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Chile es uno de los pocos países –quizás incluso el único – que tiene tratados de libre comercio firmados y en plena vigencia con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos, es decir, con tres de las potencias que se disputan hoy en día el poder en el campo del comercio internacional (y en otros ámbitos también). Esos TLC fueron firmados por Chile en el período de apogeo de la globalización y del neoliberalismo, donde se suponía o se aceptaba que la apertura o liberalización del comercio internacional era la medida más apropiada y conveniente para todos los países del mundo y todo lo que permitiera avanzar en esa dirección se asumía como de carácter positivo. Esa era la idea fuerza que imperaba en la política y en el comercio internacional. Hoy en día las cosas han cambiado. La competencia de carácter militar, geoestratégica o tecnológica han pasado a tener una importancia crucial en la política y en el comercio de las grandes potencias, de modo que se levantan barreras arancelarias, para arancelarias, o prohibiciones puras y simples, que nada tiene que ver con el libre comercio. También la lucha por el acceso seguro, e incluso privilegiado, a materias prima que tengan importancia estratégica para la economía o para la producción potencial de armas, ha pasado a presidir las relaciones políticas entre los estados.

Al hecho de ser Chile socio de las tres potencias se agrega la circunstancia de que todas ellas demandan – como cuestión estratégica en su desarrollo futuro y en su pugna de unas con las otras – de ciertas materias primas que nuestro país posee, básicamente el litio y el cobre. El mundo puede sobrevivir sin frutas y sin salmón, pero no puede sobrevivir sin cobre y sin litio, productos todos ellos en los cuales Chile es un productor ubicado claramente en las grandes ligas.

Todo lo anterior conduce a que la capacidad de negociación de Chile, en lo que se refiere a comercio e inversión en el mundo contemporáneo, se acrecientan con respecto a lo que sucedía en décadas anteriores, cuando se firmaron los tratados mencionados.  En los nuevos tratados -, si es que queda alguno por firmar – o en la revisión o modernización periódica que se hace de los tratados existentes, se pueden, por lo tanto, formular algunas demandas que serían muy útiles para Chile y un buen precedente para el resto de los países en desarrollo.

Entre esas potenciales demandas, sin ánimo de ser exhaustivo, se pueden mencionar las siguientes:  separar los convenios comerciales de los convenios relativos a inversión extranjera; mantener los convenios comerciales en sus términos actuales, solo dejando las puertas abiertas como para ser menos liberales en las importaciones de aquellos pocos productos que en un futuro sean parte relevante en los planes de desarrollo del país; eliminar de las normas relativas a inversiones toda mención a la expropiación indirecta,  dejando solo la expropiación como el cambio obligado de propiedad de un activo, en beneficio del estado; dejar como criterio en materia de indemnización el precio de mercado, abandonando toda mención de un precio justo, que no se sabe bien qué significa; hacer que las controversias sean entre las partes firmantes de los tratados, es decir, los países parte, y no  entre eventuales empresas y el estado; someter las controversias a tribunales permanentes de Naciones Unidas, de modo de ganar ecuanimidad y rebajar costos; dejar abierta la puerta para que el país receptor de la inversión extranjera pueda imponer requisitos de desempeño a las empresas extranjeras, tales como que un porcentaje de la producción se canalice a la exportación, o que un porcentaje de los insumos sean comprados en mercado nacional, cuestiones estas hoy en día prohibidas en muchos de los TLC.




Nada de esto va a ser aceptado de buenas a primeras por nuestros socios comerciales, pero es importante ir abriéndole paso a ideas que no sean la mera reiteración de lo que se firmó inicialmente. Un paso trascendental en estas materias sería que los países latinoamericanos, o por lo menos los sudamericanos, pudieran tener un tratamiento único o colectivo en materia de inversiones extranjeras, que no las prohíba ni les ponga límites a las tasas de ganancias obtenibles, pero que no ponga a los países de la región a competir los unos con los otros  en materia de garantías y privilegios al inversor extranjeros, sino que puedan todos competir en materias normativas, sociales, laborales, políticas, jurídicas, comunicacionales, de servicios, tecnológicas u otras. En materia de integración regional, ésta podría ser una iniciativa que escape a lo convencional y que podría tener grandes beneficios colectivos.

 

Sergio Arancibia

 

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Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín

 



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Economista

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