Defensoría Penal Pública acusa a la ministra Steinert por ampliación ilegal de querella contra estudiantes en el caso Lincolao
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 20 segundos
«La ministra Steinert ha cometido una ilegalidad al invocar la ley de seguridad del Estado en el caso Lincolao, en la Universidad Austral de Chile», afirmó ayer el senador Iván Flores (PDC), citando el recurso de amparo presentado el mismo día ante la Corte de Apelaciones de Valdivia por la Defensoría Penal Pública, el servicio que proporciona defensa penal a personas imputadas o acusadas de crímenes, delitos o faltas. En ese escrito el organismo acusa de ilegalidad a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por haber invocado la ley de seguridad en el caso de asedio estudiantil que su colega la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, sufrió el 8 de abril pasado en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, en medio de protestas causadas por los recortes presupuestarios en educación que impulsa el Gobierno.
«Esto no es defender la violencia ni mucho menos» argumentó el senador Flores en una declaración pública. «Lo que yo dije es que la ministra no tiene, y el Ministerio de Seguridad no tiene, atribuciones para invocar la ley de seguridad del Estado. Lo conozco perfectamente: yo presidí la comisión mixta que creó el Ministerio de Seguridad. (La atribución) la tiene el Ministerio del Interior», agregó el legislador. En esa misma línea, el recurso de la Defensoría Penal Pública se basa en que el Ministerio de Seguridad presentó el 22 de abril una ampliación de querella contra las personas acusadas de agredir a la ministra Lincolao, y en esa ampliación fue incorporado un delito contemplado en la ley de seguridad del Estado.
Durante los incidentes del 8 de abril, Lincolao fue insultada, empujada, rociada con agua y debió salir del recinto estudiantil con ayuda policial. Sin embargo, más allá del ilícito de atentado contra la autoridad, el Ministerio de Seguridad consideró la tesis de que en el caso se configura un posible delito de secuestro, según informó Radio Cooperativa. No obstante esas disquisiciones, al no tener ni la ministra ni el Ministerio de Seguridad facultades para invocar esa ley, la Defensoría Penal Pública plantea en su recurso que la ampliación de la querella del 22 de abril debió haber sido declarada inadmisible. Comentó también al respecto el senador Flores: «Como (en el Ministerio) insistieron en eso, porque son campeones, hoy día la Defensoría Penal Pública le está diciendo ‘Ministra, usted está cometiendo una ilegalidad’, y apunta a una querella improcedente. Entonces hagamos las cosas bien, por favor. Y el Gobierno debería saberlo».
