Reforma del sistema de Isapres: gobierno reduce deuda de las aseguradoras y les da plazo de pago de 10 años
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El Gobierno ha dado un paso crucial hacia la implementación del fallo de la Corte Suprema relacionado con las Isapres. El ejecutivo ha presentado al Congreso las indicaciones a la ley corta de Isapres, actualmente en discusión parlamentaria, que tiene como objetivo cumplir con la decisión judicial de que las aseguradoras privadas de salud paguen cerca de 1.400 millones de dólares a los usuarios afectados.
El documento de 40 páginas resultante de un riguroso trabajo, llevado a cabo por una comisión técnica en el seno de la Comisión de Salud del Senado, durante tres meses, ha sido el fundamento de estas nuevas directrices. La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó el compromiso del Ejecutivo en la selección de elementos del informe de la comisión técnica, a la vez que descartó otros.
Vallejo enfatizó que el objetivo principal es asegurar que los usuarios reciban atención médica sin interrupciones y que las Isapres cumplan con los pagos necesarios. Esto responde al cumplimiento de las decisiones judiciales de la Corte Suprema.
Tras el fallo de la Corte Suprema, que determinó que los planes de salud no se ajustaban a la tabla de valores legales, la Superintendencia de Salud estimó que las Isapres debían pagar 1.400 millones de dólares. La Asociación de Isapres expresó que esta cifra era insostenible y que, si la cumplían, podrían enfrentar insolvencia, lo que llevaría al colapso del modelo de salud privada.
Previamente a la presentación de las indicaciones por parte del Gobierno, la comisión técnica propuso una reducción del 67% en la multa impuesta por la Superintendencia, lo que disminuiría la deuda en casi 1.000 millones de dólares.
Luego de analizar todos estos elementos, el Gobierno ha decidido seguir dos opciones propuestas por el informe de la comisión. La primera establece que, de manera excepcional y única, los contratos de salud que tengan precios por debajo del 7% de la cotización legal obligatoria se ajustarán al valor de dicha cotización.
Sin embargo, el cambio más significativo en las nuevas indicaciones gubernamentales es la eliminación del mecanismo de mutualización de riesgo, que reducía la deuda en mil millones de dólares, dejándola en 450 millones de dólares.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha subrayado que aunque no se ha definido un monto específico, se han establecido consideraciones para calcularlo, y se ha acogido la recomendación de la comisión técnica de no permitir planes por debajo del 7%. La exclusión del concepto de «mutualización» se ha justificado en razones jurídicas.
Además, se ha determinado un plazo máximo de 10 años para el pago de la deuda por parte de las Isapres, durante el cual no podrán retirar utilidades.
La ministra Aguilera ha destacado la importancia de garantizar la atención médica de las personas y ha enfatizado que el escenario actual no es responsabilidad del Gobierno, sino que se debe a la excesiva judicialización del sector y la estructura de funcionamiento de los seguros privados, que operan bajo leyes de mercado.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, ha señalado que esta discusión es el resultado de la creciente judicialización que ha afectado al sistema de salud chileno desde la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010. Esta tendencia ha llegado a congestionar tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, con un 83% de los casos del último año vinculados directamente a las Isapres.
En resumen, la reforma de las Isapres en Chile representa un importante cambio en el sistema de salud del país. El Gobierno ha presentado indicaciones que buscan cumplir con las decisiones judiciales y garantizar la atención médica de los ciudadanos. Aunque se han desechado ciertas propuestas, se han adoptado otras medidas clave para resolver los problemas relacionados con la judicialización excesiva y los cobros inadecuados en el sistema de salud chileno.
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