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Chile impulsa el TIAR junto a Estados Unidos: el giro estratégico de Kast que inquieta al Congreso

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La decisión del gobierno de José Antonio Kast de promover la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ha abierto una controversia que trasciende su adhesión al Escudo de las Américas de Donald Trump. Documentos oficiales de la OEA revelan que Chile no se limitó a respaldar la iniciativa: su representación diplomática presentó formalmente el proyecto de resolución en nombre de doce países. Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de enfrentar el crimen organizado sin recurrir a la fuerza militar, parlamentarios de oposición exigen conocer quién autorizó la gestión, qué compromisos podría asumir el país y por qué una decisión de esta trascendencia no fue discutida previamente en el Congreso.

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el viernes 20 de noviembre, por 14 votos a favor, dos en contra y una abstención, la convocatoria del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Brasil y Uruguay rechazaron la iniciativa, mientras Bahamas se abstuvo.

La resolución dispone reunir a los cancilleres de los países integrantes del tratado dentro de los próximos 75 días para examinar medidas colectivas frente al narcotráfico transnacional y el terrorismo. La convocatoria excluye expresamente el uso de la fuerza armada y no establece sanciones inmediatas.

Sin embargo, el significado político de la decisión es considerable. Un instrumento concebido en 1947 para la defensa colectiva de los Estados americanos será utilizado para abordar amenazas que hasta ahora han sido enfrentadas principalmente mediante cooperación policial, judicial y de inteligencia.

Chile aparece entre los principales promotores de esta iniciativa, vinculada a la estrategia regional de seguridad que impulsa Washington.

Chile no solo respaldó la iniciativa: presentó el proyecto ante la OEA

Un documento oficial permite establecer con precisión el papel desempeñado por la diplomacia chilena.

Se trata de la nota N.º 237/26 de la Misión Permanente de Chile ante la OEA, fechada el 19 de noviembre de 2026 en Washington. En ella, la representación chilena remite formalmente una versión revisada del proyecto de resolución, actuando en nombre propio y de otros once países: Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

La nota también hace referencia a una comunicación anterior, N.º 236, del 17 de noviembre, mediante la cual Chile había transmitido la solicitud para convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente.

El documento establece que la versión revisada fue acordada por las delegaciones patrocinantes.

Esto no demuestra que Chile haya sido el autor original de la propuesta ni que haya dirigido las negociaciones. Pero confirma algo políticamente relevante: la representación chilena desempeñó una función activa en la presentación y tramitación de la iniciativa, más allá de adherir a una resolución impulsada por otros gobiernos.

El embajador chileno ante la OEA, José Miguel Castro, defendió durante la sesión los alcances de la propuesta. Según informó El Mostrador, explicó que esta no estaba dirigida contra ningún Estado y que excluía las acciones militares, reafirmando los principios de soberanía, integridad territorial y no intervención.

La actuación diplomática plantea una interrogante que hasta ahora permanece abierta: ¿qué autoridades del Ejecutivo definieron la participación chilena y mediante qué instrucciones se encomendó al embajador presentar el proyecto?

De la cooperación contra el narcotráfico a un tratado de defensa colectiva

Cuando el gobierno de Kast anunció en septiembre la incorporación de Chile al Escudo de las Américas, destacó sus beneficios para la cooperación regional contra el crimen organizado.

El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que la iniciativa permitiría acceder a información especializada, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones y mecanismos de coordinación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú.

Sin embargo, la declaración conjunta del Escudo de las Américas, suscrita el 22 de septiembre, ya contemplaba la intención de solicitar la convocatoria del TIAR.

Por tanto, la relación entre ambos instrumentos no apareció sorpresivamente en noviembre. Estaba prevista desde la adhesión chilena, aunque el Gobierno había enfatizado públicamente sus componentes policiales y de cooperación.

La diferencia entre ambos mecanismos es sustantiva.




El Escudo de las Américas constituye una iniciativa política de coordinación entre gobiernos. El TIAR, en cambio, es un tratado internacional de seguridad colectiva, suscrito en Río de Janeiro en 1947, que establece procedimientos y obligaciones jurídicas para sus integrantes.

Su artículo 6 permite convocar al órgano de consulta cuando existan situaciones que puedan poner en peligro la paz del continente, incluso sin que se haya producido un ataque armado.

El artículo 8 contempla un abanico de posibles medidas colectivas, desde restricciones diplomáticas y económicas hasta el empleo de la fuerza armada, sujeto a las condiciones del tratado y del derecho internacional.

La resolución actual excluye esta última posibilidad. No obstante, el recurso al TIAR sitúa la cooperación contra el crimen organizado dentro de un marco jurídico diferente del que habitualmente utilizan las policías y los organismos judiciales.

La pregunta es por qué los gobiernos patrocinantes consideran necesario recurrir a ese instrumento y qué ventajas concretas ofrecería frente a los mecanismos internacionales existentes.

Gonzalo Winter exige explicaciones al Gobierno

La controversia llegó al Congreso antes de la votación de la OEA.

El 18 de noviembre, el diputado Gonzalo Winter, del Frente Amplio, promovió solicitudes de información dirigidas a los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa para establecer los antecedentes de la decisión.

Winter cuestionó que el Ejecutivo hubiera presentado anteriormente el Escudo de las Américas como una iniciativa de cooperación que no suponía compromisos de defensa colectiva.

