
Gobierno de Kast cancela auditoría internacional prometida y profundiza críticas por improvisación
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El Gobierno de José Antonio Kast decidió finalmente no concretar la auditoría externa internacional que había prometido como uno de los pilares de su campaña presidencial. La razón oficial: la estrechez fiscal.
Según información publicada por La Tercera, la Subsecretaría General de la Presidencia confirmó que se desestimó la licitación para contratar una auditoría internacional debido a la falta de recursos. La decisión marca un giro relevante respecto de uno de los compromisos más enfáticos del entonces candidato.
De promesa central a ajuste presupuestario
Durante la campaña, el equipo de José Antonio Kast presentó la auditoría como una medida estructural para transparentar el funcionamiento del Estado. La propuesta contemplaba:
- Auditoría total al Estado, con participación de la Contraloría y firmas internacionales de primer nivel.
- Publicación íntegra de resultados, con envío al Congreso.
- Creación de un comité de seguimiento para implementar medidas correctivas.
- Revisión de contrataciones, especialmente aquellas consideradas de carácter político.
El énfasis estaba puesto en una revisión externa e independiente que, según el programa, permitiría detectar irregularidades profundas en la administración pública.
Sin embargo, a menos de un mes de iniciado el gobierno, ese componente internacional quedó descartado.
Giro hacia una auditoría interna
En reemplazo, el Ejecutivo optó por una auditoría interna. El proceso comenzó el 20 de marzo, tras la constitución del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que instruyó a los servicios públicos remitir información sobre el uso de recursos fiscales entre 2025 y el 11 de marzo de 2026.
El comité —encabezado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo— fijó un plazo de 17 días para levantar antecedentes en áreas críticas como contrataciones, transferencias y ejecución presupuestaria.
Desde el gobierno defienden que se trata de un proceso “rápido” y “transparente”, orientado a conocer el estado real de las finanzas públicas.
Críticas: “improvisación” y pérdida de credibilidad
La decisión, sin embargo, generó cuestionamientos inmediatos en el mundo político y en el debate público.
Diversas voces han planteado que el cambio evidencia una falta de planificación, apuntando a que la auditoría internacional fue una promesa reiterada durante la campaña, difícil de sostener si —como ahora argumenta el Ejecutivo— no existían recursos para financiarla.
Entre las principales críticas que han surgido hoy destacan:
- Improvisación en el diseño de políticas públicas: se cuestiona que una medida central del programa se descarte a pocas semanas de asumir, sin señales previas de inviabilidad.
- Contradicción con el discurso de campaña: la auditoría externa era presentada como garantía de independencia, algo que ahora se diluye al quedar en manos del propio aparato estatal.
- Debilitamiento del relato de transparencia: analistas advierten que una auditoría interna carece del mismo peso político y técnico que una revisión internacional.
- Uso del argumento fiscal como justificación tardía: críticos señalan que el propio gobierno ha insistido en la estrechez de recursos desde el inicio, lo que abre dudas sobre por qué se prometió una medida costosa sin respaldo presupuestario.
Estas observaciones se suman a un contexto donde el propio Presidente había reconocido limitaciones financieras y la necesidad de “sacrificios” para cumplir sus metas.
Un problema político más amplio
Más allá del caso específico, la controversia se inserta en un debate mayor sobre la instalación del gobierno.
La auditoría no era una política secundaria, sino una señal política clave: buscaba legitimar el diagnóstico de crisis del Estado y justificar sus futuros cambios. Su abandono parcial, por tanto, no solo tiene implicancias técnicas, sino también simbólicas.
Entre urgencia y viabilidad
El gobierno, por su parte, apuesta a que la auditoría interna entregue resultados rápidos que permitan sostener su agenda. No obstante, el cambio de rumbo deja abierta una interrogante central: si la revisión del Estado será percibida como un ejercicio independiente o como una operación conducida desde el propio Ejecutivo.
Por ahora, la cancelación de la auditoría internacional se ha transformado en el primer gran ajuste político del gobierno de Kast. Y también, para sus detractores, en el primer síntoma de improvisación





