¡Que se vienen los vándalos!

By Sergio Martinez 24 junio, 2026 No comment

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 56 segundos

Probablemente ningún otro pueblo se ha ganado más mala fama que esta colección de tribus germánicas que habría hecho su aparición en la historia hacia los siglos tercero y cuarto de nuestra era. Originarios de una región de la actual Suecia, los vándalos se habrían desplazado hacia Europa central, luego de choques con destacamentos emplazados en las fronteras del Imperio Romano, los vándalos se habrían establecido primero en algunas zonas del este europeo, en algún momento hicieron un violento ataque y saqueo de Roma, para finalmente instalarse en la península ibérica. La incursión de catorce días, durante la cual las tropas vándalas saquearon Roma, les valió su reputación como arquetipo de la barbarie, según historiadores medievales y modernos.

Desde la perspectiva del tiempo, uno bien puede concluir hoy día que posiblemente los vándalos no actuaron con mayor barbarie que otros a lo largo de la historia humana, pero el apelativo ha perdurado. Eso, a pesar de que, si de actos vandálicos al estilo del saqueo de Roma se trata, uno puede mencionar muchos: los conquistadores españoles y su rol en la destrucción de Tenochtitlán o del Imperio Inca, por ejemplo, posiblemente dejan chicas las incursiones de los vándalos originales. Ah, después de todo y por algo, en nuestros conquistadores también corría sangre vándala.

Todo esto a propósito de la iniciativa anunciada por el gobierno de José Antonio Kast, de instituir lo que ha llamado un Registro Nacional de Vándalos, una suerte de “quién es quién” en esto de emular las prácticas de aquellos lejanos merodeadores germanos. Por cierto, todos sabemos que la intención real del gobierno en este caso es sembrar temor y, de ese modo, desalentar la participación en manifestaciones de protesta legítimas. Esto, porque es muy difícil identificar con precisión a quien comete un acto vandálico, especialmente en el marco de una manifestación callejera. De lo anterior se deduce que también resulta difícil capturar a los autores de tales actos, lo que abre la posibilidad real de que mucha gente inocente sea acusada o incluso condenada por actos de vandalismo que ocurren en un escenario confuso como el de las manifestaciones callejeras. Sin embargo, como ya señalamos, esta súbita preocupación del gobierno por perseguir actos vandálicos e incivilidades, como los ha llamado, más que dirigirse a ese tipo de conductas—que, por lo demás, ya están tipificadas en la legislación actual, aunque algunas con otras denominaciones—, buscaría desincentivar la participación en protestas masivas.

Esto también nos lleva a examinar las características mismas de este muy antiguo método que la ciudadanía tiene para manifestar su oposición a alguna medida implementada por quien ejerce la autoridad. La manifestación pública, esto es, en la calle, es básicamente un medio de comunicación. Es una manera de informar a la gente sobre los diversos grados de disconformidad que una determinada política gubernamental genera: desde la mera molestia, como puede ser una protesta vecinal que interrumpe el tránsito por la falta de un semáforo en una zona de riesgo para los peatones, hasta la exigencia de que el gobierno simplemente se vaya, como hemos visto recientemente en las masivas demostraciones en Bolivia. Por cierto, en esto de informar, el destinatario del mensaje suele ser también el gobierno u otras instancias de poder, sean políticas, económicas o de otra índole.

Quienes, en el pasado ya lejano, participamos en muchas ocasiones en manifestaciones callejeras, podemos sintetizar sus “reglas del juego”, si así pudiéramos llamarlas, ya que ello nos permite arribar mejor a esa nebulosa zona de las derivaciones—generalmente no deseadas— de la violencia y el vandalismo (tanto el así llamado por el gobierno como el real). Idealmente, el mejor escenario es el de las manifestaciones pacíficas. Por cierto, el que tengan ese carácter depende no sólo de los manifestantes, sino también de los agentes del orden, esto es, la policía. El ejemplo más claro que me viene a la memoria es el de la gigantesca movilización del 25 de octubre de 2019, con alrededor de un millón de manifestantes que exigían cambios y una nueva constitución. Su impacto fue tan grande que incluso el entonces presidente Sebastián Piñera debió admitir que existía un malestar generalizado y que la demanda de una nueva constitución, entre otras cosas, era válida. Ese acto masivo fue determinante para el proceso que culminaría con el llamado a una “asamblea constitucional”, pese a todas las concesiones que luego se negociaron.

Las manifestaciones pacíficas, sin embargo, no son lo más común. Sea porque los participantes en la salida a la calle lo han hecho espontáneamente y por tanto, sin permiso, o sea porque habiéndose iniciado pacíficamente, provocaciones policiales, a veces de individuos infiltrados generalmente reclutados del lumpen, o simplemente porque algunos participantes consideran que para que tenga un real efecto tiene que haber confrontaciones con la policía y otras acciones de violencia que aparezcan en los noticieros de la televisión, las manifestaciones terminan teniendo un cierto grado de violencia. En algunos casos es inevitable, cuando los ánimos se caldean, especialmente porque—como es de esperar—la policía tiene aquí siempre una mayor capacidad operativa, Carabineros en este caso, disponen de carros lanza agua, bombas lacrimógenas y palos con los que pueden golpear. Al menos en Chile, las reglas del juego no incluyen—como a veces sucede en otros países—que los manifestantes dispongan también de armas. En Chile, ni siquiera en tiempos de la dictadura se dio esa situación, salvo las ocasionales bombas molotov.