Según declaró a El Mostrador, cuando se consultó al Gobierno sobre su eventual vinculación con el TIAR, las autoridades descartaron que ese fuera su propósito.

El parlamentario sostiene que la actuación diplomática contradice aquellas explicaciones y que Chile se incorporó a un mecanismo de especial trascendencia sin suficiente información al Congreso.

Los oficios parlamentarios buscan respuestas concretas.

El documento N.º 28702, dirigido a Cancillería, solicita conocer quién instruyó al embajador Castro para firmar la carta, cuándo se impartió esa instrucción y si contó con autorización expresa del Presidente de la República.

También pregunta si el texto fue elaborado por Chile o propuesto por otro Estado y cuáles son los hechos específicos que, a juicio del Gobierno, justifican invocar el artículo 6 del TIAR.

Esta última consulta tiene particular importancia: los parlamentarios piden identificar qué circunstancias nuevas surgieron desde el 22 de septiembre, cuando Chile suscribió la declaración del Escudo de las Américas, para justificar la convocatoria del tratado.

El oficio N.º 28700, enviado al Ministerio de Defensa, pregunta si esa cartera, el Estado Mayor Conjunto o alguna rama de las Fuerzas Armadas fueron informados o consultados antes de suscribirse la solicitud.

También requiere antecedentes sobre la posición que Chile podría adoptar frente a las medidas previstas en el artículo 8 del TIAR.

Hasta la revisión de los registros oficiales disponibles, ninguno de los dos oficios presenta respuestas publicadas.

Una decisión diplomática y las atribuciones del Congreso

La ausencia de una consulta parlamentaria previa no significa, por sí sola, que el Gobierno haya vulnerado la Constitución.

La conducción de las relaciones exteriores corresponde al Presidente de la República, quien dispone de atribuciones para orientar la actuación diplomática del país y participar en organismos internacionales.

Pero esas facultades no eliminan las responsabilidades de información y fiscalización, particularmente cuando una decisión puede involucrar compromisos de seguridad o defensa.

Tampoco debe confundirse la convocatoria de una reunión del TIAR con la adopción de medidas obligatorias para sus integrantes. Son etapas distintas y las eventuales decisiones posteriores deberán examinarse conforme al tratado, la Constitución chilena y las demás normas aplicables.

La controversia se sitúa precisamente en ese terreno: qué compromisos está considerando asumir el Ejecutivo, qué mecanismos de control corresponderían y cuánta información ha recibido el Congreso sobre la estrategia internacional del país.

La transparencia resulta especialmente relevante porque Chile no aparece como un participante secundario, sino como uno de los Estados que presentaron formalmente la iniciativa ante la OEA.

Brasil y Uruguay rechazan la iniciativa

La votación también dejó en evidencia diferencias entre los gobiernos latinoamericanos sobre el papel que debe desempeñar el TIAR.

Brasil y Uruguay votaron en contra de la convocatoria. Sus reparos apuntan al empleo de un tratado de defensa colectiva para enfrentar fenómenos de criminalidad transnacional, que cuentan con otros instrumentos de cooperación internacional.

Para los países promotores, en cambio, las organizaciones criminales han alcanzado una dimensión que amenaza la soberanía de los Estados y exige respuestas coordinadas más amplias.

El debate no se reduce a la necesidad de combatir el narcotráfico, objetivo sobre el cual existe un amplio consenso regional. La discrepancia se refiere a los instrumentos jurídicos y políticos que deben utilizarse.

En ese contexto, la posición chilena representa una convergencia con la estrategia estadounidense, aunque todavía no permite establecer cuáles serán sus consecuencias concretas para la política exterior y de defensa del país.

Una controversia que seguirá abierta

La reunión de cancilleres prevista dentro de los próximos 75 días será la siguiente etapa del procedimiento.

Allí deberán discutirse las medidas diplomáticas, jurídicas u otras acciones no militares que podrían adoptarse para enfrentar las amenazas identificadas por los países patrocinantes.

Mientras tanto, el Congreso chileno espera conocer los antecedentes de una decisión en cuya tramitación el país tuvo una participación activa.

La controversia deja una cuestión institucional pendiente. La conducción presidencial de las relaciones exteriores es una atribución constitucional, pero su ejercicio no está exento de fiscalización parlamentaria ni de debate público, especialmente cuando involucra instrumentos de seguridad colectiva.

El Gobierno sostiene que su objetivo es fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado. Los parlamentarios que cuestionan el procedimiento exigen saber qué compromisos podrían derivarse de esa estrategia y por qué no recibieron información suficiente antes de que Chile promoviera formalmente la convocatoria.

La respuesta a esas preguntas permitirá establecer si la actuación chilena se limita a una iniciativa diplomática de cooperación o si anticipa una participación más amplia en los mecanismos de seguridad hemisférica impulsados por Washington.

Por ahora, existe un hecho acreditado documentalmente: Chile no fue solamente uno de los países que votaron a favor de la convocatoria del TIAR. Fue también el Estado que, en representación de doce gobiernos, presentó ante la OEA la versión revisada del proyecto de resolución.

Y sobre las instrucciones y fundamentos de esa actuación diplomática, el Congreso todavía espera respuestas.

 

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