El costo del malestar: de las becas recortadas a la ministra sitiada en Valdivia
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El incidente entre la ministra de Ciencias Ximena Lincolao y estudiantes en protesta en la Universidad Austral no fue un estallido espontáneo. Fue el punto de ebullición de una acumulación de decisiones políticas que el gobierno de Kast asume como virtud, no como error. Y detrás de cada recorte, una convicción del gobierno conservador y neoliberal de Kast que no se dice en voz alta: la educación no es un derecho, es un servicio que cada uno debe costearse.
Cerca de las tres de la tarde del miércoles, la ministra de Ciencias Ximena Lincolao intentó salir de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Llevaba dos horas y media encerrada en el edificio, flanqueada por guardias y efectivos de la PDI, esperando que las protestas en su contra amainaran. No amainaron. Al cruzar las puertas, una manifestante le vació una botella de agua encima. Mientras otros la empujaban, otros gritaban. La camioneta partió con la puerta todavía abierta.
El gobierno respondió con querella por atentado contra la autoridad. El presidente Kast publicó en X que los responsables son «un grupo ideologizado que tiene solo un objetivo: silenciar y amedrentar». El ministro del Interior, Claudio Alvarado, los acusó de haber retenido y agredido a la ministra «en el ejercicio legítimo de sus funciones».
Cuando se orquesta la condena, lo que se busca es cerrar el análisis sobre su origen.
El detonante concreto: las becas como línea roja
La convocatoria a protestar ese miércoles no nació del aire. «Esta convocatoria nace desde el recorte de las becas de posgrado en el extranjero», declaró Daniela Carvajal, vocera de la coordinadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UACh. «Quienes producimos conocimiento académico nos vemos expuestos a tener que salir del país por culpa de las pocas oportunidades que tenemos de ser reconocidos acá dentro».
No fue una protesta sobre una abstracción. Fue la reacción de una comunidad académica que vio cerrada una puerta concreta: en marzo, la ministra Lincolao anunció ante la Comisión de Ciencia de la Cámara la suspensión de las becas de magíster y posdoctorado en el extranjero, como consecuencia de un recorte presupuestario de más de 23 mil millones de pesos al ministerio. La justificación oficial fue la «optimización de recursos». En esta lógica la educación es una mercancía. Para quienes llevaban años planificando su formación en torno a esas becas, fue el fin de un proyecto de vida. Es una vuelta atrás.
CRONOLOGÍA DE RECORTES
Ciencia y educación bajo la motosierra: el historial desde que Kast asumió
Presupuesto Ministerio de Ciencia 2026 — Recorte: –$23.000 millones Baja de $588.798 a $565.000 millones. Aumento nominal de solo 0,01% antes del ajuste adicional de marzo.
Suspensión de becas de posgrado en el extranjero (Becas Chile) — Estado: Suspendidas Anunciada en marzo 2026. Afecta magíster y posdoctorados. Medida sin precedente en la historia del programa.
Recorte transversal del 3% a todos los ministerios — marzo 2026 — Impacto: –3% + adicional En Educación el ajuste bordea los $524.000 millones. Se evalúan recortes en becas de alimentación (BAES), JUNAEB y congelamiento de infraestructura escolar.
Becas de educación superior (Nuevo Milenio, Bicentenario, Juan Gómez Millas) — Recorte: –1,3% El presupuesto 2026 recorta $2.939 millones. El proyecto de ley FES contempla su eliminación definitiva.
Programa INES (Innovación en Educación Superior) — Recorte: –17,1% Reducción por «diseño inadecuado y subejecución persistente», según el gobierno.
Educación parvularia (Integra, JUNJI, Fondo de Apoyo) — Recorte: –6,8% / Fondo eliminado La subsecretaría cae un 6,8%. El Fondo de Apoyo a la Educación Parvularia se elimina por completo para 2026.
Plan de Reactivación Educativa post-pandemia — Recorte: –9,9% Reducción en 2025 con eliminación del Plan Nacional de Tutorías en 2026. La reactivación escolar no es prioridad presupuestaria.
Liceos Bicentenario de Excelencia — Recorte: –18,5% Recorte a estos establecimientos que la derecha tradicional impulsó como emblema de su política educativa.
Varias fuentes.
