Ofensiva por los DD.HH. y contra la impunidad

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Los derechos humanos,  su defensa y protección, se encuentran en condiciones de pasar a la ofensiva contra la impunidad  y ser elevados  al sitial preferencial que les corresponde  antes de seguir siendo pisoteados  por el sistema opresor todavía presente en el país.

              Así se advierte  con motivo de la demanda contra el Estado por más de 2 mil millones de pesos presentada por Fabiola Campillai, víctima de un cobarde ataque armado que pudo costarle la vida, y la salida de Sergio Micco como director del INDH, cargo en el cual había sido nombrado erróneamente.

              El reemplazo de Micco era previsible porque no tenía vocación ni convicciones para cumplir esa función. Lo demostró en el estallido social, cuando asumió una tibia actitud conciliadora ante la violenta represión de las instituciones armadas que dejaron una treintena de personas fallecidas y miles de manifestantes heridos, mutilados o vejados. Nunca se querelló por el uso indebido  y desproporcionado de las bombas lacrimógenas y carabinas antidisturbios por parte de los escuadrones policiacos represivos.

              Durante su gestión la sede central del Instituto en Santiago permaneció tomada por meses por grupos de estudiantes secundarios en protesta por su indolencia. De tendencia conservadora no manifestó interés por el pueblo agraviado y tras dejar su puesto reconoció su verdadera identidad: es partidario del “Rechazo” en el próximo plebiscito constitucional.

              La salida de Micco permite la llegada  a la dirección del INDH de la asistente social Consuelo Contreras, plenamente comprometida con el fomento y el respeto de los derechos humanos, lo que sin duda hará posible la recuperación del prestigio de esa institución ausente en los últimos años en la lucha y defensa de los derechos vitales de las mayorías. Allí hacía falta un cambio de timón como el que se ha producido,  abriendo auspiciosas expectativas contra las injusticias y el menosprecio hacia los pobres que se manifiestan haciendo notar sus necesidades.

              La demanda contra el Estado de la actual senadora independiente Fabiola Campillai se suma a esas expectativas. Es la respuesta del mundo popular cansado de tanto odio y violencia que recibe de las clases dominantes a través de las instituciones uniformadas a su servicio, como ha ocurrido tradicionalmente en Chile.

              Ella está ciega por el resto de sus días y carece de los sentidos del gusto y el olfato desde la brutal agresión de carabineros hace más de 2 años y medio.  Por sus condiciones hasta hoy recibe impresentables burlas del pinochetismo,  aun del ámbito farandulero. Alejada de la casta política cumple un decoroso papel en el Senado de la República a donde llegó  representando a la Región Metropolitana apoyada por los movimientos sociales que le dieron la primera mayoría nacional, casi 400 mil votos.

              El suyo es un ejemplo de esfuerzo, tesón y adaptabilidad. Se trata de un admirable caso de superación ante las circunstancias adversas en que ha sido colocada por una sociedad clasista que acomete contra quienes no se someten al modelo de desigualdades estructurado en favor del poder del dinero.

              Fabiola no se ha quedado de brazos cruzados: insiste en encarcelar al oficial que le disparó una bomba lacrimógena al rostro, el capitán Patricio Maturana, y está exigiendo del Estado por grave daño moral una indemnización por 2.200 millones de pesos. Está respaldada por los convenios internacionales firmados por Chile,  en caso de una agresión de este tipo perpetrada por agentes estatales.

              Con ello ha abierto una senda de dignidad para que también transiten por ella las familias de las víctimas fatales del estallido, como asimismo el estudiante universitario Gustavo Gatica, cegado igualmente en similares circunstancias, y las otras 420 personas que sufrieron la pérdida de uno de sus ojos. Carabineros guarda silencio,  no admite los abusos cometidos, no sabe de reparaciones y suele victimizarse con facilidad.

              En Chile muchos forajidos que han asesinado o han hecho desaparecer a compatriotas permanecen en libertad y continúan circulando entre la gente decente,  sin mostrar arrepentimiento o como si nada hubiera ocurrido, y sin que nadie se haga cargo de los graves daños ocasionados. Sería inaceptable que esa historia se repitiera hoy.

              A la espera de una resolución judicial Fabiola mira al país de estos días con los ojos de la democracia y la igualdad, de la verdad y la justicia, valores que en algún momento – más temprano que tarde – llegarán y se identificarán con la sociedad chilena.

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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