Justicia a 50 años: El fallo de la Corte Suprema y la condena a oficiales retirados del Ejército por crímenes de lesa humanidad en la Cárcel Pública

La justicia, aunque tardía, finalmente se pronunció sobre un caso emblemático que involucra crímenes de lesa humanidad cometidos durante un período oscuro de la historia chilena. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por las defensas de oficiales del Ejército en retiro, confirmando así la sentencia que los condenó por el homicidio calificado de Jorge Pedro Pacheco Durán, Denrio Max Álvarez Olivares y Ernesto Domingo Mardones Román. Estas personas fueron detenidas, llevados a la entonces Cárcel Pública de Santiago y posteriormente ejecutados en Colina después del fatídico 11 de septiembre de 1973.

En una decisión unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema validó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ratificando las condenas de 15 años y un día para Ernesto Luis Bethke Wulf y 10 años y un día para Jorge Hugo Schudeck Toutin, por su autoría en estos delitos atroces.

El fallo de la Corte Suprema enfatizó la importancia de precisar claramente las leyes infringidas al interponer un recurso de invalidación sustancial. Resaltó la necesidad de demostrar cómo la incorrecta aplicación de la ley condujo a un fallo legalmente equivocado, subrayando que los recursos de casación no están destinados a impugnar los hechos ya establecidos por los jueces, a menos que se demuestre una infracción de las normas que rigen el valor probatorio.

El tribunal también rechazó la aplicación de prescripciones que puedan llevar a la impunidad, argumentando que los delitos de lesa humanidad no pueden ser sujetos a prescripción según las regulaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además, destacó que la normativa invocada por los condenados otorga al juez la facultad, pero no la obligación, de reducir la pena, incluso en casos con múltiples atenuantes.

El veredicto de primera instancia, establecido por el ministro de fuero Mario Carroza Espinosa, detalló la secuencia de eventos que culminaron en la ejecución de las víctimas por parte de una patrulla militar, evidenciando la brutalidad de los crímenes cometidos.

Es importante señalar que la Corte Suprema no pudo pronunciarse sobre los recursos de casación de dos condenados que fallecieron durante el proceso legal.

Este fallo de la Corte Suprema representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, reafirmando el compromiso con la rendición de cuentas y la no impunidad en casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluso décadas después de haber ocurrido los hechos.