Amnistía Internacional alerta sobre la independencia judicial en casos de violaciones de derechos humanos en Chile

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El próximo 7 de mayo marca una fecha crucial para la justicia en Chile, con la audiencia de formalización de altos mandos y ex mandos de Carabineros por presuntas violaciones de derechos humanos y delitos de carácter internacional durante las protestas de fines de 2019. En medio de este proceso, Amnistía Internacional ha dirigido una carta abierta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expresando su preocupación y llamando a garantizar la independencia y autonomía de los fiscales encargados de la investigación.

La organización internacional de derechos humanos ha señalado su inquietud por las presiones e injerencias indebidas dirigidas hacia los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quienes lideran la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros. Tanto la defensa del general director de Carabineros como autoridades políticas han vertido señalamientos graves contra ambos fiscales, generando preocupación sobre posibles interferencias en el proceso judicial.

La independencia judicial es un principio fundamental, esencial para garantizar un juicio justo. Los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocen la independencia judicial como un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos subraya que el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos de manera inmediata y exhaustiva, manteniendo la independencia e imparcialidad del proceso.

A nivel nacional, la independencia de los tribunales está consagrada en la Constitución Política de la República y el Código Orgánico de Tribunales. Asimismo, la autonomía e independencia del Ministerio Público se establece tanto a nivel constitucional como por ley orgánica constitucional (LOC), asegurando que los fiscales encargados de la investigación actúen de manera independiente y autónoma.

Dada la importancia del papel desempeñado por los fiscales en la preservación del estado de derecho, especialmente en casos que involucran graves violaciones de derechos humanos posiblemente cometidas por altos funcionarios del Estado, es imperativo que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del Ministerio Público, garantice la autonomía e independencia de los fiscales involucrados en este caso crucial. Amnistía Internacional destaca la necesidad de resguardar la integridad del proceso judicial y de proteger a los fiscales de cualquier tipo de presión indebida.

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