CONDEPP critica a pescadores industriales por falta de autorregulación y cuestiona acción legal contra ministro de Economía
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El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP) ha cuestionado en duros términos el recurso de protección presentado por los Pescadores Industriales del Biobío contra el ministro de Economía, Nicolás Grau. La acción legal busca frenar las restricciones impuestas a la captura de sardina de baja talla, lo que, según CONDEPP, evidencia una falta de compromiso con la sostenibilidad pesquera.
El presidente de la organización, Hernán Cortés, enfatizó que los pescadores industriales han demostrado una incapacidad histórica para autorregularse. «Si denuncian que en sus plantas se procesa sardina fuera de la talla normativa, la pregunta evidente que surge es: ¿por qué la están comprando? Si realmente les preocupa la sostenibilidad, no deberían recibir estos desembarques», cuestionó.
Además, Cortés puso en duda la credibilidad de los datos presentados por la industria pesquera, señalando que el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) ha sido durante años la fuente técnica y científica principal para la administración pesquera en Chile. «¿Por qué ahora ASIPES cuestiona su informe y utiliza como referencia un estudio de INPESCA, entidad privada financiada por la misma industria? ¿Con qué objetivo?», agregó el dirigente.
Para CONDEPP, la acción legal impulsada por los pescadores industriales responde más a una estrategia política que a una preocupación real por la sostenibilidad de los recursos marinos. «Nos parece que esta estrategia busca desacreditar al Ministerio de Economía y frenar el avance de la Ley de fraccionamiento pesquero y la nueva Ley de Pesca. Más que una preocupación genuina por la sostenibilidad, parece una maniobra para defender privilegios que están en proceso de terminar», afirmó Cortés.
Finalmente, CONDEPP hizo un llamado a la transparencia y a la responsabilidad de los Pescadores Industriales del Biobío (ex-ASIPES), instándolos a asumir su rol en la compra de sardina fuera de la talla permitida, en lugar de desviar la atención hacia las autoridades regulatorias. Según la organización, la defensa de los recursos pesqueros debe priorizarse sobre los intereses económicos de un sector específico.
