Macron promulga la impopular reforma al sistema de pensiones; sindicatos llaman a nuevas movilizaciones

El presidente de Francia, el conservador Emmanuel Macron, promulgó la madrugada de hoy (tiempo local) la impopular ley sobre la reforma de las pensiones, horas después de que el Consejo Constitucional validó las medidas claves del polémico plan, lo que desató una respuesta inmediata de rechazo de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país, al tiempo que los sindicatos anunciaron más movilizaciones hasta que se retire la medida, informó la prensa francesa.

La presidencia francesa, citada por la agencia de noticiosa Afp, indicó ayer que la ley podía promulgarse hoy o mañana en el Diario Oficial, después de que el consejo aprobó las medidas claves. El mandatario disponía de 15 días para validar el texto.

Los sindicatos le urgieron en un comunicado a no hacerlo como única manera de calmar la ira expresada en el país, pedido al que se sumó la oposición de izquierda y de ultraderecha.

Ayer, tras la decisión del órgano consultor, más de 200 protestas se registraron alrededor del país, sobre todo en las ciudades más grandes, como París, Rennes, Lyon, Nantes, Marsella y Ruán. El anunció fue acogido con abucheos por cerca de 3 mil manifestantes congregados frente a la alcaldía de la capital francesa, informó la Afp.

El consejo aprobó la mayor parte de la futura reforma, que nació de la presentación en enero de un proyecto con el que se pretende retrasar dos años la edad de jubilación, de 62 a 64, aumentar un año el de las cotizaciones para poder acceder a una pensión, de 42 a 43, y finalmente suprimir numerosos derechos laborales adquiridos por una serie de colectivos del sector público.

La decisión se adoptó en medio de fuertes medidas de seguridad, con la sede de este órgano blindada con una rigurosa operación de seguridad por parte de los agentes y con la prohibición expresa por parte del Ministerio del Interior de cualquier tipo de manifestación o protesta en las inmediaciones.

Este consejo es un alto tribunal en el que se dirimen las controversias constitucionales en Francia, es el responsable de la última palabra ante alguna medida, ley o recurso en disputa.

Está integrado por nueve sabios, entre quienes se encuentran los ex políticos Alain Juppé y Laurent Fabius, además de otros políticos, juristas y expertos, como Jacques Mézard, Jacqueline Gourault, François Pillet, François Seners, Véronique Malbec, Michel Pinault y Corinne Luquiens, que a su vez pertenecen a distintas corrientes ideológicas, aunque la mayoría –cinco– pertenecen al entorno conservador o afín al del presidente Macron.

El recurso que atendió el órgano constitucional responde a la petición de un grupo de diputados y senadores franceses que cuestionaron las formas y el fondo de la reforma impulsada por Macron, que se valió del artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante la reforma por la vía del decreto y sin que se votara en la Asamblea Nacional, donde no tenía sufragios suficientes. Pero los nueve sabios validaron la mayor parte de la reforma de Macron, en un fallo en el que sólo se debatió sobre seis artículos de la ley, curiosamente los que despertaban más aceptación entre los sindicatos y políticos opositores a la reforma.

Entre los artículos que censuró, destacan las disposiciones más sociales, por ejemplo, la que obliga a empresas de más de mil empleados a crear un índice senior para asalariados mayores de 55 años. También, la creación de un contrato indefinido para los desempleados de larga duración mayores de 60.

Si bien la atención se ha centrado en la edad de jubilación de 62 años, sólo 36 por ciento de los trabajadores franceses se jubilan, en ese rango etario e igual porcentaje se retiran más tarde, debido a los requisitos que requieren cotizar al menos 42 años para un pensión completa, precisó la agencia Reuters.

Eso implica que la edad normal de jubilación para un trabajador francés desde 22 años es de 64.5 años, marginalmente por encima de la media de la Unión Europea, de 64.3 años, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) basados en cifras de 2020, y que fueron citados por la agencia británica.

La norma es ampliamente rechazada por la sociedad francesa, con 68 por ciento en contra del contenido y la forma con la que ha saltado los trámites para su entrada en vigor.

Eso explica que haya provocado una de las movilizaciones más multitudinarias de los años recientes en Francia, con hasta 12 huelgas generales y protestas nacionales en tan sólo cuatro meses, y con la advertencia por parte de los sindicatos de que sólo pararán hasta sepultar la iniciativa.

Ante la validación, el gobierno citó a una reunión a los principales sindicatos del país para el próximo martes, pero todos contestaron que mientras no retire la reforma no se sentarán a hablar. Nunca más, advirtieron, y convocaron a una movilización excepcional, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, el 1º de mayo.

La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló en redes sociales que con este fallo, tanto en el fondo como en el procedimiento, la reforma está de acuerdo con la Constitución. El texto llega al final de su proceso democrático. Esta noche no hay ni vencedores ni vencidos.

En respuesta, Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, aseguró que puesto que el pueblo siempre tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternancia que corregirá esta reforma inútil e injusta.

Mientras, desde la extrema derecha, Marine Le Pen, a quien los analistas y encuestas ven como la principal beneficiada política de esta crisis, advirtió que aunque la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado.

Tras el dictamen, esperan reavivar el movimiento que, desde mediados de marzo pasado, se caracterizó también por acciones puntuales de protesta, entre ellos bloqueos de acceso a ciudades como el registrado ayer en Ruán.

Con información de agencias