Fiscalía busca anular absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica: acusadores denuncian graves omisiones en el fallo
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A seis meses de la absolución del exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019, el caso vuelve a abrir un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la representación de la víctima, presentaron recursos de nulidad para intentar revertir la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago.
La ofensiva judicial apunta a dejar sin efecto el juicio que absolvió a Crespo y forzar la realización de un nuevo proceso oral, en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.
Un caso emblemático del estallido social
El 8 de noviembre de 2019, Gustavo Gatica, entonces estudiante de Psicología y hoy diputado electo, recibió el impacto de perdigones disparados por una escopeta antidisturbios de Carabineros durante manifestaciones en Plaza Baquedano. Las lesiones le provocaron la pérdida total de la visión en ambos ojos, convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de trauma ocular registrados durante la revuelta social. Más de 460 personas sufrieron lesiones oculares en ese período, según organismos de derechos humanos.
Tras una extensa investigación encabezada por la fiscal Ximena Chong, el Ministerio Público acusó a Crespo como autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Sin embargo, en enero de 2026, el Cuarto TOP resolvió absolver al exoficial de Carabineros.
La sentencia definitiva, dada a conocer en mayo, confirmó la absolución y descartó además condenar a la Fiscalía al pago de costas procesales.
El argumento del tribunal: legítima defensa y cumplimiento del deber
El fallo fue controvertido porque, si bien reconoció que los perdigones que cegaron a Gatica provenían del arma utilizada por Crespo, concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar el delito imputado. Además, sostuvo que el actuar del excarabinero estaba amparado por el ejercicio legítimo de la función policial y por una situación de legítima defensa frente a agresiones en el contexto de disturbios.
La resolución también aplicó criterios asociados a la Ley Naín-Retamal, normativa aprobada en 2023 que amplió las presunciones favorables para funcionarios policiales en el uso de la fuerza. Diversos analistas han señalado que esta interpretación pudo influir en la absolución.
No obstante, el fallo generó fuertes críticas por una aparente contradicción: por una parte se sostuvo que no existía prueba suficiente para condenar, mientras que por otra se afirmó que el actuar del acusado estaba justificado jurídicamente. Esta dualidad ha sido objeto de debate entre juristas y especialistas.
La ofensiva de Fiscalía: 22 pruebas habrían sido ignoradas
Los querellantes sostienen ahora que la sentencia presenta vicios graves que justifican su anulación.
Según el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía, el tribunal habría omitido valorar 22 medios de prueba incorporados durante el juicio. Algunas de esas evidencias, afirman los acusadores, ni siquiera fueron mencionadas en la sentencia, incumpliendo la obligación legal de valorar integralmente la prueba rendida.
El escrito sostiene que el fallo «no cumple con la exigencia de contener una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se dieron por probados y no probados», vulnerando las normas procesales que regulan la fundamentación de las sentencias.
Una línea similar fue seguida por el INDH, el CDE y el abogado Carlos Gajardo, representante de Gustavo Gatica. Los querellantes argumentan que el tribunal construyó la tesis de la legítima defensa sin explicar adecuadamente los elementos que la justificarían.
En particular, cuestionan que el fallo no explicite por qué existiría una agresión ilegítima actual o inminente que justificara el uso de la fuerza, ni cómo se evaluó la proporcionalidad de la respuesta policial.
La Corte Suprema tendrá la última palabra
El recurso de nulidad no implica una revisión de los hechos ni una nueva valoración de la prueba. Se trata de un mecanismo extraordinario destinado a corregir errores jurídicos o procesales que hayan afectado la validez del juicio. Si es acogido, la consecuencia más probable sería la realización de un nuevo juicio oral ante una sala distinta.
La resolución quedará ahora en manos de los tribunales superiores, que deberán determinar si efectivamente existieron vicios capaces de invalidar el proceso.
Mientras tanto, el caso Gatica continúa simbolizando uno de los mayores debates abiertos tras el estallido social: el alcance de la responsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanos, el uso de la fuerza policial y la capacidad del sistema judicial para responder a hechos que marcaron profundamente la historia reciente de Chile.
Para las víctimas y organismos de derechos humanos, el recurso representa una nueva oportunidad para esclarecer responsabilidades. Para la defensa de Crespo, en cambio, la absolución confirmó que el exoficial actuó dentro del marco legal vigente. La decisión que adopten los tribunales superiores no solo tendrá consecuencias para las partes involucradas, sino también para la memoria judicial del estallido social chileno.
