A tres años del Estado de Excepción en Wallmapu: organizaciones mapuche denuncian continuidad de la militarización bajo el gobierno de Boric
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A tres años de la instauración del Estado de Excepción en la zona sur del país, organizaciones mapuche emitieron un duro comunicado en el que denuncian la continuidad y profundización de la militarización del Wallmapu, territorio ancestral mapuche. La declaración fue difundida este fin de semana por diversas redes territoriales y sociales, bajo el título “Comunicado a tres años del Estado de Excepción en Wallmapu”.
La medida, implementada originalmente por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021, fue concebida como temporal, con una duración estimada de seis meses. Sin embargo, desde el 17 de mayo de 2022 ha sido prorrogada sistemáticamente por el gobierno de Gabriel Boric, convirtiéndose en el Estado de Excepción más prolongado en la historia reciente del país.
Según el comunicado, la actual administración no sólo ha mantenido la presencia militar en el territorio, sino que la ha intensificado, consolidando “una ocupación militar sobre nuestros territorios ancestrales y profundizando la violencia política ejercida contra el Pueblo Nación Mapuche”.
Entre las principales denuncias, las comunidades señalan el aumento de controles arbitrarios, allanamientos violentos realizados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), y un constante hostigamiento a los Lof en resistencia. “Son más de 450 las querellas interpuestas por este gobierno contra pu Lamngen”, señala el texto, lo que a juicio de las organizaciones evidencia “su pacto con la criminalización y no con la solución real del conflicto: la restitución territorial y el reconocimiento de nuestra soberanía”.
El comunicado también denuncia la situación de los presos políticos mapuche, quienes, afirman, sufren constantes vulneraciones a sus derechos humanos, como traslados a cárceles a más de 450 kilómetros de sus comunidades, procesos judiciales irregulares y condenas sin pruebas suficientes. “Esta situación afecta no sólo su integridad, sino también a sus familias y comunidades”, sostienen.
Uno de los aspectos más críticos señalados por el texto es el impacto de la militarización en la infancia mapuche. El comunicado describe un escenario en el que niñas y niños crecen “rodeados de tanquetas, helicópteros y fusiles”, siendo testigos y víctimas de operativos policiales que incluyen el uso de gases lacrimógenos en viviendas y escuelas. “El Estado ha normalizado que la infancia mapuche viva bajo amenaza”, afirman con contundencia.
Las comunidades también expresaron su rechazo a las iniciativas gubernamentales como el Plan Buen Vivir y la Comisión para la Paz y el Entendimiento, calificándolas como intentos de maquillar la represión con discursos de diálogo. “No representan los intereses ni las voces legítimas de los Lof en resistencia”, señalan.
Finalmente, el comunicado reafirma la lucha por la autodeterminación del Pueblo Nación Mapuche, exigiendo el retiro inmediato de las fuerzas militares y policiales, la liberación de todos los presos políticos mapuche y el reconocimiento pleno de su soberanía. “Esta política no es una solución: es la expresión más cruda de una democracia colonial violenta que busca sofocar la legítima lucha por la autodeterminación”, concluye el texto.
A medida que se consolida el tercer año de esta medida de excepción, el conflicto en Wallmapu sigue evidenciando las profundas tensiones entre el Estado chileno y las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche.
