Cada día hay más violencia en las calles

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Los atentados explosivos contra torres de alta tensión ocurridos en el país no solo traen a la memoria la ofensiva terrorista de los que fomentaban el caos preparando el golpe militar que venía, hace 50 años, sino que también ponen en duda la eficacia de los programas gubernamentales en favor de la seguridad pública en que se están gastando elevadas cantidades de dinero sin que haya  equidad respecto a históricas demandas populares.

              En medio de la confusión generalizada, los valores trastocados y la aguda crisis que afecta a la ciudadanía, desde las arcas fiscales se transfieren cuantiosos recursos a sectores apadrinados por la derecha conservadora que no cesa en sus afanes por imponer sus propios criterios pese a que ya no es gobierno.  Sin embargo, el trato es muy distinto para las urgentes necesidades sociales largamente postergadas y para las cuales solo hay lo mínimo que muchas veces está reducido a 0.

              No es por esto que el pueblo votó con convicción y obtuvo una holgada victoria en las últimas elecciones presidenciales,  las que por estos días se advierten lejanas.  En efecto, el programa ofrecido todavía no logra ponerse en marcha y las mejores condiciones de vida de las mayorías sobre la base de transformaciones estructurales demoran más de la cuenta.

              Chile atraviesa por una prolongada crisis social y económica que aflige  la vida diaria y la seguridad de las personas. Esa crisis es la que hay que afrontar de una vez y con decisión, valor y voluntad,  porque de allí parten las demás calamidades que obstruyen el bienestar ciudadano,  su desarrollo y perspectivas.

              El tema de la seguridad preocupa a la población porque los niveles delincuenciales son alarmantes y hay que tratar de contenerlos con medidas extraordinarias.  Ello, después de atacar las lacras que los originan, como la pobreza, la cesantía, las desigualdades, la falta de oportunidades y la carencia de derechos sociales.

              En la actualidad  pareciera que solo la acción  de Carabineros es suficiente para controlar la delincuencia y el narcotráfico.  Por eso se le están destinando millonarios presupuestos para contar con más funcionarios con mejores ingresos y hay vuelta a sus labores de policías jubilados, amplio apoyo presidencial y de toda la casta política tradicional junto a un completo nuevo equipamiento de armas, vehículos, tecnología, más atribuciones y hasta nuevas leyes en su favor como no se conocía hasta ahora.

              Carabineros – ni nadie – ya no está en la mira de las refundaciones y se ha pasado por alto sus violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. Ahora dispone de más personal y de los medios necesarios para más patrullajes blindados y una mayor vigilancia en las calles, el centro y las poblaciones. Ello deja numerosos detenidos y la incautación  de armas y drogas, pero los delitos suman y siguen.

              El programa gubernamental “Calles sin Violencia” no ha dado a la gente la tranquilidad que se proyectaba.  Fue inaugurado en vísperas del 21 de mayo en la vía pública en Iquique, donde cuatro marineros asesinaron a golpes a un discapacitado de 61 años con una sola pierna,  y días más tarde un hombre joven fue atacado en plena Alameda de Santiago por sujetos que le quitaron la vida y lo descuartizaron distribuyendo restos de su cuerpo en diferentes lugares de la capital, hechos de sangre inéditos en el país.

              Luego ha continuado la interminable rutina de homicidios, asaltos, balaceras, robos, portonazos, encerronas, etc. El Fiscal Nacional dice que “hay una situación objetiva: los números indican que lamentablemente  en Chile hay más homicidios, muchos de ellos con armas de fuego, y ahora estamos enfrentando un fenómeno sin precedentes, que son los asesinatos por encargo”. Últimamente ha habido atentados explosivos contra torres de alta tensión en Valparaíso y Cañete, y contra una estructura ferroviaria en Ñuble, pese al estado de alerta permanente, los patrullajes reforzados y la ley del gatillo fácil.

              Claramente la batalla contra el “crimen organizado” – propio de la dictadura – se pierde todos los días y “Calle sin Violencia” ha resultado un fiasco porque aquí se extravió el foco.  Lo que correspondía era la implementación  de un programa  de calles sin cesantía ni exclusión, sin miseria y sin endeudamiento, con solidaridad e inclusión,  de modo que nadie se sintiera marginado ni olvidado.

              A estas alturas muchos se preguntan si vale la pena tanto esfuerzo y tan enorme gasto fiscal que hasta hoy resultan infructuosos. El presidente de la República se quejó reiteradamente ante el Congreso por el rechazo  de la reforma tributaria propuesta  lo que impide  la solución   de las demandas sociales que esperan,  pero no dijo por qué hay recursos disponibles para atender otros problemas que derivan justamente de las desigualdades, y de la precariedad social y económica de las mayorías.

              Todo ello cuando las cifras oficiales del desempleo volvieron a subir y llegan al 8,7% en el último trimestre,  en tanto la inflación aparentemente cedió y bajó a un 0,1% en mayo pasado. Sin embargo, las dueñas de casa aseguran que los alimentos básicos  mantienen la carestía instalada hace meses: en tal condición se encuentran el pan, los huevos y los tomates,  y lo propio ocurre con las alzas de equipamiento y mantención del hogar y los gastos comunes.

              Mientras ahora aparecen las enfermedades respiratorias invernales que causan estragos y la calidad de vida del pueblo decae, no se sabe de iniciativas concretas tendientes a la generación de empleos formales para afrontar la cesantía y las necesidades populares.  En este tiempo solo hay trabajo por cuenta propia, lo que es algo irregular, momentáneo y del cual no derivan beneficios sociales ni salarios decentes. Ello reafirma que la seguridad pública es un problema relevante,  pero no es el único prioritario, porque también hay grandes tareas pendientes que merecen una atención justa y con equidad.

              El camino más adecuado para prevenir la delincuencia es un amplio sistema de seguridad social que otorgue protección permanente a las clases populares y que signifique la certeza de oportunidades de estudio y trabajo, y expectativas futuras de desarrollo personal y familiar. Este es el objetivo al que es necesario apuntar desde las determinaciones gubernamentales con convicción, sin complejos y con la premura que la actual situación requiere.

Por Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso

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