areyte Valdenegro, la Corte aumentó su condena de 5 a 6 años de presidio mayor en grado mínimo como autor de 14 homicidios calificados.

En tanto, Osvaldo Magaña Bau, Juan Guillermo Quintanilla y Carlos Kylling Schmidt, quienes habían sido condenados durante el proceso, fueron sobreseídos por encontrarse fallecidos, al igual que Víctor Pinto Pérez.

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El abogado querellante Nelson Caucoto, representante de las familias de las 37 víctimas, se mostró satisfecho con el veredicto entregado por la Corte y celebró el fallo señalando que “Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general. Uno de los crímenes imperdonables de la dictadura cívico-militar ha sido resuelto por la justicia chilena de manera civilizada.  A pesar del largo tiempo transcurrido, la Justicia es posible”.

Caucoto, finalizó diciendo que “mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutadas por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas”.

Cabe mencionar que en los alegatos actuaron también como querellantes el Programa De DD.HH del Ministerio del Interior, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)  y el abogado Luciano Fouillioux, como apoderado del padre la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberng.

Cuesta Chada

De acuerdo con la investigación encabezada por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, se pudo establecer que en la tarde del día 24 de septiembre de 1973, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo se presentaron en el asentamiento ‘El Escorial’ de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, a un grupo de trabajadores agrícolas

Tras su detención estos fueron trasladados al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar en que se les mantuvo ilegalmente encerrados.

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El día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, soldados comandados por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron del campo de prisioneros del Cerro Chena con los detenidos en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, se dirigieron nuevamente al asentamiento ́El Escorial deteniendo así a otro grupo de civiles.

Posterior a esto, en el mismo camión trasladaron a todos los detenidos hasta una quebrada en la Cuesta de Chada y los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban, encontrando tiempo después sus cadáveres abandonados en el sitio.

Las osamentas de los cuerpos fueron encontradas por los propios familiares tiempo después y levantadas desordenadamente por Carabineros, para ser posteriormente llevadas al Servicio Médico Legal, lugar donde permanecieron durante 20 años arrumbados en una bodega sin ser periciados para su identificación, lo que se pudo hacer recién en la época de los 90.

Quebrada los Quillayes

El  8 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento ́Campo Lindo de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Ramón Alfredo Capetillo Mora, quien, acto seguido, fue encerrado en la referida unidad policial para ser trasladado, días después, al campo de prisioneros del Cerro Chena.

El 10 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento  ́24 de Abrilμ de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Mario Enrique Muñoz Peñaloza, quien, también fue encerrado en la referida unidad policial y trasladado al mismo campo de prisioneros del Cerro Chena.

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En tanto, en la madrugada del 16 de octubre de 1973, soldados de la misma Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, con el objeto de detener a veintidós personas en la localidad de Paine.

Es así como, en sus respectivos domicilios, ubicados en la zona urbana de la comuna de Paine, detuvieron, sin derecho, a René del Rosario Maureira Gajardo ya Andrés Pereira Salsberg. Días después de estos secuestros, veintidós personas más fueron detenidas en distintas localidades de Paine por carabineros.

Posteriormente, los detenidos antes mencionados fueron trasladados hasta la quebrada Los Arrayanes, sector Los Quillayes, en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en que fueron fusilados por los soldados y el civil que los acompañaba, quienes, acto seguido, enterraron sus cuerpos en el mismo sitio, siendo encontrados años después sólo fragmentos óseos y dentales de once de las veinticuatro víctimas, debido a que sus cuerpos fueron removidos y trasladados hasta un sitio desconocido hasta la fecha,  en el marco de la Operación retiro de televisores, en 1978.

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