Australia rechaza el último recurso de Adriana Rivas y allana su extradición a Chile por crímenes de la dictadura
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La Justicia australiana dio este martes un paso decisivo para la extradición a Chile de Adriana Rivas, exagente de la policía secreta de la dictadura , al rechazar el último recurso presentado por su defensa para evitar su entrega. La resolución del Tribunal Federal pone fin a una prolongada batalla judicial y acerca a la acusada a ser juzgada en su país de origen por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones forzadas durante la década de 1970.
Rivas, de 72 años, es requerida por la justicia chilena por su supuesta implicación en siete casos de secuestro agravado cometidos en el marco de la represión política ejercida por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el principal órgano represivo del régimen militar. La exagente ha negado reiteradamente los cargos y sostiene que no participó en los hechos que se le imputan.
El fallo del tribunal australiano desestimó los argumentos de la defensa, que buscaban impugnar la decisión previa del Gobierno de Australia de autorizar la extradición. Los abogados de Rivas alegaban que los delitos debían ser considerados crímenes de lesa humanidad y no secuestros agravados, lo que, a su juicio, invalidaría el proceso al no existir equivalencia jurídica plena entre ambas tipificaciones en el momento en que ocurrieron los hechos.
Sin embargo, el juez concluyó que los cargos presentados por Chile están correctamente caracterizados como secuestro agravado, un delito reconocido en ambas jurisdicciones. Asimismo, determinó que las referencias a crímenes de lesa humanidad en la solicitud chilena no modifican la naturaleza de los cargos, sino que aportan contexto sobre su gravedad y sus implicaciones legales.
La decisión ha sido calificada como “histórica” por representantes de las víctimas. La abogada Adriana Navarro, que representa a familiares de los desaparecidos, destacó que el tribunal consideró que no existían fundamentos suficientes para revisar la orden de extradición. Según explicó, el fallo también reconoce la existencia de pruebas creíbles sobre la presunta participación de Rivas en los delitos investigados.
El caso de Adriana Rivas se ha prolongado durante más de una década y ha estado marcado por recursos legales y controversias jurídicas. La exagente fue detenida en Australia en febrero de 2019, después de haber residido durante más de 30 años en ese país, principalmente en el área de Bondi, en Sídney, donde trabajó como empleada doméstica y niñera.
Su presencia en Australia se remonta a finales de la década de 1970, cuando abandonó Chile tras el periodo más intenso de la represión. En 2006 regresó a su país, donde fue detenida en relación con los casos que hoy motivan su extradición. No obstante, logró eludir la acción de la justicia y volvió a Australia en 2009, donde permaneció hasta su arresto una década después.
Las autoridades chilenas la vinculan a varios episodios emblemáticos de la represión de la DINA, organismo que operó bajo el mando de Manuel Contreras y que fue responsable de numerosas violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entre los casos que se le atribuyen figura el secuestro de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista, detenido en 1976 y desaparecido desde entonces.
También se le imputa participación en la desaparición de otras seis personas: Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, esta última embarazada en el momento de su detención. Todos ellos eran militantes de izquierda o personas vinculadas a la oposición al régimen.
El rechazo del recurso representa un avance clave en el proceso de extradición y deja a Rivas a las puertas de su eventual traslado a Chile, donde podría enfrentar un juicio por delitos que forman parte de las causas pendientes por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El caso ha sido seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, que lo consideran un ejemplo relevante de cooperación judicial internacional en materia de justicia transicional. Para las familias de las víctimas, la decisión supone el cierre de una etapa marcada por años de incertidumbre y la posibilidad de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.
A partir de ahora, se espera que las autoridades australianas coordinen los pasos finales del proceso de extradición. Aunque aún podrían existir instancias administrativas o logísticas pendientes, el fallo del Tribunal Federal reduce significativamente las opciones legales de la defensa y sitúa el caso en su fase definitiva.
