Comité del Plan Nacional de Búsqueda defiende avances del programa y exige al Gobierno aclarar denuncias de «irregularidades»
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La instancia de seguimiento valoró la identificación de Bernarda Vera Contardo como un avance del Plan Nacional de Búsqueda, cuestionó que el Ministerio de Justicia se atribuya públicamente resultados obtenidos en sede judicial y pidió al Ejecutivo transparentar las supuestas irregularidades denunciadas en la ejecución de la política pública.
El Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda emitió una declaración pública en la que defendió los avances alcanzados por esta política de Estado y manifestó su preocupación por las críticas formuladas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras la identificación de los restos de Bernarda Vera Contardo.
En el documento, el Comité recordó que el objetivo central del Plan Nacional de Búsqueda es establecer el destino de las más de mil personas detenidas desaparecidas y ejecutadas cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus familias durante la dictadura civil-militar. En ese marco, destacó que las investigaciones desarrolladas bajo la Meta 1 del Plan —orientada a reconstruir las trayectorias de las víctimas y las circunstancias de su desaparición o muerte— han permitido importantes avances, entre ellos la calificación como detenido desaparecido del joven ariqueño Luis Pino Soto y la obtención de antecedentes relevantes sobre Bernarda Vera Contardo.
Según el Comité, esos antecedentes fueron puestos posteriormente a disposición del ministro en visita Álvaro Mesa, quien llevó adelante las diligencias judiciales correspondientes, incluido el peritaje genético que permitió confirmar de manera definitiva la identidad de Bernarda Vera Contardo. Asimismo, valoró que el magistrado informara personalmente el resultado a los familiares de la víctima, quienes durante décadas desconocieron su paradero.
Cuestionamientos al Ministerio de Justicia
La declaración también contiene críticas dirigidas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Comité sostuvo que, en lugar de atribuirse públicamente un resultado que corresponde a una investigación desarrollada en sede judicial, la cartera debe cumplir con su obligación legal una vez que exista una resolución judicial firme.
En ese sentido, señaló que corresponde al Ministerio informar al Servicio de Registro Civil e Identificación para actualizar el Registro de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, excluyendo a Bernarda Vera Contardo e incorporando las modificaciones necesarias respecto de otras víctimas cuya desaparición forzada ha sido establecida judicialmente, pero que no figuran en los registros elaborados por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación u otras instancias calificadoras.
Exigen aclarar denuncias de «irregularidades»
Otro de los puntos centrales del comunicado es la solicitud dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos y al subsecretario de Derechos Humanos para que informen «con carácter urgente» cuáles son los antecedentes que sustentan las supuestas irregularidades en la ejecución del Plan Nacional de Búsqueda a las que han hecho referencia públicamente a propósito de este caso.
El Comité sostiene que hasta ahora esas afirmaciones no han sido debidamente fundamentadas y advierte que utilizar este episodio para cuestionar el trabajo desarrollado por el Plan Nacional de Búsqueda pone en riesgo una política pública destinada a esclarecer el destino de las víctimas de desaparición forzada.
Defensa del Plan como política de Estado
En la parte final de la declaración, el Comité rechaza «categóricamente» cualquier intento de utilizar estos hechos para poner en duda la legitimidad, la importancia y los avances del Plan Nacional de Búsqueda o para erosionar la verdad histórica establecida por las comisiones oficiales sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Asimismo, reafirma que el Plan constituye una política de Estado cuyo propósito trasciende a los gobiernos de turno y representa un compromiso ético con las familias de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. Según el Comité, la reconstrucción de las trayectorias de las víctimas, el esclarecimiento de su destino final y la restitución de su dignidad son objetivos que involucran a toda la sociedad.
La declaración fue suscrita por los integrantes del Comité de Seguimiento y Participación del Plan Nacional de Búsqueda, entre ellos representantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, organizaciones de derechos humanos, académicos, la Iglesia Católica y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
