Corte Suprema eleva penas a ocho militares (r) por 15 homicidios calificados en caso Caravana de la Muerte
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El fallo emitido por la Corte Suprema marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del pasado oscuro de Chile. En el caso conocido como «Caso Caravana de la Muerte. Episodio La Serena», ocho militares en retiro han sido condenados por su implicación en los crímenes de 15 personas el 16 de octubre de 1973.
La Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier, ha dictaminado una sentencia que reafirma la responsabilidad de los acusados. Pedro Espinoza Bravo y Juan Chiminelli Fullerton enfrentarán 15 años y un día de presidio como autores de los 15 homicidios calificados.
Víctor Hugo Alegría Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González cumplirán 10 años y un día de presidio como cómplices de los crímenes, mientras que Juan Emilio Cheyre Espinoza, recibirá 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, también como cómplice.
Hernán Valdebenito Buggman, Guillermo Raby Arancibia y Luis Araos Flores, en tanto, fueron condenados a 5 años y un día de presidio como encubridores.
La sentencia de la Corte Suprema recalca la importancia de analizar meticulosamente cada grado de participación de los acusados. En el caso de Juan Emilio Cheyre Espinoza, se determinó un error al clasificar su involucramiento como encubridor en lugar de cómplice, subrayando su participación en la toma de decisiones cruciales respecto a la identificación de las víctimas que luego serían ejecutadas.
El fallo resalta la reunión entre la Comitiva y el personal del Regimiento de Artillería N° 2 Arica de La Serena como un momento clave previo a los delitos, donde se revisaron antecedentes de detenidos políticos para acelerar procesos y ejecutar a algunos de ellos. Se hace hincapié en la responsabilidad de quienes formaban parte de este círculo selecto de la Unidad Militar, incluyendo a Cheyre Espinoza, en la toma de decisiones que llevaron a la tragedia.
Además, se desestimó la minorante de actuar bajo órdenes para los condenados, considerando que la ejecución de los crímenes no se enmarcaba en un deber jurídico de obediencia absoluta en el Ejército, sino en una acción ilegal y contra los derechos humanos.
La sentencia de la Corte Suprema no solo es un paso fundamental para hacer justicia a las víctimas y sus familiares, sino que también establece un precedente en la búsqueda de verdad y reparación en casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado de Chile. La condena y la revisión minuciosa de los roles de los implicados representan un firme compromiso con la memoria histórica y la justicia en el país.
En el ámbito civil, se ha dictaminado que el fisco deberá pagar una indemnización total de $3.200.000.000 (tres mil doscientos millones de pesos) a 32 familiares de las víctimas como compensación por el daño moral sufrido.
Este fallo judicial refuerza la importancia de perseguir y castigar los crímenes del pasado para garantizar un futuro basado en la justicia y el respeto a los derechos humanos en Chile.
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Felipe Portales says:
No está demás decir que «La Firme» fue una de las tantas víctimas del cierre de periódicos de centro-izquierda provocado por la sistemática y solapada política de exterminio de dichos medios llevada a cabo por los sucesivos gobiernos de la Concertación a partir de 1990. Política en que que el eje central fue la permanente discriminación en su contra del avisaje estatal.
Felipe Portales says:
Una impunidad de facto. Además, hubo denuncias públicas en su contra por torturas que -todo indica- ni siquiera fueron investigadas. Al menos, de Eliana Rodríguez Dubó quien denunció que Cheyre condujo el grupo que allanó su casa en La Serena después del golpe: «Cheyre me decía que me había ‘buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme’. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto. Todos eran del Regimiento N°21 Arica, de La Serena. Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles, etcétera (…) Cheyre les dijo: ‘rompan el living porque ahí debe haber armas guardadas’ (…) Junto con los insultos me tiraron al suelo y comenzaron a patearme, me levantaban para volverme a tirar al suelo, mientras esto sucedía a mi esposo también lo golpeaban pero con la parte trasera de las metralletas. A mi madre y a mis hijos les tenían apuntados con sus metralletas, presenciando todo esto». Luego se la llevaron al Regimiento Arica: «Ahí empezó lo más horrible (…) Fui violada (…) Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina… Fui arrojada a una celda de castigo de donde era sacada para ser llevada a las sesiones de tortura. Permanecía sin alimentos ni agua. Bebía la que se acumulaba en los rincones con orina y restos de fecas. Juan Emilio Cheyre Espinosa dio orden para que se me fusilara… El falso fusilamiento se efectuó. Dijo ‘saquen a esta maraca afuera y mátenla'» («La Firme»; Periódico semanal, N° 244, 2-4-2002).
Gino Vallega says:
O sea, el asesino Cheyre es condenado SIN CONDENA, 5 años vigilado O CUIDADO por los milicos por orden de los terraplanistas SUPREMOS? CHILE CORRUPTO NO TIENE SISTEMA JUDICIAL !