Proyecto de reforma a las isapres llega a la Cámara en medio de la incertidumbre por el alza de planes y un nuevo perdonazo
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La discusión en torno al proyecto de ley que modifica las instituciones de salud previsional, Isapres, calienta desde el inicio el ámbito legislativo chileno. La pasada votación en el Senado, que dio luz verde a la iniciativa además de sumar el polémico concepto de «mutualización» de la deuda de las isapres, ha generado críticas, especialmente por parte de algunos parlamentarios que consideran que la versión aprobada tiene deficiencias significativas y constituye en los hechos un perdonazo a la deuda y el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema.
Entre las voces críticas destaca la de la diputada Ana María Gazmuri, quien desde el inicio de la discusión ha expresado su preocupación por lo que considera un «perdonazo» a las deudas de las aseguradoras privadas. Según Gazmuri, el proyecto aprobado por el Senado implica una rebaja sustancial en la deuda que las Isapres mantienen con sus afiliados, lo cual, en su opinión, beneficia desproporcionadamente a estas instituciones en detrimento de los usuarios del sistema de salud.
En una entrevista reciente en El Siglo, la diputada Gazmuri enfatizó la importancia de revertir ciertos aspectos del proyecto, como la mutualización de la deuda y la eliminación del tope para la adecuación de los precios base de los planes de las Isapres. Según sus cálculos, estas medidas representan una rebaja de al menos 700 millones de dólares en la deuda de las Isapres, fondos que, según ella, deberían ser devueltos a los usuarios afectados.
Las críticas también han venido desde el Senado, donde el senador Juan Luis Castro ha denunciado los reajustes en los planes de las Isapres que, en su opinión, trasladan el descalabro financiero de estas instituciones al bolsillo de los afiliados. Castro hizo un llamado a los usuarios a estar atentos a las notificaciones de aumentos en el precio de los planes y a considerar la posibilidad de apelar a la Superintendencia de Salud o recurrir a la justicia.
Por su parte, el senador Daniel Núñez ha calificado el alza de planes de las Isapres como inmoral, señalando que estas instituciones no pueden intentar salvarse a costa de los afiliados a quienes, ilegalmente, les aumentaron el precio de sus planes. Núñez expresó su rechazo a lo que calificó como una «sinvergüenzura» y afirmó haber votado en contra de la medida.
¿Y el gobierno?
En medio de estas críticas, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha defendido el proyecto de ley, destacando su objetivo de fortalecer el sistema de salud pública y evitar la judicialización futura del sistema privado. Aguilera enfatizó que el proyecto busca cumplir con las sentencias de la Corte Suprema y proteger el acceso de las personas a la salud, asegurando la continuidad de las coberturas.
Además, la secretaria de Estado explicó que el proyecto de ley establece el marco jurídico para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Suprema respecto de la tabla única de factores y sentencia GES, que ya fue cumplida. “También es como objetivo del proyecto evitar la judicialización futura del sistema de salud privado y para eso, establece nuevas facultades y atribuciones de la Superintendencia de Salud y, por lo tanto, establece propuestas regulatorias que permitían demostrar la voluntad del Ejecutivo de regular ese elemento y que tuviera un cauce más natural en el sentido de cómo se estaban fijando las primas de la Garantía Explícita de Salud”, agregó.
Durante la sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, la ministra Aguilera también señaló el compromiso del Ejecutivo de “enviar uno o más proyectos de ley que se hagan cargo de una reforma que permita solucionar los déficits del sistema Isapre, que la hacen incompatible con la seguridad social y que, a la vez, permita la posibilidad de transitar en algunos casos voluntariamente, por cierto, a las Isapres hacia seguros complementarios cuando ellos lo quieran”.
La autoridad enfatizó, además, en que el objetivo del proyecto es cumplir la sentencia de la justicia y, al mismo tiempo, proteger el acceso de las personas a la salud, asegurando la continuidad de las coberturas. “Lo que a nosotros nos motiva como Ejecutivo es la responsabilidad, es la necesidad de garantizar la continuidad del acceso a la atención de salud, el evitar los riesgos de disrupción de la cobertura o de la atención de los prestadores privados, particularmente, y de la cobertura de seguros de las personas afiliadas a las Isapres y eso está el centro de la preocupación del Ejecutivo”, concluyó.
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