Megarreforma en el Senado: la aplanadora de Kast
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La estrecha aprobación de la megarreforma en el Senado confirma que la ultraderecha no busca acuerdos. Busca desmantelar, en el menor tiempo posible, las reformas construidas durante los últimos 35 años.
José Antonio Kast obtuvo este miércoles una importante victoria política. El Senado aprobó, por una estrecha mayoría de 26 votos contra 23 y una abstención, la idea de legislar la denominada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, la megarreforma que constituye el eje del programa económico de su gobierno.
Era una votación decisiva. No solo porque permite que el proyecto continúe su tramitación, sino porque pone de manifiesto la estrategia política con que la ultraderecha está gobernando Chile.
Durante semanas, el Presidente insistió en que la reforma debía aprobarse «aunque fuera por un voto». La frase no era un recurso retórico. Era la expresión de una forma de entender el poder. Si los votos alcanzan, se avanza. Si existe oposición política, social o técnica, se la deja atrás. El consenso deja de ser un objetivo y pasa a convertirse en un obstáculo.
La estrecha votación del Senado confirma precisamente esa lógica.
No se trata de cambiar el modelo, sino de radicalizarlo
Existe una interpretación simplista según la cual la megarreforma reemplazaría el modelo económico construido desde el retorno a la democracia. No es así.
Los gobiernos de la Concertación aceptaron, en lo esencial, la estructura económica heredada de la dictadura. Mantuvieron una economía abierta, la centralidad del mercado, la inserción internacional y buena parte de la institucionalidad económica establecida en los años ochenta. Incluso la Constitución de 1980 permaneció vigente, aunque con reformas importantes.
Pero también es cierto que, a partir de 1990, los gobiernos democráticos comenzaron a introducir correcciones que buscaban moderar los efectos más duros del neoliberalismo.
Las sucesivas reformas tributarias permitieron financiar políticas sociales; se fortaleció el sistema público de salud con el AUGE, se ampliaron subsidios habitacionales, se crearon programas de protección social como Chile Solidario, se fortaleció Fonasa, se ampliaron derechos laborales y, más tarde, se avanzó en gratuidad universitaria, reformas previsionales y nuevas políticas de protección social.
No alteraban la lógica del mercado.
Pero sí establecían contrapesos.
Ese equilibrio —imperfecto, insuficiente para muchos, pero real— es el que hoy está siendo cuestionado.
La restauración del neoliberalismo más ortodoxo
La megarreforma apunta exactamente en la dirección contraria.
La reducción del impuesto a las grandes empresas, la disminución del papel redistributivo del Estado, la flexibilización regulatoria, los incentivos tributarios al gran capital y el debilitamiento de diversos mecanismos de intervención pública no representan un cambio de modelo.
Representan un intento por desmontar las correcciones introducidas durante los últimos treinta y cinco años y acercar nuevamente la economía chilena a la versión más ortodoxa del neoliberalismo concebido durante la dictadura.
No es casualidad.
Desde el inicio de su mandato, Kast ha sostenido que Chile perdió dinamismo económico precisamente porque el Estado fue adquiriendo mayores funciones y porque aumentó la carga tributaria sobre las empresas. Su diagnóstico es coherente con una visión ideológica que considera que el crecimiento depende, ante todo, de reducir impuestos, disminuir regulaciones y limitar la acción estatal.
El problema es que el Chile de 2026 ya no es el de 1975 ni el de 1990.
La sociedad cambió profundamente. Envejeció, aumentó la participación laboral femenina, se transformó la estructura familiar, crecieron las demandas por salud, educación y protección social, y millones de personas dependen hoy de servicios públicos que hace cuatro décadas simplemente no existían.
Por eso la discusión trasciende ampliamente el ámbito tributario.
Lo que está en debate es el papel que el Estado debe desempeñar en la sociedad chilena.
La política de la aplanadora
La aprobación de la megarreforma también confirma un cambio profundo en la forma de hacer política.
Durante la transición democrática se criticó muchas veces a la Concertación por privilegiar los acuerdos. Hubo razones para ello. En numerosas ocasiones esa búsqueda de consensos terminó limitando transformaciones que amplios sectores de la ciudadanía esperaban.
Hoy ocurre lo contrario.
El gobierno de Kast parece convencido de que el triunfo electoral le otorga un mandato suficiente para revertir, en pocos meses, buena parte de las reformas construidas desde 1990.
No busca corregirlas.
Busca desmontarlas.
Y para ello está dispuesto a utilizar cada voto disponible en el Congreso.
La megarreforma no constituye un episodio aislado. Se suma a los recortes presupuestarios en áreas sociales, a la revisión de políticas ambientales, a los cambios en materia laboral y a otras iniciativas que responden a una misma orientación política: reducir el espacio del Estado y ampliar el del mercado.
Es una estrategia coherente.
Pero también profundamente confrontacional.
Cuando las advertencias técnicas dejan de importar
La votación dejó otra señal preocupante.
Durante la discusión, el Consejo Fiscal Autónomo formuló observaciones relevantes sobre la sostenibilidad financiera de la reforma y los riesgos derivados de una disminución importante de la recaudación fiscal.
Sin embargo, esas advertencias apenas modificaron el debate parlamentario.
Resulta inevitable recordar que hace solo unos días amplios sectores de la derecha utilizaron informes técnicos para justificar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Cuando esos mismos organismos expresan reparos frente al principal proyecto económico del actual gobierno, sus observaciones parecen perder importancia.
Las instituciones técnicas no pueden ser invocadas únicamente cuando respaldan las posiciones propias y desestimadas cuando resultan incómodas.
Esa selectividad debilita precisamente la institucionalidad que la propia derecha suele reivindicar.
Mucho más que una votación
La aprobación en general de la megarreforma no cierra el debate.
En realidad, apenas lo abre.
La discusión en particular será el escenario donde se definirá cuánto de este programa logra transformarse efectivamente en ley.
Pero cualquiera sea ese desenlace, la votación de este miércoles deja una conclusión política evidente.
El gobierno de José Antonio Kast ha decidido gobernar mediante la lógica de la mayoría parlamentaria antes que mediante la construcción de acuerdos nacionales. La ultraderecha considera que su triunfo electoral constituye un mandato suficiente para pasar la aplanadora sobre los equilibrios que la democracia chilena fue construyendo, lentamente y con muchas limitaciones, desde el retorno a la institucionalidad.
No pretende sustituir el modelo económico heredado de la dictadura. Pretende llevarlo nuevamente hacia su versión más extrema, eliminando buena parte de los contrapesos sociales y regulatorios que los gobiernos democráticos incorporaron durante treinta y cinco años.
La megarreforma es, hasta ahora, la expresión más nítida de ese proyecto de restauración.
Simón del Valle
Las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento del diario El Clarín
