Colombia: en camino por la implementación del acuerdo de paz de 2016
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A través de la resolución 53/22 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nombró una experta internacional en derechos humanos, Antonia Urrejola para “identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo de 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (…), y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia”.
El mandato precisa la identificación de los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz, y “en particular la denuncia de la JEP”, relativa a la falta de cooperación de la Fiscalía con esa entidad con relación a la remisión de información solicitada entre 2018 y 2019, al objeto de determinar si aplicaban las garantías de no extradición al excombatiente de las FARC-EP y firmante de paz Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”.
Luego de su detención, efectuada el 9 de abril de 2018, Hernández Solarte solicitó la aplicación de dicha garantía a la JEP, institución judicial que inició la fase previa de conocimiento el 19 de abril del mismo año, momento desde el cual solicitó a la Fiscalía el envío de la información necesaria para tomar una decisión.
El 27 de junio 2018, la Corte Constitucional reconoció la competencia de la JEP para conocer de la solicitud de extradición “solo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización” y ordenó al Fiscal General de la Nación remitir inmediatamente a la JEP el expediente relacionado con la solicitud de extradición. No obstante, después de reiteradas solicitudes, la información no fue entregada por la Fiscalía, aduciendo que no estaba en su poder. El 15 de mayo de 2019 la JEP le otorgó a “Jesús Santrich” la garantía de no extradición por ausencia de pruebas.
El 29 de mayo 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de “Jesús Santrich” reafirmando su competencia para tomar decisiones sobre restricciones a su libertad, dado que su calidad de congresista había sido ratificada por el Consejo de Estado; por tanto, la Fiscalía había perdido competencia para capturarlo.
Frente a este asunto el Consejo de Derechos Humanos pide “identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo de paz de 2016”, en particular en relación con lo sucedido en esta situación “y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional, y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia”.
De conformidad con la resolución 53/22, Antonia Urrejola presentará un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo 2024. En el mientras, nos comparte unas informaciones al respecto de sus observaciones hechas en Colombia:
- El contexto político desfavorable post acuerdo
Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contrario al acuerdo de paz y en el cual, actores importantes cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y de la labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No cabe duda, y los colombianos y colombianas lo conocen mejor que yo, que en torno a la firma del acuerdo de paz existió un enorme debate. El resultado del plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016 da cuenta de ello.
Lógicamente, el debate político y social no sólo es legítimo y necesario en un asunto de tal trascendencia, sino que también es fundamental para que el camino de la paz, y las medidas para alcanzarlo, permeen a toda la sociedad colombiana.
Sin embargo, es preciso señalar que los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de “Jesús Santrich”, se enmarcan en un contexto que generó, no sólo a través del legítimo debate político, sino también por el uso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional.
Estos hechos también reforzaron el estigma sobre los liderazgos de las personas firmantes de paz y comparecientes ante la JEP, acelerando a la vez la división interna, la cual afectó también la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. Asimismo, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP.
- El continuum de la violencia
El acuerdo de paz planteaba un despliegue estatal en los territorios para construir paz y garantizar derechos, pero no se tomaron las medidas inmediatas necesarias, en particular eldespliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP.
La violencia generada por diversos actores armados no estatales que se disputan el territorio continuó, convirtiéndose a su vez en uno de los mayores obstáculos para la implementación del acuerdo y en una de las principales causas de que la sociedad colombiana, particularmente aquella que vive en los territorios más alejados de la urbe, continúe enfrentando violencia, amenazas, asesinatos y violaciones de derechos humanos.
Por ello, es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el acuerdo, sesione de manera regular, sobre todo, con la participación de quienes pueden tomar decisiones, dado que la política de desmantelamiento de organizaciones criminales recién aprobada el pasado mes de septiembre requiere de un riguroso seguimiento.
Su implementación integral, junto con la política de seguridad humana y la política de drogas, sin dudas será un avance para lograr el cese de la violencia de los grupos armados no estatales, y generar las condiciones para que se pueda implementar el acuerdo de paz.
- Violaciones del derecho a la vida e integridad personal de las personas firmantes y en proceso de reincorporación
La violencia continua afecta gravemente el derecho a la vida e integridad de las personas que viven en los territorios con presencia y control de grupos armados no estatales, incluyendo víctimas del conflicto, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz.
A pesar de que la Defensoría del Pueblo desde 2017 ha expedido aproximadamente 160 Alertas Tempranas que identifican riesgos para las personas firmantes, el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado al menos 400 homicidios de personas pertenecientes a esta población desde la firma del acuerdo, además de las amenazas y estigmatizaciones de las cuales son víctimas regularmente.
Al respecto, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ha indicado en su informe con corte a 26 de septiembre de 2023, que ha verificado 394 asesinatos de firmantes. Además, me ha informado que esta cifra ha ascendido a 404 homicidios, entre ellos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres.
