Enfoque de género y no discriminación serán criterios para la adjudicación de fondos públicos a instituciones de educación superior
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A través de un conversatorio transmitido por Zoom y en el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, se dio inicio a la campaña de sensibilización sobre el tema.
En la instancia, organizada por las 18 universidades integrantes del Consorcio de Universidades Estatales, la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, explicó que al asumir esta administración no se había presentado ninguna instancia de apoyo o incentivo para la implementación de la Ley 21.369, pero que se identificó una oportunidad en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES).
“Para el año 2022 modificamos las bases de los fondos que se transfieren a las instituciones de educación superior poniendo dentro de los requisitos aspectos como la no discriminación, la interseccionalidad y el enfoque de género, como criterios para poder adjudicarse parte de estos fondos públicos” Explicaba la subsecretaria.
Junto a lo anterior, la autoridad agregó que uno de los avances en esta materia, fue la aplicación en el año 2021 y 2022 de una encuesta de género a las instituciones de educación superior, que fue respondida por 97 de ellas. “Entre los principales resultados encontramos que las universidades cuentan en mayor medida con organismos centralizados que se dedican a las temáticas de igualdad de género, sobre todo las universidades estatales. Sin embargo, hay una brecha importante cuando hablamos de los centros de formación técnica estatal y los centros de formación técnica e institutos profesionales en general”.
Por su parte, la rectora de la UTEM, Marisol Durán enfatizó que “Tenemos que ser agentes de cambio desde las universidades, desde el gobierno y las organizaciones estudiantiles; nosotros tenemos cuerpos normativos y por ejemplo el Reglamento de Carrera Académica lo estamos modificando, estableciendo perspectivas de género. Las universidades nos estamos sumando a esa discusión en las comunidades educativas, con los y las académicas e implementando medidas remediales y compensatorias para que las académicas puedan avanzar sin tantos obstáculos durante su carrera”.
Uso de la Ley
La Ley Nº 21.369, publicada en septiembre de 2021, señala que todas las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este tipo de problemáticas, considerando además la protección y reparación a las víctimas. Se contempla que estas políticas incluyan tanto un modelo de prevención como un modelo de investigación y sanción, construidos de manera participativa.
Al respecto, la representante de la CONFECH, Camila Ortega, explicó que en marzo pasado levantaron la Coordinadora Feminista COFEM, que se preocupó de reunir todos los protocolos de acoso que existían en las universidades y hacer un catastro.
“Dentro de la misma COFEM, se levanta la Comisión de Legalidad, que recopila los protocolos para analizar lo que está funcionando y lo que no y se crea la Comisión de Redes Sociales para socializar los protocolos y la Ley 21.369 entre la comunidad estudiantil y académica” agregó.
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