Condenan a 10 carabineros (r) de Fuerzas Especiales por homicidios frustrados en La Granja

En un histórico fallo, la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, ha condenado a diez efectivos de Carabineros en retiro por su participación en delitos de homicidio frustrado. Estos crímenes tuvieron lugar en agosto de 1985 en la comuna de La Granja, y finalmente se hace justicia después de décadas de espera. En este artículo, analizaremos los detalles del caso y la resolución emitida por la ministra Cifuentes Alarcón, destacando la importancia de este hito en el camino hacia la verdad y la justicia en Chile.

En el fallo (causa rol 67-2010), la ministra en visita condenó a Roberto Fernando Campusano Álvarez, teniente de Fuerzas Especiales de Carabineros en ese entonces, a una pena única de 10 años de presidio, así como a inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Campusano Álvarez fue considerado autor de los delitos de homicidio frustrado.

Por su parte, los demás funcionarios policiales involucrados en los homicidios frustrados, Hugo Celso Riquelme Espinoza, José Enrique Beecher Orellana, Sigifredo del Carmen Muñoz Arias, Grenis Alexis Garrido Ávila, Carlos René Ibarra Púas, Manuel Eugenio Rojas Gutiérrez, Herman Román Carvajal Plaza y Claudio Arnaldo Morguez Hernández, fueron condenados a purgar una pena de 6 años de presidio y las respectivas accesorias como coautores de estos crímenes.

El acusado Larry Aliro Alan Gajardo González recibió una condena de 4 años de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva, mientras que Alejandro Antonio Gacitúa Lenners fue absuelto de los cargos.

Los hechos establecidos por la ministra Cifuentes Alarcón son escalofriantes. El 9 de agosto de 1985, durante una protesta social contra el gobierno de la época, el bus N° 171 de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Carabineros fue atacado en la comuna de La Granja. Un individuo no identificado disparó contra el vehículo, hiriendo a los pasajeros y causando la muerte de Aída Rosa Vilches Urrea, una residente de la zona.

El teniente Roberto Fernando Campusano Álvarez y los demás funcionarios policiales, en lugar de responder adecuadamente al ataque, emplearon un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Dispararon indiscriminadamente hacia los pobladores que huían para resguardar su integridad física y hacia un furgón con pasajeros en su interior, resultando en múltiples heridos y víctimas.

Este fallo representa un paso significativo hacia la verdad y la justicia en Chile, especialmente para las víctimas y sus familias que han esperado durante décadas para que se haga justicia. La condena a los responsables de estos crímenes de violaciones a los derechos humanos es una clara señal de que la impunidad no prevalecerá y de que la sociedad chilena está comprometida con el respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Es importante destacar que estos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado no deben ser olvidados ni ignorados. La justicia debe prevalecer para sanar las heridas de la historia y garantizar que no se repitan atrocidades similares en el futuro. La resolución de la ministra Cifuentes Alarcón es un recordatorio de la importancia de investigar y juzgar estos crímenes, sin importar cuánto tiempo haya pasado.