Ecuador: Dos meses bajo estado de excepción y creciente preocupación por las violaciones de derechos humanos

El presidente Daniel Noboa decidió extender por 30 días más el estado de excepción, la única prórroga legalmente posible. Esto significa que las Fuerzas Armadas ecuatorianas estarán en las calles y las cárceles junto a la Policía Nacional durante un mes más para neutralizar a los 22 grupos delincuenciales catalogados como terroristas.

Más de 11.700 personas han sido detenidas en los operativos de las fuerzas del orden. Si bien el jefe de Estado ha respaldado en varias ocasiones la labor de los agentes, existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles sobre presuntas violaciones de derechos por parte de los uniformados.

A medida que aumenta la cantidad de detenidos, también crecen las dudas sobre su ubicación y cuántos han sido procesados legalmente. Defensores de derechos humanos denunciaron que el contexto de estado de excepción y conflicto armado interno ha desencadenado una “guerra contra las personas empobrecidas y racializadas”.

Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, aseveró que la militarización de cárceles y calles no reduce la criminalidad y, por el contrario, sí aumenta la violación de derechos. Bastias mencionó tener constancia de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de los militares hacia reos de centros penitenciarios.

Nadia Rivadeneira, de la organización Mujeres del Frente, expresó preocupación por el discurso de odio punitivista contra personas racializadas y empobrecidas. Rivadeneira advirtió que este discurso de “Bukelización” está calando en el país sin profundizar en las causas detrás de la criminalidad.

Las organizaciones sociales que convocan a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Quito este viernes exigen “paz con justicia social”. En un comunicado, señalan que las cifras de detenciones sirven como cortinas de humo para justificar la militarización y que mientras no haya voluntad para buscar una solución real, las comunidades, barrios y jóvenes serán los que se queden sin presente ni futuro.

Las organizaciones rechazan la militarización y afirman que no quieren calles llenas de militares y policías porque saben que ellos pactan con el narcotráfico a costa de sus vidas.

En este contexto, la situación en Ecuador sigue siendo tensa y compleja. El Gobierno enfrenta el desafío de encontrar una solución efectiva a la violencia sin recurrir a medidas que vulneren los derechos humanos. La sociedad civil, por su parte, exige un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la inseguridad.