Pescadores artesanales mantienen las protestas contra cambios en el Senado al proyecto de ley de Fraccionamiento
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Las organizaciones de pesca artesanal continuaron ayer con protestas en las regiones de Valparaíso, El Maule y Coquimbo, exigiendo al Senado la pronta aprobación de la Ley de Fraccionamiento, que consideran esencial para el resguardo de sus derechos y el acceso equitativo a los recursos marinos.
En San Antonio y Valparaíso, los pescadores levantaron barricadas y se enfrentaron con fuegos artificiales y objetos contundentes a la policía de Carabineros, que respondió con carros lanza agua y bombas lacrimógenas para dispersar la manifestación. Las tensiones ya habían escalado la víspera, cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al Congreso Nacional, siendo repelido por un fuerte contingente policial.
Mientras tanto, en la región de Coquimbo, otro grupo de trabajadores interrumpió el tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de La Serena, bloqueando la circulación en dirección al sur. Las imágenes del lugar muestran extensas filas de camiones y vehículos ligeros que se prolongan por al menos cinco kilómetros, reflejando el impacto de la protesta en la conectividad de la zona.
El foco del conflicto radica en la Ley de Fraccionamiento, que busca establecer nuevas cuotas de captura para la pesca artesanal e industrial de especies altamente demandadas, como la merluza, el jurel y la jibia. Durante su tramitación en la Cámara de Diputados, se aprobaron disposiciones favorables para los pescadores artesanales, quienes históricamente han enfrentado dificultades ante la competencia de grandes consorcios nacionales e internacionales.
No obstante, al llegar la legislación al Senado, la situación cambió drásticamente. Denuncias provenientes del sector artesanal apuntan a fuertes presiones empresariales sobre los legisladores de derecha, lo que habría derivado en modificaciones sustanciales al proyecto. Por ejemplo, en el caso de la merluza, la versión inicial del texto otorgaba el 70 por ciento de la cuota a los pescadores artesanales y el 30 por ciento a la industria, pero en la Cámara Alta esta distribución se invirtió, asignando el 57 por ciento a la gran empresa y reduciendo la participación artesanal al 43 por ciento.
Además de los cambios en la distribución de cuotas, las organizaciones denuncianuna dilatación innecesaria en la votación final del proyecto, lo que ha intensificado el descontento y generado un clima de movilización permanente en diversas regiones del país. Los pescadores han advertido que, de no obtener respuestas satisfactorias, continuarán con las protestas y el bloqueo de rutas estratégicas para visibilizar su demanda por una legislación más equitativa.
