La clase trabajadora continúa olvidada

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Tal como ha ocurrido en los últimos 49 años, la clase trabajadora no está en el gobierno, no asoma ni aparece en La Moneda,  carece de participación y sus necesidades no cuentan para nada: la autoridad política se limita a observar que hay miles y miles de cesantes,  innumerables despedidos y una legión de jóvenes  que sin suerte buscan trabajo por primera o enésima vez, pero no destina los recursos públicos necesarios para generar nuevos empleos o recuperar al menos aquellos que se han perdido.

              Los trabajadores y sus familias viven en la desprotección y la incerteza, con salarios que no alcanzan para cubrir sus gastos y modestos presupuestos hogareños que no les permiten llegar a fin de mes, en el mejor de los casos, todo ello cuando hay que enfrentar una despiadada carestía que ataca a diario los bolsillos populares con fiereza.

              Voces oficialistas destacan que el porcentaje en que se incrementará el salario mínimo – 400 mil pesos desde agosto –  es el más elevado en 20 años, pero se abstienen de decir que la implacable inflación de estos días, principalmente en los precios de los productos de primera necesidad, alimentos y servicios básicos, son también los más altos que debe soportar la población desde fines del siglo pasado.

              El gobierno ingresó al Congreso Nacional un proyecto de reforma tributaria considerado clave para el cumplimiento de su anunciado programa de transformaciones. Una novedad es que se revela el destino  de la recaudación, pero allí no se encuentra la entrega de recursos para la creación de nuevos puestos laborales como lo demandan los muchos necesitados de una  ocupación con sus ingresos pertinentes.

              Como parte de la iniciativa hay cambios  en el impuesto a la renta personal un impuesto a la riqueza (dejó de hablarse de los superricos) restricción a las exenciones tributarias y modificaciones a un anterior proyecto de royalty minero que duerme en el Senado. A la vez, se incluyen medidas para combatir la elusión y la evasión fiscal.

              La recaudación se destinará especialmente a las reformas comprometidas por la actual administración, cuales son los sistemas de pensiones y de salud. Con ello, se ha explicado, se estará fortaleciendo lo que se denomina “sistema nacional de cuidados”, que se aplica por primera vez.

              También con la reforma tributaria se busca avanzar en otros derechos sociales. Entre estos se cuentan políticas de educación, políticas productivas y de investigación, y mayores recursos para las regiones como condición necesaria para lograr una descentralización central efectiva.

              Todo ello fue anunciado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de convocar a un cónclave de todos los titulares de esa cartera en los distintos gobiernos de la postdictadura. En ese cónclave no hubo una sola palabra sobre las necesidades de los trabajadores, en cuanto a más empleo y mejores remuneraciones. Sin embargo a las dos derechas se les permitió influir de manera determinante en el proyecto que ahora se tramita en el Parlamento.

              El  menosprecio de Marcel por la clase trabajadora esta asimismo en el minúsculo bono de invierno, de 120 mil pesos por una sola vez, dispuesto por el gobierno para paliar los efectos de la monstruosa inflación. Encuestas realizadas señalan que al menos el 82% de la población considera que ese monto es insuficiente y que a la gente se le va a ir como agua entre los dedos.

              Lamentablemente los trabajadores chilenos no cuentan con una organización eficiente que los respalde y que les permita exigir de acuerdo a lo que los urge. Cada primero de mayo la CUT da comienzo y pone término a la vez de sus actividades del año, y el resto del tiempo se sumerge y pasa inadvertida.

              A estas alturas más que un “plan nacional de seguridad” sería conveniente la implementación de un “plan de protección de los derechos de los trabajadores”, para sacarlos del olvido y la marginación. En Chile predomina hoy el trabajo informal y por cuenta propia, en la medida de lo posible, sin beneficio sociales y con dudosos resultados.

              Oportunidades para todos en materia laboral, con formalidad y estabilidad, y salarios dignos, es la mejor respuesta para afrontar la pobreza, la frustración y el descontento masivo que ocasiona la enorme carestía de todo, y para contribuir a poner término de una vez a la fiesta de la delincuencia que ha llegado a su apogeo.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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