Democracia Viva: cuando los jóvenes aprenden con rapidez la política que hacen los viejos

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El caso de Democracia Viva, denunciado como el primer caso de corrupción del gobierno de Gabriel Boric, no solo es un escándalo en la esfera política sino que hunde las esperanzas en una nueva generación y una nueva manera de hacer política. Revolución Democrática cae en las mismas prácticas de la generación que tanto criticó.

Democracia Viva es una fundación que se define como «una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar a personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política, logrando tener incidencia en el debate público a través de la cocreación política, cultural y académica» . Su representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada de Revolución Democrática (RD) por Antofagasta, Catalina Pérez .

La denuncia contra esta fundación se originó a raíz de una investigación periodística que reveló tres convenios millonarios firmados entre la fundación y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta, por un total de 426 millones de pesos . Estos convenios tenían como objetivo desarrollar un trabajo social en 10 campamentos de la región, fortaleciendo la participación ciudadana y democratizando la toma de decisiones .

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el seremi del Minvu en Antofagasta, Carlos Contreras, quien renunció a su cargo tras conocerse los convenios , era militante de RD y cercano a la diputada Pérez y a su pareja . Esto generó sospechas de posible tráfico de influencias, nepotismo y uso indebido de recursos públicos por parte de RD.

La denuncia ha provocado una fuerte reacción tanto desde el Gobierno como desde otros partidos del Frente Amplio, que han cuestionado la ética pública de RD y han pedido investigar a fondo los hechos . La diputada Pérez suspendió su participación en la Mesa de la Cámara de Diputados, donde se desempeñaba como vicepresidenta, y anunció que colaborará con las indagatorias . Por su parte, RD abrió causas en su Tribunal Supremo para suspender a los militantes involucrados mientras se aclara todo .

Democracia Viva se ha defendido de las acusaciones y ha mostrado el trabajo realizado en los campamentos, asegurando que es una fundación sin fines de lucro y que no tiene vínculos con RD . También ha explicado que Daniel Andrade renunció a su cargo de director ejecutivo en octubre de 2022 y que su desvinculación legal aún está en proceso .

Este caso ha puesto en jaque la credibilidad de RD y del Frente Amplio, que se han presentado como una alternativa política distinta a las tradicionales. También ha evidenciado la necesidad de mayor transparencia y fiscalización en el uso de los recursos públicos destinados a fines sociales.

Un golpe bajo al gobierno de Gabriel Boric

El gobierno de Gabriel Boric se enfrenta a una de las mayores crisis políticas de su mandato tras el escándalo de la fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD), que forma parte de la coalición Apruebo Dignidad que lo llevó al poder. Por de pronto, anoche el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, tras los polémicos convenios firmados entre el Minvu y la Fundación Democracia Viva. En su reemplazo, asumirá se manera subrogante Carlos Araya Salazar, actual jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Pero el daño ya está hecho.  Esto también ha derivado en una investigación de oficio por parte de la Fiscalía. Además, Revolución Democrática anunció una querella y pidió congelar la militancia de la parlamentaria.

El presidente se ha visto obligado a defender su gestión y su proyecto político ante el descontento y la desconfianza de sus propios aliados y electores, que lo ven como un representante del cambio social y la nueva Constitución.

El escándalo también ha sido aprovechado por la oposición de derecha para cuestionar la credibilidad y la capacidad de Boric para gobernar el país. Algunos sectores han pedido incluso una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer los hechos.

La crisis se produce en un momento delicado para el gobierno, que debe enfrentar el rechazo popular al texto constitucional propuesto por la Convención Constituyente, la violencia en el sur del país por el conflicto mapuche y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Boric tendrá que demostrar su liderazgo y su capacidad para superar esta situación y recuperar la confianza de la ciudadanía. De lo contrario, podría ver peligrar su legitimidad y su gobernabilidad.

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