Tribunal Constitucional destituye a senadora Isabel Allende por contrato con el Estado
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En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió este jueves, con una votación de 8 a 2, destituir a la senadora Isabel Allende (PS) por vulnerar la norma constitucional que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado. El caso se originó a raíz de la fallida compraventa de la casa donde vivió su padre, el expresidente Salvador Allende, inmueble que el Ministerio de Bienes Nacionales pretendía adquirir para convertirlo en museo.
La determinación del TC marca un precedente sin precedentes en la política chilena, siendo la primera vez que se acoge un requerimiento que culmina con la cesación del cargo de un parlamentario. Allende, quien llevaba más de 30 años en el Congreso y representaba a la Región de Valparaíso, deberá abandonar anticipadamente su escaño en el Senado, cuyo mandato finalizaba en 2026.
Responsabilidades compartidas
La responsabilidad en este caso no recae únicamente en la senadora. El Ejecutivo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, respaldó públicamente la iniciativa sin prever que se trataba de un contrato inconstitucional. La insistencia del mandatario y la falta de experiencia de sus asesores permitieron que el caso escalara hasta convertirse en una crisis política evitable.
En la sesión del miércoles, el pleno del TC escuchó los alegatos de los abogados requirentes Emiliano García (Partido Republicano) y Máximo Pavez (Chile Vamos), así como de la defensa de Allende, encabezada por Gabriel Osorio. La contundente mayoría del tribunal, integrado por jueces como Daniela Marzi, Nancy Yáñez y Raúl Mera, determinó que no se trató de un simple error técnico, sino de una vulneración grave a la Constitución.
Mayoría contundente en el fallo
La decisión del TC fue respaldada por ocho ministros: Marzi, Yáñez, Silva, Peredo, Precht, Mera, Fernández y Mery. Solo Catalina Lagos y Mario Gómez votaron en contra. Este contraste refuerza la percepción de que incluso juristas cercanos al oficialismo consideraron que la senadora cruzó un límite inaceptable.
Errores de gestión y juicio político
Además de la falta de criterio político y jurídico por parte del Gobierno, también ha llamado la atención la decisión de Allende de seguir adelante con la operación, a pesar de su amplia experiencia parlamentaria. Con más de tres décadas en el Congreso, su actuar ha sido calificado como irresponsable incluso por sectores moderados, que esperaban mayor prudencia de una figura emblemática del socialismo chileno.
La destitución de Isabel Allende no solo sacude al Congreso, sino que también pone en entredicho la capacidad del Ejecutivo para anticipar conflictos constitucionales de alto impacto. La crisis generada por este caso podría repercutir en futuros procesos legislativos y en la imagen del oficialismo en un contexto político ya marcado por la incertidumbre.
Felipe Portales says:
Una resolución completamente acorde al Artículo 57 de nuestra Constitución Política que estipula: «Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado». Disposición que, en los mismos términos, estaba en el Artículo 31 de la Constitución que rigió entre 1925 y 1973…
Serafín Rodríguez says:
Quienes votaron en contra de la remoción de Isabel Allende:
— Mario Gómez, designado por la Corte Suptema
— Catalina Lagos, designada por el Senado
Las dos ministras designados por Boric votaron a favor de la destitución:
— Daniela Marzi (Presidenta del TC)
— Nancy Yáñez
Es decir, no se alinearon ideológicamente con Boric e hicieron prevalecer su mejor entendimiento de lo que manda la Constitución —una garantía de la seriedad y legitimidad del fallo.
Serafín Rodríguez says:
Lo que más molesta en todo esto es la afirmación de la ex Senadora de que ella jamás recibió ningún peso, una forma de victimizarse falsamente porque ella sabe perfectamente que su destitución no fue aprobada porque recibiera algún dinero sino porque se involucró en una violación a un mandato de la Constitución vigente, cualquiera que hayan sido sus intenciones. Este tipo de defensa pública de la ex Senadora es una forma de embolinar la perdiz para hacerse la víctima, acusar veladamente al TC de prevaricación y distraer la atención del tema de fondo.