Latinoamérica

El enfrentamiento entre Pedro Castillo y la Fiscal, Patricia Benavides, pone en peligro la democracia peruana

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Georges Danton se hizo famoso por haberse enriquecido a causa de la Revolución Francesa: con cierta dosis de cinismo, Danton sostenía que “había llegado la hora del enriquecimiento de los abogados, pertenecientes al Tercer Estado”. En la actualidad, con el Presidente de Perú, Pedro Castillo, ocurre otro tanto: llegó la hora de la familia y de los coterráneos chotanos para sacar beneficios a costa de los dineros del Estado.

El Presidente Castillo, aparte de ser inepto en el manejo del gobierno, ha sabido, durante su primer año de mandato, involucrar a los suyos y amigos especialmente de la región Catamarca, a fin de hacerlos partícipes de proyectos relacionados con el cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

La forma de delinquir del Presidente-profesor no es igual a la que emplea la plutocracia limeña, propia de los antecesores Presidentes de la República, pues Castillo no roba en grande, tampoco conoce las formas de enriquecimiento del mundo financiero: Pedro Castillo va directamente al objetivo de favorecer a su familia, a sus coterráneos y amigos. El monto de lo presuntamente robado es mucho menor que el de la familia Fujimori, el de Alán García, (optó por el suicidio), el de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, todos los mencionados, corruptos y ladrones.

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La plutocracia virreinal puede soportar e, incluso, aplaudir que algunos de ellos se enriquezcan a costa del Estado, pero como son racistas y clasistas, no pueden aceptar que un Presidente, profesor y campesino, ocupe las salas y oficinas del Palacio Pizarro. Castillo, (así haya ganado en la segunda vuelta por la magra cifra de 40.000 votos frente a Keiko Fujimori, hija del dictador), según la oligarquía, “no podría haber triunfado honestamente”: durante meses, la plutocracia limeña se negó a aceptar como limpio el triunfo de Castillo.

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La Fiscal general, Patricia Benavides, ha decidido investigar al Presidente, y a su familia y amigos, bajo el cargo de encabezar una asociación criminal, (compuesta por su señora, Lilian Paredes Navarro, su cuñada-hija, Yenifer Paredes, ´en prisión preventiva por 30 meses´, y a los hermanos de su mujer, Walter y David Paredes, además de los sobrinos Fray Vásquez, ´prófugo hasta ahora´, y Gian Marco Castillo), asociación criminal que es  completada por el ex prófugo, hoy colaborador eficaz, Bruno Pacheco, antiguo amigo personal del Presidente Castillo; otro de sus coterráneos amigos, Juan Silva, ex ministro de Transportes, se encuentra aún prófugo de la justicia, y también hay que agregar al ministro de la Vivienda, Gener Alvarado, todos ellos implicados por delitos de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos.

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En estos días el Juez y la Fiscalía ordenaron a la policía allanar y desarrajar las casas y oficinas de lo que se llamó “Gabinete en la sombra”, entre ellos al dueño de la casa de Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, (donde el Presidente Castillo despachaba los asuntos de gobierno), quien se agrega a la lista de los prófugos.

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El poder judicial no ha tenido ningún escrúpulo ni consideración al ordenar el allanamiento al Palacio Pizarro, (se sospecha que el Presidente pudo haber ocultado a su cuñada-hija cuando hace unos meses era buscada por la justicia, que podría configurar el delito de obstrucción a la investigación), y hoy ordenó el allanamiento de las casas de los “llamados niños”, congresistas del Partido Acción Popular, fundado por el ex Presidente Belaúnde Terry, (hasta ahora se cree que pueden ser más de 20, superando los primeros seis). El Presidente Castillo, muy hábilmente, ha comprado el voto de estos parlamentarios para evitar la aprobación de dos peticiones seguidas de vacancia al cargo.

En este “culebrón” televisivo, cada día aparece un nuevo video acusador: ahora correspondió el turno al Subsecretario de la Presidencia, Beder Camacho, que aparece en las puertas de las Embajadas de México y de Venezuela con el fin de solicitar asilo en favor de los ministros prófugos.

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Entre los acusados, que se han ido sumando, se cuentan los hermanos Espino,  amigos del Presidente Castillo, (dueños de una empresa que prestaba servicio en la Comisaría de Enfi, cuyo alcalde Medina está preso, bajo la acusación de aceptar contratos fraudulentos.

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La Fiscal Nacional, Patricia Benavides, a su vez, está siendo acusada de prevaricación por los seguidores del Presidente Castillo, por haber despedido a la Fiscal, encargada del caso su hermana Ema Benavides, acusada de proteger a un  famoso narcotraficante, así como a jueces delincuentes, (llamados “cuellos duros del Puerto”, entre ellos, César Hinostroza, (hoy solicitado de extradición desde España).

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La Fiscal Benavides envió un documento al Congreso, de más de 300 páginas, acusando al Presidente Castillo de ser el jefe de una asociación criminal. La Constitución peruana, de 1993, aprobada durante la dictadura del dictador Alberto Fujimori, blinda a los Presidentes de la República de cualquier acusación que no esté contenida en el Artículo 117, que sólo permite la acusación al Presidente en ejercicio: 1) por  traición a la patria; 2) impedir las elecciones; 3) cerrar el Congreso. Como ninguno de los delitos por los cuales ha sido acusado el Presidente están contenidos en dicho Artículo, la oposición se ha visto forzada a recurrir a un Tratado de Naciones Unidos, también firmado por Perú, entre otros países, se amplían las causales sobre corrupción, aplicadas al Presidente de la República. Según, los juristas de la derecha, este Tratado tendría calidad de constitucional, en consecuencia, se podrían ampliar las causales contenidas en el Art.117.

Hasta ahora, la oposición de derecha no tiene los 94 votos requeridos para vacar a Castillo, y deberá intentar la forma de la acusación constitucional, que sólo exige 66 votos por parte de los congresistas.

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Por su parte, la ciudadanía está dividida entre partidarios y contrarios a Castillo y, a su vez, la Vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, está acusada por el Congreso, lo cual significaría que el presidente del Congreso debería asumir la jefatura del país en caso de ser destituido el Presidente, cuyo cargo recaería en el congresista William Zapata.

Perú está muy cerca de terminar con su democracia, entregando el poder a un aventurero, sin formación política ni experiencia para el cargo. Mucha razón tiene Hannah Arendt al colocar a la chusma y a los sujetos que no distinguen el bien del mal como personaje fundamental del totalitarismo. ¡Cuidado! El fin de la democracia es el comienzo del totalitarismo.

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

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18/10/2022

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Historiador y cronista

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