Por lo anterior, cuando durante el estallido social los carabineros utilizaron balines con los que dejaron ciegos o semiciegos a varios manifestantes, se saltaron esas rules of engagement no escritas que limitaban su accionar a un rango estrictamente defensivo y no enfocado en causar un daño físico permanente de tal gravedad. La regla de proporcionalidad de la respuesta policial en tales encuentros con civiles cuyas “armas” no iban más allá de unas cuantas piedras no se respetó.

Ciertamente, si hemos de hacer un análisis crítico y autocrítico del tema del vandalismo, hay que admitir que, en el marco de legítimas protestas, se han producido con cierta frecuencia actos que pueden considerarse vandálicos. Habría que ver, eso sí, si ello justifica el establecimiento del Registro de Vándalos anunciado. En un primer análisis, uno tendría que concluir que eso, de alguna manera, ya existe: se llaman antecedentes penales. Incendiar una iglesia, como ocurrió en al menos tres ocasiones durante el estallido social, es evidentemente un acto criminal y los autores de esos actos, si hubieran sido capturados, ya estarían registrados (“tendrían antecedentes”, como se decía).

A veces, este tema del vandalismo toca fibras un tanto delicadas en las fuerzas de la izquierda; hay que admitirlo. Por eso es importante analizar lo que ocurre en la manifestación misma. La dinámica de una manifestación está condicionada por muchos factores, el principal (o por lo menos así debiera serlo) es el político: el objetivo inmediato que nos lleva a estar ahí en la calle, que a su vez se enmarca en los objetivos más generales de la lucha, el cambio social, la revolución incluso, o al menos así lo veíamos allá por esos lejanos años 60 del siglo pasado, hoy eso aparece más lejano, casi utópico. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que, al menos entre gran parte del elemento joven, la presencia en una manifestación también tiene factores psicológicos: un cierto sentido de aventura, de transgresión y una buena dosis de adrenalina.

Es en esa área, un tanto más difusa, donde surge el tema del vandalismo. En mis ahora lejanos tiempos de militancia juvenil, una advertencia muy insistente de mi organización política era seguir estrictamente las instrucciones de los dirigentes en el terreno mismo y—muy importante—evitar las provocaciones.

Por cierto, una de las tácticas policiales más antiguas ha sido infiltrar agentes provocadores en las movilizaciones callejeras, cuya misión es aumentar artificialmente las tensiones entre policías y manifestantes. Esa táctica permite, en lo inmediato, intensificar la represión de manera generalmente indiscriminada, lo que puede conducir a su dispersión. El efecto sobre los manifestantes puede ser de derrota, de impotencia y de desmoralización. A más largo plazo, los efectos pueden ser aún más devastadores: el descrédito de la movilización, de sus motivos y de quienes se asocian a ella. El caso más reciente fue el del estallido social de 2019: la derecha ha utilizado hasta la saciedad ese suceso para ejemplificar un acto negativo que endilga a la izquierda. Irónicamente, esa no fue una movilización conducida por la izquierda; o, para ser más preciso, fue un fenómeno de masas, de eso no hay duda, pero sin conducción política. En ese contexto, la infiltración de elementos del lumpen, que siempre hacen el juego sucio de la derecha, fue fundamental para desacreditar el movimiento, que terminó asociado a actos irracionales de violencia y, sobre todo, de vandalismo. Todo lo cual le vino de perillas a las fuerzas policiales, que querían justificar su propia violencia hasta un extremo que no se veía desde el fin de la dictadura.

Evidentemente, en el caso mencionado, la manifestación callejera, en cuanto instrumento comunicativo, produjo el efecto contrario al buscado y, para muchos, las imágenes de esas jornadas fueron las de buses incendiados, locales comerciales saqueados y monumentos públicos dañados (algunos de gran belleza, como la Fuente Alemana en el Parque Forestal o algunas instalaciones del Cerro Santa Lucía). Por cierto, si uno analiza con racionalidad esos hechos necesariamente tiene que concluir que actos de vandalismo como esos no ayudan en nada a la causa de la izquierda, sino que producen el efecto contrario: el descrédito de la protesta. Por eso mismo, hay que señalar una vez más que, como en aquellos años 60 del pasado siglo, los partidos de la izquierda y otras organizaciones de masas que promuevan las manifestaciones deben actuar responsablemente, desplegando sus propios equipos de seguridad que identifiquen, aíslen y si es posible, expulsen a los infiltrados, sean estos policías o, como es el caso de la mayoría, los siempre útiles (para la derecha) elementos del lumpen, que son los que incurren en los reales actos de vandalismo. En el intertanto, sigamos poniendo mucha atención a cómo se implementará este Registro de Vándalos, que, por cierto, no pretende inscribir en su listado a los autores del mayor atentado vandálico contra un edificio público cometido en toda la historia del país: el bombardeo al Palacio de La Moneda.