Más de 200 organizaciones se unen para defender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

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Más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Chile y del extranjero han firmado una carta abierta en rechazo a la propuesta del Partido Republicano de anular la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada en 2017. La ley, que permite la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, ha sido considerada un avance significativo en materia de salud y autonomía reproductiva para las mujeres en el país.

Las organizaciones que han firmado la carta defienden firmemente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus proyectos de vida y expresan su profunda preocupación ante la amenaza que representa la propuesta del Partido Republicano, que busca derogar esta ley.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales ha mejorado la calidad de vida y el bienestar de las mujeres en Chile, brindándoles la autonomía para tomar decisiones fundamentales sobre su sexualidad y reproducción. Su derogación representaría un retroceso en la lucha por la igualdad de género y pondría a Chile en una lista reducida de países que penalizan el aborto en todas las circunstancias, relegando a las mujeres a un estatus de segunda clase en la sociedad.

La carta menciona que históricamente, Chile tuvo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por motivos terapéuticos desde 1930 hasta 1989, pero durante la dictadura cívico-militar se penalizó totalmente. Fue gracias a una larga discusión legislativa que en 2017 se logró restituir el derecho al aborto en las tres causales mencionadas.

En el contexto de los 50 años del Golpe de Estado, las firmantes consideran inaceptable que el partido liderado por José Antonio Kast busque imponer medidas que atenten contra los derechos fundamentales de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. La interrupción del embarazo en tres causales es vista como un mínimo ético para salvaguardar la salud y los derechos de quienes enfrentan riesgos en su vida o se ven forzadas a gestar un feto inviable o producto de una violación.

Las organizaciones defensoras de la ley destacan que la norma permite decidir de manera libre y responsable en circunstancias complejas y que, en lugar de limitar los derechos de las mujeres, es fundamental promover el acceso a la información, la educación sexual integral y los servicios de salud reproductiva de calidad.

La lista de organizaciones firmantes incluye una amplia variedad de grupos que trabajan por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la justicia reproductiva. Desde corporaciones y colectivas feministas hasta redes de profesionales y defensoras de los derechos humanos, todas se han unido para proteger y ampliar los derechos de todas las mujeres, niñas y personas gestantes en Chile.

La carta finaliza llamando a la reflexión, la movilización y el diálogo constructivo para garantizar que los derechos fundamentales de las mujeres sean respetados y respaldados por políticas públicas efectivas. Asimismo, resalta la importancia de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, donde las decisiones sobre el cuerpo y la maternidad sean respetadas y respaldadas.

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