Una ideología que no dice su nombre
Lo que une esta serie de recortes es más que la consabida austeridad fiscal como necesidad coyuntural. Es una concepción del Estado —y de la educación— que el gobierno de Kast comparte con las derechas conservadoras y neoliberales que en las últimas décadas han ganado terreno en varios países: la idea de que la educación no es un derecho que el Estado debe garantizar, sino un bien que cada individuo y cada familia debe procurarse según sus medios y su mérito.
El argumento neoliberal sobre educación tiene una lógica perversa interna: si el Estado financia la formación de “capital humano”, está subsidiando opciones individuales con recursos colectivos. El individuo que estudia un doctorado en el extranjero con beca estatal está, desde esta visión, beneficiándose de una transferencia injustificada. La solución: que lo financie él, el mercado, o que no lo haga nadie. Es el mismo razonamiento que en Estados Unidos llevó a la derecha republicana a cuestionar los préstamos estudiantiles federales; el que en Reino Unido triplicó las matrículas universitarias bajo Cameron; el que en Argentina condujo a Milei a recortar las universidades públicas en 2024 y 2025. No son políticas distintas: son expresiones locales de un mismo proyecto global.
En ese marco, los recortes del gobierno de Kast no son errores de cálculo ni impericia técnica. Son el cumplimiento de una obsesión ideológica que durante la campaña se formuló en términos económicos —»recortar $6.000 millones en 18 meses»— pero que tiene una consecuencia cultural más profunda: redefinir qué le debe el Estado a sus ciudadanos en materia educativa. La respuesta implícita es: cada vez menos. Respuesta que genera violencia social.
Un gobierno obtuso que no necesita convencer
Lo que ocurrió en Valdivia no puede leerse solo como una protesta que se salió de control. Es también el síntoma de un modelo de gobierno que, por diseño, no busca construir consensos en torno a sus medidas más disruptivas.
Resulta evidente que para este gobierno, la comunicación no tiene como fin persuadir a quienes dudan ni ampliar las bases de apoyo. Su función es otra: reforzar la convicción de los propios, trazar con claridad la línea entre aliados y adversarios, y profundizar las divisiones en lugar de tender puentes.
Bajo esa lógica, las resistencias sociales no son señales de corrección, sino confirmaciones del rumbo. El dolor que produce el ajuste se lee, desde adentro del gobierno, como pedagógico: Chile debe aprender, aunque le duela, que el Estado no puede ni debe resolver todo. Incluida la formación de sus científicos.
El espejo incómodo
Los carteles que rodearon la visita de Lincolao no hablaban solo de becas. Criticaban al presidente Kast, los cobros a morosos del CAE, la política educacional en general. Uno rezaba: «No muere la Resistencia. No nos quitarán los derechos adquiridos«. Es el lenguaje de quienes sienten que lo que estaba ganado está siendo desmantelado.
Ese sentimiento no es privativo de la izquierda. Es el de una generación que accedió a la educación superior con la promesa —imperfecta, impugnada, pero vigente— de que el Estado acompañaría ese trayecto. El gobierno de Kast desde la ideología conservadora y neoliberal les dice, en los hechos, que esa promesa fue un error histórico que corresponde corregir. No les pide que estén de acuerdo. Les pide que lo acepten.
Queda claro que el Chile real no coincide con el diagnóstico que el gobierno de Kast ha hecho del país. Los ciudadanos no viven la experiencia de un Estado que les pesa demasiado o que se entromete en exceso en sus vidas; lo que experimentan, cotidianamente, es un Estado que no alcanza, que no los protege cuando lo necesitan y que no cumple con garantizar lo más básico.
Violencia provocada, malestar explicable
El incidente de la ministra con los estudiantes es una señal de que el contrato entre gobernantes y gobernados está bajo una tensión.
Los veinte minutos de diálogo que Lincolao sostuvo con tres estudiantes dentro del edificio antes de salir ilustran la fractura: hay voluntad de hablar, por parte de un gobierno extremista, pero no de escuchar. Este no ha cumplido con la promesa implícita de toda democracia: que quienes gobiernan están obligados a justificar ante los gobernados, no solo ante su misión, las consecuencias de sus decisiones. Está quedando escrito en el bronce: este es un gobierno de los ricos para los ricos.
La pregunta que Valdivia deja planteada no es solo quién pagará las costas de la querella. Es si un gobierno que considera la educación un gasto prescindible y no un derecho fundamental tiene, siquiera, el vocabulario necesario para entender por qué sus ciudadanos están tan furiosos.
Por ahora, la camioneta partió con la puerta todavía abierta. Es una imagen difícil de olvidar.
Leopoldo Lavín Mujica
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