Contaminación, muerte de animales y abandono estatal: vecinos de Alto Mañihuales exigen respuestas tras décadas de exposición minera
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Una grave denuncia por contaminación con metales pesados movilizó a los vecinos y vecinas de Alto Mañihuales, quienes el pasado 23 de mayo recibieron a autoridades regionales para exponer una situación que arrastran desde hace más de una década. Muerte de ganado, problemas de salud humana, aguas contaminadas y la persistente impunidad de la empresa minera El Toqui marcaron los dramáticos testimonios presentados en una reunión que se desarrolló a escasos 400 metros del pasivo ambiental más emblemático de la zona: el tranque Confluencia.
La instancia fue convocada por un grupo de 27 pobladores y organizaciones sociales, con la mediación de la Junta de Vecinos N°14 de Villa Mañihuales, Mañíos y Baguales, CODESA, Red por la Defensa del Territorio Patagonia, Aisén Reserva de Vida, ONG Ecosistemas y ONG FIMA. Hasta el lugar llegaron vecinos de localidades aledañas como Lago Norte, Arroyo El Gato y Ñirehuao, algunos de ellos a caballo, para exigir al Estado una hoja de ruta clara frente a los impactos de la minería en sus vidas y territorios.
Relatos de una catástrofe silenciosa
El encuentro estuvo marcado por testimonios directos de pobladores que han sufrido la pérdida de animales y el deterioro de su salud. Bárbara Rodríguez y Felipe Pérez relataron cómo en noviembre de 2023 comenzaron a morir sus vacas sin razón aparente. Tras un examen realizado por el SAG, se diagnosticó una falla multisistémica en los animales, compatible con intoxicación por metales pesados. A pesar de esto, no se les ofrecieron recursos para analizar el resto del ganado. “Sabemos que es por la contaminación minera. Y lo más terrible es que esas vacas terminan en la feria y la gente las consume”, denunció Rodríguez.
El daño, sin embargo, trasciende lo económico. “Pensábamos que comíamos carne sana. Pero no. Con esta reunión, ojalá se haga algo, que no sea lo mismo que en 2014, que quedó todo en un simple estudio”, agregó.
Raquel Vera, otra vecina del sector, apuntó directamente a la responsabilidad de la minera El Toqui, controlada por la Sociedad Pacífico del Sur, que en mayo de este año celebró un “exitoso 2024” tras exportar 62 mil toneladas a China. “Dicen que no tienen plata para cerrar los relaves, pero sí tienen para seguir sacando. Y nosotros seguimos enfermos”, sostuvo.
Walter Gillibrand, de Lago Norte, subrayó una verdad que todos en la zona conocen: “Las aguas están contaminadas, las cenizas vuelan en verano. No es un misterio. El problema es que nadie se hace cargo”.
Estado ausente, mesa activa
Pese a la gravedad de la denuncia, la cita estuvo marcada por notorias ausencias. No asistieron representantes clave como el seremi de Minería, la directora regional del Sernageomin, ni el encargado de la SMA, organismo que en 2020 resolvió que el tranque Confluencia debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Tampoco estuvieron presentes el gobernador regional ni el alcalde de Aysén, comuna hacia donde fluyen las aguas contaminadas del yacimiento.
En contraste, sí participaron representantes de Salud, Obras Públicas, Medio Ambiente, el INDH, INDAP, el Colegio Médico, la municipalidad de Coyhaique, el CIEP y ejecutivos de la Sociedad Pacífico del Sur.
Entre los compromisos asumidos se encuentra la evaluación de recursos para estudios que analicen presencia de metales pesados en personas, suelos, forraje y ganado. La Seremi de Salud se comprometió a consultar al ISP y la Subsecretaría de Salud para avanzar en un estudio específico de la población. El SAG prometió mejorar la respuesta ante denuncias de muerte animal y entregar antecedentes sobre su investigación de 2021, que ya revelaba muertes de equinos por intoxicación. Medio Ambiente, en tanto, propuso incluir el tema en la Mesa Público-Privada de Minería de Aysén, aunque sin participación comunitaria, lo que fue criticado por los asistentes.
Asimismo, se acordó mantener activa la Mesa de Trabajo en Alto Mañihuales, como instancia informativa y de planificación. La próxima reunión fue agendada para la primera semana de julio, donde se espera avanzar en una hoja de ruta con medidas concretas.
El historial de una crisis postergada
Este conflicto no es nuevo. En 2015, un estudio del Colegio Médico ya constataba la presencia de plomo, arsénico y mercurio en habitantes de la zona. En ese entonces, el gobernador de Coyhaique, Cristian López Montecinos, impulsó una mesa que derivó en acuerdos económicos con algunas familias, pero sin solución estructural. Hoy, López ocupa el cargo de ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y ha votado favorablemente al cuestionado proyecto Dominga, lo que ha sido interpretado como una muestra más de la falta de coherencia del aparato estatal frente a los conflictos ambientales.
Para el presidente de CODESA, Erwin Sandoval Gallardo, el encuentro en Alto Mañihuales “da cuenta de la falta de urgencia que el Estado de Chile y el gobierno del Presidente Boric otorgan a este conflicto de derechos humanos”. Según Sandoval, los servicios llegaron sin respuestas claras ni compromisos firmes. “Tienen plazo suficiente para, esta vez, sí hacer este trabajo”, concluyó.
Mientras los vecinos siguen bebiendo agua de un río afectado por relaves, y los animales continúan muriendo, la comunidad espera que la próxima reunión no sea una más en la larga lista de promesas incumplidas.
