Dos acusaciones constitucionales en curso: la nueva normalidad republicana
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El ministro de Educación Marco Antonio Ávila enfrenta una dura ofensiva de la oposición que busca destituirlo de su cargo mediante una acusación constitucional y una interpelación. El motivo principal es la publicación de una guía del Mineduc llamada “orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”, que incluye ejercicios sobre sexualidad para niños de prebásica.
La acusación constitucional fue anunciada por las diputadas del Partido Social Cristiano (PSC) Francesca Muñoz y Sara Concha, quienes acusan al ministro de vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. La interpelación fue impulsada por las bancadas de la UDI, RN y Republicanos, quienes cuestionan además la gestión del ministro frente a la brecha educacional, la violencia en los establecimientos y el retraso en la entrega de los resultados del Simce.
Para nadie es un misterio que en el fondo de esta acusación existen rasgos homofóbicos en cuanto el ministro pertenece a la comunidad LGTBI+. Así lo demostró el fin de semana el influyente periodista Daniel Matamala en una columna en La Tercera.
Para que la acusación prospere se requiere la mayoría simple de la Cámara de Diputados, es decir 78 votos. Hasta el momento, las bancadas opositoras suman 64 votos, por lo que el futuro de la acusación dependerá de los parlamentarios independientes y del Partido de la Gente. El ministro Ávila ha defendido su labor al frente del Mineduc y ha señalado que la guía sobre sexualidad es un documento técnico que no tiene carácter obligatorio ni vinculante para los establecimientos educacionales.
También Ximena Aguilera
Como una no es suficiente, el Partido Republicano anunció que presentará una acusación constitucional contra la ministra de Salud Ximena Aguilera, por supuesto abandono de deberes, basándose en el aumento de casos de virus sincicial y en la falta de recursos para los hospitales públicos, carencias que no son de hoy sino de larga data en el sistema público nacional. Es por ello por lo que esta acusación carece de fundamentos jurídicos y políticos, y solo busca generar un clima de confrontación y desconfianza hacia la autoridad sanitaria.
Ximena Aguilera
El domingo por la tarde los republicanos difundieron una carta y le daban un plazo de 24 horas a la ministra para la destitución del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos. De lo contrario, procederían a la acusación constitucional. Cumplidas las 24 horas, Aguilera no ha removido a Araos y desafía a los republicanos a acusarla. “Es parte de las atribuciones de la Cámara de Diputados” y que “esperaría a ver los fundamentos”.
Se trata de una maniobra oportunista y populista que busca distraer la atención de los verdaderos problemas que afectan a la salud de los chilenos y chilenas: la mercantilización, la segregación y la desigualdad que caracterizan al sistema de salud neoliberal heredado de la dictadura. La ministra Aguilera es una reconocida experta en epidemiología que ha liderado la gestión sanitaria durante la pandemia y que ha impulsado una reforma al sistema de salud que garantice el derecho universal a la salud.
Su trayectoria profesional y académica contrasta con la del Partido Republicano, que defiende los intereses de las isapres y que se opone a cualquier cambio que afecte sus millonarias ganancias. El fallo de la Corte Suprema que ordena a las isapres devolver más de mil millones de dólares por cobros indebidos a sus afiliados ha desatado una feroz reacción de la derecha y el Partido Republicano, que busca desestabilizar al gobierno de Gabriel Boric.
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