A este panorama se suma la impunidad que me atrevería a caracterizar como una impunidad estructural, frente a los perpetradores y en particular los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de las personas firmantes.
Sobre este punto considero que es de suma importancia la sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional al declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales en el acuerdo final de paz, entre otras cosas, «se declara por vulneración sistemática de derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político Comunes».
Considero que debe existir una estrategia intersectorial para su protección integral, más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la UNP. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz, se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas.
En ese sentido, celebro que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, creada por el acuerdo de paz haya aprobado el pasado 2 de noviembre de 2023 el Plan estratégico de Seguridad y Protección (PESP). Es importante y urgente que el Gobierno nacional expida el marco normativo para que este plan se integre a la legislación colombiana vigente, y que garantice los recursos humanos y presupuestarios suficientes para su implementación pronta y efectiva.
- Vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica de las personas comparecientes
Otra situación que considero problemática para la implementación del proceso de reincorporación previsto en el acuerdo de paz es la relativa a la seguridad jurídica de las personas firmantes.
Un número considerable de excombatientes han sido amnistiados por vía administrativa, en relación con delitos políticos y conexos. Sin embargo, he conocido información diversa y contradictoria sobre la efectiva notificación de todas las amnistías administrativas que han sido concedidas desde 2017. He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos.
Firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado.
- Debilidades de coordinación interinstitucional
Un aspecto central y que urge ser abordado a la brevedad y de manera clara y decidida, es la coordinación entre las diferentes entidades, autoridades e instancias, quienes juegan un papel en la implementación del acuerdo de paz.
Es un acuerdo transformador y ambicioso que no se limita a detener el conflicto armado, sino que está concebido para que su implementación pueda enfrentar las causas estructurales del conflicto y la injusticia histórica padecida por ciertas poblaciones como las mujeres, las personas campesinas, y los pueblos étnicos.
Por ende, su abordaje holístico exige una verdadera y efectiva articulación y coordinación interinstitucional. Específicamente, es sumamente importante que exista una estrategia de coordinación entre las instituciones estatales a nivel nacional y las gobernaciones y alcaldías que resultaron elegidas en las elecciones regionales del pasado mes de octubre.
Estoy convencida de la inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del Acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional.
Los problemas de descoordinación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador y del más alto nivel, dificultan la implementación efectiva del acuerdo de paz. Así, la descoordinación y la desarticulación conducen a la duplicidad de recursos para los mismos objetivos y dificultan que las intervenciones estatales lleguen de manera efectiva a los territorios y tengan una mayor incidencia e impacto transformador.
- Legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
No cabe duda de que uno de los avances más notables desde la firma del acuerdo de paz es la puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
En el 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición publicó su Informe Final “Hay futuro si hay verdad”, informe que permitió avanzar, entre otros aspectos fundamentales, en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad y en el reconocimiento de los múltiples legados de la violencia del conflicto y sus factores de persistencia.
En este punto quisiera reiterar que los hallazgos de la Comisión demuestran que, a la violencia del conflicto armado, se le sumaron otras violencias. Como lo resalta el informe final de la Comisión: “El racismo y el clasismo, pero también el patriarcado y una conciencia precaria sobre el lugar y valor de la infancia, la adolescencia y la juventud han generado daños acumulados en quienes han vivido históricamente bajo estos órdenes sin ser reconocida su humanidad e igualdad. Por ello, la violencia en su contra se ha naturalizado y justificado.”
De ahí que considero que los patrones y las violaciones de derechos humanos halladas por la Comisión deben guiar futuras soluciones al conflicto.
La implementación de sus recomendaciones es clave para la no repetición; por ello es fundamental dotar de recursos y capacidades al Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como implementar desde el Estado estrategias de difusión de las recomendaciones en todo el país, en estrecha colaboración con las nuevas autoridades locales quienes deben integrar las recomendaciones en sus planes de desarrollo, como hoja de ruta para la construcción de paz y la no repetición. Asimismo, es importante que se le dote a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia de los recursos para que brinde la asistencia técnica para ayudar a implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, de conformidad con lo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 53/22.
- Rezago en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género
No quisiera terminar esta conferencia de prensa sin recomendar que se avance en la implementación del capítulo étnico y del enfoque de género, las cuales, según he podido observar, son las acciones con los indicadores que cuentan con menos porcentaje de implementación. Es de advertir que actualmente muchos de los planes y programas en estos temas, no han iniciado o tienen un mínimo de implementación, generando preocupación en cumplir con la meta pautada en el acuerdo de paz.
Como he indicado anteriormente, el acuerdo de paz no busca solamente poner fin a un conflicto armado de más de 50 años sino abordar las causas estructurales de injusticias, exclusión y discriminación. Desde esta perspectiva, para poder efectivamente transformar la realidad de los territorios y de tantos colombianos y colombianas, el capítulo étnico y las disposiciones de género son elementos esenciales precisamente para lograr dichas transformaciones.
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