La futura oposición ya abdicó

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Hay derrotas que no se asumen: se administran. Se maquillan. Se desplazan hacia otros. Y hay culpas que no se enfrentan: se proyectan como reproches morales contra quienes todavía se atreven a incomodar. El quiebre del oficialismo, provocado por el Partido Socialista tras el fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo por el cegamiento de Gustavo Gatica, es menos un acto de dignidad política que una maniobra de fuga. Fuga hacia adelante. Fuga de responsabilidad. Fuga ética.

El problema no es solo la ruptura con el Frente Amplio y el Partido Comunista. El problema es qué tipo de oposición se está incubando justo cuando Chile entra en un ciclo especialmente oscuro: un gobierno de ultraderecha, con ministros que defendieron a Augusto Pinochet, con una agenda explícita de regresión de derechos sociales, laborales y humanos, y con una mayoría parlamentaria que, con pocos votos adicionales, puede convertirse en una aplanadora legislativa.

Frente a ese escenario, el Partido Socialista opta por no mirar al frente, sino hacia el costado. No interpela al poder que viene; se pelea con quienes se opusieron a la ley que hoy hace posible la impunidad.

Porque hay que decirlo con claridad: la absolución de Crespo no es un rayo caído del cielo. Tiene nombre, fecha y votos. Se llama Ley Naín-Retamal, aprobada en 2023 en un clima de pánico securitario, con el respaldo activo del gobierno y con los votos decisivos del Socialismo Democrático. Una ley que organismos de derechos humanos, juristas y expertos advirtieron —con precisión quirúrgica— que abriría la puerta a la “legítima defensa privilegiada”, debilitando el control judicial y erosionando estándares internacionales.

Ese es el hecho político central. No la reacción posterior. No el tono de las críticas. No el malestar interno.

Sin embargo, en lugar de asumir esa responsabilidad histórica, el PS responde rompiendo. Convoca a una reunión excluyente, deja fuera al FA y al PC, y comienza a trazar el mapa de dos oposiciones: una “responsable”, “moderada”, “propositiva”; y otra —según el subtexto— demasiado incómoda, demasiado insistente, demasiado ética.

Pero ¿responsable frente a qué? ¿Propositiva con quién?

Porque la pregunta que nadie parece querer responder es brutalmente simple:
¿Cómo se hace oposición «constructiva» a un gobierno pinochetista?

¿Se negocian los retrocesos?
¿Se administran las pérdidas?
¿Se acompaña, con matices, una agenda que busca desmontar derechos laborales, debilitar la memoria histórica y normalizar la violencia estatal?

El discurso del “orden”, de la “lealtad gubernamental” y de la crítica a la “cancelación” —encarnado con particular dureza por Carolina Tohá— parece olvidar un dato esencial: no se está discutiendo un matiz técnico, sino una ley que hoy permite que un agente del Estado que dejó ciego a un manifestante quede absuelto.

No es retórica. Es un hecho.

Decir que el fallo “podría haberse producido igual” con o sin la ley es, en el mejor de los casos, una conjetura. En el peor, una coartada política. Porque lo que la ley hizo fue inclinar la balanza, desplazar la carga de la prueba, reforzar una presunción a favor del uso letal de la fuerza estatal. Y eso, en cualquier democracia que se precie de tal, es inaceptable.

El Frente Amplio y el Partido Comunista —con todas sus limitaciones, errores y contradicciones— no votaron esa ley. La rechazaron. Lo advirtieron. Pagaron el costo político en su momento. Hoy, cuando la advertencia se convierte en realidad, no hacen más que recordarlo. Y eso, al parecer, resulta imperdonable.

Lo que emerge entonces no es una oposición con proyecto, sino una oposición oportunista, preocupada más de reposicionarse electoralmente que de fijar límites morales claros. Una oposición que ya empieza a dialogar —explícita o implícitamente— con la derecha dura, bajo la ilusión de convertirse en un “centro responsable” capaz de administrar el próximo ciclo.

El problema es que ese centro ya gobernó Chile durante décadas. Y fue precisamente esa gobernabilidad subordinada al mercado, esa renuncia a confrontar estructuras de poder, la que incubó el malestar social que estalló en 2019.

Hoy, el PS parece decidido a repetir la historia, pero en condiciones más peligrosas: con una ultraderecha organizada, con una institucionalidad más frágil y con un Congreso donde, sumando votos “moderados”, Kast puede avanzar sin demasiados obstáculos.

Eso no es pragmatismo. Es claudicación anticipada.

La política no es solo correlación de fuerzas. También es memoria. Es ética. Es saber cuándo decir “hasta aquí”. Cuando una oposición no es capaz de nombrar con todas sus letras que enfrenta a un gobierno reaccionario, cuando relativiza la impunidad, cuando transforma la crítica en deslealtad y la autocrítica en escándalo, deja de ser oposición: pasa a ser parte del problema.

Chile entra en un periodo complejo. Y lo hará, al parecer, con una oposición fracturada, sin hoja de ruta común y con sectores dispuestos a transar lo intransable en nombre de la “responsabilidad”.

La historia ya nos enseñó cómo terminan esos experimentos.
Lo grave es que algunos parecen empeñados en olvidarlo.

Félix Montano

Félix Montano