La incertidumbre abre el segundo año

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Aunque se apareció marzo que llega siempre con gastos adicionales como que los útiles y uniformes escolares subieron descaradamente,  el IPC oficial fue de -0,1% pero los precios de los alimentos siguen por las nubes, el índice real de remuneraciones cumplió 16 meses a la baja debido a la inflación, los multifondos de pensiones se desploman y se “olvidó” lo prometido sobre el CAE, la autoridad a cargo de la billetera fiscal no ve ni escucha los persistentes clamores ciudadanos por un apoyo económico gubernamental suficiente para que la gente sin recursos pueda al menos optar a una vida digna.

La dignidad es uno de los valores fundamentales de una sociedad de bienestar  en que hay oportunidades para todos, desarrollo profesional o un empleo formal con salarios justos, poder adquisitivo y capacidad de ahorro. Ello no ocurre en Chile, donde un estudio universitario indica que de 10 personas hay 7 endeudadas principalmente con la banca y el mercado que persiguen, acosan y aplican severas sanciones a los que incurren en morosidades.

Como lo expresaran de una u otra manera los actos masivos del Día Internacional de la Mujer y las enérgicas protestas del Mochilazo estudiantil, es inexplicable la precariedad en que deben vivir millones de compatriotas en este país rico de gente pobre. Aquí hay sectores privilegiados por la acumulación de dinero que se ufanan de la concentración económica que protagonizan – aun apropiándose de los valiosos recursos naturales del Estado -.

En la conmemoración de su primer aniversario el gobierno del presidente Gabriel Boric malogró la ocasión para una aproximación concreta al mundo  popular que le dio el triunfo  en diciembre de 2021. Se limitó a un ajuste de gabinete que significó la salida de cinco ministros y 15 subsecretarios para complacencia de la derecha oligárquica que mantiene en su contra una dura y permanente ofensiva.

También Boric cedió a las presiones de los partidos de la ex Concertación, que sin haber ganado a nadie están en La Moneda. Estos partidos y la coalición que formaban, cuya extinción por causas naturales se produjo tiempo atrás, reclamaban para sí mayor presencia y cargos públicos. El mandatario prefirió no considerar al movimiento Apruebo Dignidad que lo acompaña y prefirió dar otro giro hacia el centro político, no lejano de la centroderecha, que no es lo que votó el electorado hace poco más de un año.

Persiste la incertidumbre, porque en esta fecha que era propicia no hubo una sola palabra sobre las pellejerías que están padeciendo miles y miles de familias modestas ni nada de la forma de contrarrestarlas. Muchas de esas familias tienen un jefe de hogar que está cesante o ganan lo mínimo, porque el modelo de desigualdades aún vigente no crea empleos y se caracteriza por su mezquindad hacia las clases populares.

La actual administración enfrenta no solo una oposición  que la ataca con furia implacable, sino que también diversos frentes externos, inflacionarios, sanitarios, climáticos, entre otros, que dificultan y entraban su labor.  Aun así, no puede dejar de lado una serie de situaciones en que la miseria se manifestó en dramáticos términos extremos.

En Chile se registra una cruda realidad que no es nueva y que algunos se resisten a aceptar, pero que es el reflejo del modelo neoliberal impuesto por la dictadura y reafirmado por civiles conservadores en los 30 años siguientes. Es el modelo que marca la degradación del pueblo aprovechando que este no tiene políticos ni partidos que lo representen. Su indefensión es total.

A los comerciantes ambulantes sin posibilidad de otro trabajo se agregan los coleros que se instalan en las ferias libres tratando de vender sus últimas pertenencias profesionales para poder sobrevivir. Más abajo de los cientos de miles de hombres  y mujeres que se encuentran en campamentos de tránsito (aumentaron en un 33% en 2 años) están los compatriotas desprovistos de todo menos de una carpa bajo la cual viven  y duermen en la vía pública hasta ser desalojados por carabineros que luego no tienen donde reubicarlos.

Estimaciones oficiales dicen que en Chile faltan medio millón de viviendas, pero el gobierno se hace el desentendido ante un desubicado alcalde (Carter, de La Florida) que utilizando a decenas de funcionarios municipales está empeñado en la demolición de una veintena de casas en buen estado con el pretexto de haber pertenecido o haber sido centro de operaciones de narcotraficantes. Desde La Moneda se limitan a comentar que el “show” es bueno para la televisión,  pero no es solución para nada.

Quizás el escaso interés del oficialismo por lo que ocurre en esa comuna se da por el hecho de que en sus propias filas hay un demoledor, que viene echando abajo los frágiles presupuestos hogareños de las familias modestas.  Es el ministro de Hacienda, Marcel,  responsable de las finanzas públicas, un tecnócrata que es lo contrario a lo que precisa el gobierno para identificarse con las clases populares.

El ex titular del Banco Central no solo desconoce  sino que se esfuerza por ignorar las penurias de la calle. Simplemente no quiere que el pueblo disponga de algún dinero atribuyéndole efectos inflacionarios y se opone a la entrega de ayudas sociales suficientes, al igual que es un obstáculo para que el autopréstamo y el retiro de fondos previsionales que alivian la existencia de muchos que los requieren con premura.

Con éste u otro apernado es hora de que el presidente Boric agilice la aplicación del programa democrático que anunciaba, porque hasta hoy solo ha venido acatando la voluntad de la derecha y aceptando la injerencia empresarial, la económica de mercado y el término de sus propósitos refundacionales. En respuesta, la oposición recalcitrante rechazó en la Cámara de Diputados la idea de legislar en materia tributaria.

El jefe de Estado reconoce que  “hay un malestar que es real, que es cierto, y hay una incertidumbre que es cierta”, pero dice que mira al futuro con esperanza y optimismo, y ve un Chile con menos desigualdad y sin abusos. Las grandes mayorías, postergadas por tanto tiempo, confían  en que esas palabras activarán la puesta en marcha de políticas públicas efectivas, que con certeza signifiquen  solidaridad, inclusión y justicia social para atender  y dar solución a sus más urgentes necesidades.

Por Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

hugoalcayagaperiodista@gmail.com

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