“Por encargo del presidente Kast”: críticas transversales por la salida de Priscilla Carrasco en medio de su tratamiento contra el cáncer
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La decisión de remover a Priscilla Carrasco de la dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) continúa escalando en tensión política. Lo que comenzó como una determinación administrativa del Ministerio de la Mujer se ha transformado en una controversia transversal, que cruza oficialismo y oposición, y que tiene dos ejes centrales: el reconocimiento de que la medida fue adoptada “por encargo del presidente Kast” y el hecho de que la funcionaria se encuentra en pleno tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.
Carrasco, designada mediante Alta Dirección Pública, recibió su diagnóstico en julio de 2025 y actualmente se somete a quimioterapia, además de otros procedimientos médicos. A pesar de ello, continuaba ejerciendo sus funciones sin licencia médica. Su salida, en estas condiciones, ha sido ampliamente cuestionada como una señal política y humana difícil de justificar.
El Gobierno, sin embargo, no ha entregado explicaciones detalladas. El Ministerio de la Mujer se limitó a confirmar su salida mediante un comunicado breve, sin fundamentar la decisión. Ese silencio ha sido uno de los principales factores que han intensificado la crisis, alimentando críticas por falta de transparencia y debilitamiento de los estándares del sistema de Alta Dirección Pública.
La situación se agravó cuando la ministra Judith Marín reconoció que la solicitud de renuncia se realizó “por encargo del presidente Kast”. La frase, lejos de cerrar el debate, lo amplificó. Para distintos sectores, esa afirmación confirma el carácter político de la decisión y abre interrogantes sobre la autonomía de las instituciones y el margen de acción de las autoridades técnicas.
Kast confirma el sesgo político en la remoción de Carrasco
Esta mañana en una entrevista a la ARCHI, el presidente José Antonio Kast, fue consultado por el despido de Carrasco. El mandatario, sin embargo, se limitó a decir que la funcionaria no era de su confianza. «La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es PRODEMU (La fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), como es en general el Ministerio de la Mujer”. En otras palabras, confirma que la remoción de Priscila Carrasco ha sido una decisión no solo política sino detonada por las convicciones ideológicas de Kast respecto a esta repartición pública.
El caso ha generado una reacción poco habitual: críticas provenientes tanto de la oposición como de figuras del oficialismo. Entre quienes han cuestionado la medida se encuentran la exministra Karla Rubilar, la senadora de Renovación Nacional María José Gatica y la excandidata presidencial Evelyn Matthei, reflejando un malestar que trasciende alineamientos tradicionales.
A ellas se sumó la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien elevó el tono del debate al introducir una dimensión ética. “Hay límites en política y en la vida”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “Da igual cómo hayan actuado ellos en su gobierno, cómo la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión”.
Sus palabras reflejan una de las críticas más persistentes: que el caso no puede evaluarse únicamente desde criterios administrativos o políticos, sino que exige considerar el contexto humano de la decisión. La imagen de una autoridad en tratamiento activo contra el cáncer, removida de su cargo sin explicaciones claras, ha tensionado el debate público.
La diputada Ana María Gazmuri fue aún más categórica al calificar la decisión como “inaceptable” e “inhumana”, advirtiendo que envía “una señal brutal a todas las mujeres que están luchando por su vida”. En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, habló de una “indolencia brutal” por parte del Ejecutivo.
Estas críticas convergen en un punto: la aparente contradicción entre el discurso del Gobierno en materia de género y salud, y la decisión adoptada. La ministra Marín había señalado previamente que la salud oncológica femenina sería una prioridad de su gestión, lo que intensifica las dudas sobre la coherencia del Ejecutivo.
El impacto institucional tampoco es menor. La salida de Carrasco deja al SernamEG sin dirección titular en un momento clave para la implementación de políticas públicas, especialmente en materia de violencia de género. Los procesos administrativos asociados a la Alta Dirección Pública podrían extender esta situación durante meses, afectando la continuidad de programas.
En paralelo, la controversia se inserta en un contexto más amplio de cuestionamientos al manejo comunicacional del Gobierno. La propia Paulina Núñez había criticado días antes al Ejecutivo por la polémica generada tras una publicación de la Segegob que aludía a un “Estado en quiebra”. “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, difícilmente va a poder enmendarlo”, señaló entonces.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la capacidad del Gobierno para enfrentar crisis. “Este es un gobierno que, ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”, afirmó. Sin embargo, el caso Carrasco parece poner en entredicho esa afirmación, al evidenciar tensiones internas y una narrativa pública fragmentada.
Más allá de las posiciones políticas, el episodio ha instalado preguntas de fondo. ¿Qué protección tienen las autoridades seleccionadas por mérito frente a decisiones políticas? ¿Cómo se compatibilizan los compromisos en equidad de género con prácticas concretas de gestión? ¿Y qué señales se envían a las mujeres que enfrentan enfermedades graves mientras desarrollan sus carreras?
La combinación de factores —una orden presidencial, una funcionaria en tratamiento oncológico y la ausencia de explicaciones claras— ha configurado una crisis que el Gobierno aún no logra contener. En este caso, no solo se discute una decisión, sino también los valores que la sostienen. Y, hasta ahora, esas razones siguen sin ser explicitadas.
