El pueblo no tiene quien le escriba

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Esta frase del título no será muy original, pero cuenta la virtud de ser muy cierta, casi universalmente verdadera.

Basta hacer un recorrido por América Latina y se podrá ver que el poder no lo maneja el pueblo sino las élites. Y si extiende la mirada al Mundo, también encontrará que el poder de decisión se va concentrando en manos que no son del pueblo.

Eso del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, quedó en los anaqueles del recuerdo. Hoy se gobierna por las élites (de cualquier color), con las élites y para las élites.

Usted puede retrucar que esto siempre ha sido así.  Vilfredo Pareto, dentro de su postura cínica de la sociología del poder, sostenía algo parecido. No creía en las revoluciones totalistas, pues decía que se cambian las élites oligárquicas por las élites burocráticas…,y los privilegios siguen administrados en las cúpulas. También Max Weber llega a los mismos resultados, dada su postura sociológica fundamental de la racionalización creciente, lo que lleva a la administración como totalidad, formalizada en la planificación.

En consecuencia vemos que el mundo presente vive la “expropiación” o enajenación progresiva del poder por las corrientes ideológicas que vienen a fusionar las variables económicas (concentración de las capacidades productivas) con la variable sociológica (concentración del poder político y de decisión), lo que incluye el empoderamiento de la superestructura jurídica y comunicacional. Es decir, esta apropiación o “expropiación” totalista del poder, implica marginar al ciudadano común de sus atribuciones subjetivas y objetivas frente al poder. Eso que desde Locke se demandaba como imprescindible (que el sujeto –cada ciudadano- contara con la autonomía económica suficiente para hacer frente a las arremetidas despóticas del poder concentrado en pocas manos, pero muy omnipresentes).

El filósofo posmoderno Vattimo, sostiene que en la sociedad actual se debe “adelgazar” el poder que se entrega a los que dirigen, pues si se les entrega mucho poder de decisión, se pierde la libertad de los ciudadanos o se distorsiona, pues tienden a derivar a intereses propios más que a los generales. Vattimo ataca directamente la calidad de la representatividad en las democracias, donde vemos que lleva mucha razón si miramos el color de las plumas de las aves que nos representan.

“Adelgazar el poder” que se delega no tiene otra traducción que controlar, limitar y delimitar los poderes. Es decir, debe existir jurídicamente la posibilidad que el representado (el ciudadano común) pueda denunciar, criticar, advertir, aconsejar o darle una patada en el trasero al representante que lo defrauda, se le desvía, lo dilata o simplemente se cambia de equipo, sirviendo a otro señor del que prometió servir.

Para contar con esta capacidad ciudadana de participar directamente en la gestión del poder existen varias posibilidades: plebiscitos nacionales o locales, consultas revocatorias hacia los representantes, organización comunitaria, democratización de las comunicaciones, reglamentación democratizadora en la génesis y acción de los partidos políticos, sistema de justicia mínimamente distante de las jaulas del poder económico, político y social.

Como podemos apreciar, ninguna de estas condiciones se dan en nuestra pretendida democracia, a pesar que se le han ido quitando las caparazones impropias, como los senadores designados y vitalicios, las atribuciones desmedidas del Consejo de defensa nacional, del sistema binominal y otras que poco se remarcan en la distribución anómala del poder, que es lo que sufrimos, pero que ahí están: discriminación del avisaje del Estado en la prensa dominante, excepciones, perdonazos, subsidios tributarios que, invariablemente, favorecen a los que concentran el poder, y bien señalábamos antes que poder que se acumula en pocas manos se sustrae de las manos de los muchos.

Decíamos que los partidos políticos deben ser vigilados en su génesis como en su distribución interna del poder. Sabemos que la dispersión de partidos no es mala de por sí, pues permite que otras voces minoritarias sean escuchadas. Pero lo que no es bueno, es que los partidos se transformen en clubes de poder, que sean apropiados por poderes financistas o derechamente por mafias del lobby.

Es cierto que los aventureros políticos, esos tránsfugas sin principios y con más intereses que ideas, pronto quedan al descubierto, pero el riesgo radica en que van desviando la acción necesaria hacia objetivos subalternos o derechamente contraproducentes, que desprestigian a la democracia o la convierten en banal, desafectada y retrasan lo que es urgente para dar gobernabilidad y viabilidad a los Estados modernos, que están sometidos a un gran estrés competitivo, lo que obliga a ser extremadamente eficiente y efectivo en las materias de decisión pública.

Al comienzo decíamos que el pueblo no tiene quien le escriba. Esto, porque quienes escriben son las élites para beneficio propio y cuando el pueblo logra filtrar hacia las estructuras del poder a  alguien de su simpatía, normalmente los parlamentos resultan adversos y bloquean todo lo que pueda afectar los intereses de las élites. Esto lo vemos en el caso de Chile, del Perú, de Brasil, de Colombia y hasta del mismo EE.UU.

De esta forma, lo que tenemos son democracias paralizadas, estancadas. No pueden avanzar en los cambios mínimos para salir del empantanamiento. Al suceder esto, cuando no se avanza, se está perdiendo terreno y, de paso, se está deslegitimando el sistema democrático, que se transforma en un juego frívolo de intereses soterrados o manifiestos, que se ponen en escena en los actos palaciegos del poder y de los medios oficiales, cuya intrascendencia no hace más que abonar al cortejo alegórico y patético de la degeneración.

Solución: como decíamos, cada gobierno debe tener la posibilidad de llamar a un plebiscito a mitad de su ejercicio para someter a la voluntad popular aquellas materias en que el incordio lleve a la “parálisis estructural”. Pero para que esto funcione, se debe tener acceso a un ejercicio equitativo del derecho de difundir las opiniones. Es decir, para empezar, el Estado debe diseñar un sistema de distribución del avisaje público que permita a los medios alternativos ir asomando la voz que normalmente carece de herramientas y financiamiento para hacerse oír.

Por Hugo Latorre

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