Del laboratorio conservador al Congreso chileno: el proyecto que revela cómo viajan las nuevas batallas culturales
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Cuando los parlamentarios del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano y de Renovación Nacional ingresaron el proyecto «Escucha su corazón», no presentaron únicamente una modificación al consentimiento informado previo a un aborto legal. También dejaron una huella poco habitual en la legislación chilena: citaron expresamente como modelo las normas vigentes en estados como Texas, Kentucky, Georgia, Mississippi, Arizona, Wisconsin, Louisiana e Indiana.
No es un detalle menor. Esos estados constituyen desde hace más de una década el principal laboratorio político del movimiento conservador estadounidense en materia de derechos reproductivos. Allí comenzaron a ensayarse las leyes que obligan a realizar ecografías, describir el desarrollo embrionario, informar sobre la actividad cardíaca fetal o establecer períodos obligatorios de espera antes de un aborto. En algunos casos, esas reformas fueron el paso previo a prohibiciones mucho más amplias tras el fallo Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2022 puso fin a la protección constitucional del aborto establecida por Roe v. Wade.
La referencia internacional no es una interpretación de los críticos del proyecto. Está contenida en la propia exposición de motivos presentada por sus autores. La iniciativa chilena se inserta deliberadamente en una tradición legislativa desarrollada por los sectores conservadores estadounidenses durante la última década.
El proyecto propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario para que, antes de una interrupción del embarazo permitida por la ley de tres causales, el médico informe si existe actividad cardíaca detectable y ofrezca a la mujer escuchar esos latidos mediante los equipos disponibles. Además, establece que tanto el ofrecimiento como la respuesta de la paciente deberán quedar registrados en su ficha clínica. El punto que ha generado mayor controversia dispone que, si la mujer rechaza ese procedimiento, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo.
Sus impulsores sostienen que se trata de fortalecer el consentimiento informado mediante la entrega de información «objetiva», «veraz» y «completa». Sin embargo, organizaciones feministas, especialistas en bioética y entidades defensoras de los derechos sexuales y reproductivos sostienen que el proyecto transforma el consentimiento informado en un mecanismo de presión emocional y agrega un requisito que la legislación vigente no contempla, particularmente sensible en casos de violación.
La discusión, sin embargo, trasciende el contenido específico del proyecto.
Una estrategia que cruzó el Atlántico
Estados Unidos no ha sido el único escenario donde estas iniciativas han prosperado.
En septiembre de 2022, el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán modificó la reglamentación sobre el aborto para exigir que las mujeres acreditaran haber escuchado los signos vitales del feto antes del procedimiento. El Ejecutivo presentó la medida como un perfeccionamiento del consentimiento informado. Diversas organizaciones médicas y de derechos humanos la denunciaron como una forma de coerción psicológica incompatible con la autonomía de las pacientes.
La similitud con la iniciativa chilena no implica que exista una copia literal. Pero ambas responden a una misma lógica política: mantener formalmente vigente el derecho, mientras se modifican las condiciones bajo las cuales puede ejercerse.
Ese método ha sido ampliamente estudiado por especialistas en políticas públicas. En lugar de impulsar prohibiciones inmediatas —que suelen enfrentar mayores resistencias políticas y judiciales—, numerosos movimientos conservadores han optado por introducir reformas graduales: nuevas exigencias administrativas, cambios en los protocolos médicos, ampliación de la objeción de conciencia o modificaciones al consentimiento informado.
El objetivo declarado es fortalecer las garantías del procedimiento. Sus detractores sostienen que, en la práctica, esas reformas terminan restringiendo el acceso efectivo a un derecho reconocido por la ley.
La circulación internacional de las ideas
Durante décadas, la discusión sobre la globalización estuvo asociada principalmente a la economía. Las reformas tributarias, las privatizaciones o las políticas de libre mercado viajaban entre países impulsadas por organismos internacionales, centros de pensamiento y gobiernos afines.
Hoy esa circulación también alcanza las llamadas batallas culturales.
No solo se intercambian diagnósticos políticos. También viajan argumentos jurídicos, modelos legislativos, campañas comunicacionales y estrategias parlamentarias sobre inmigración, identidad de género, memoria histórica, educación o derechos reproductivos.
El proyecto chileno constituye un ejemplo de esa dinámica. La referencia explícita a legislaciones estadounidenses revela una forma distinta de construir iniciativas legales: observar experiencias desarrolladas en otros países, adaptarlas al marco institucional local e incorporarlas al debate nacional.
Ello no permite concluir que exista una dirección jerárquica o instrucciones externas para los parlamentarios chilenos. Sí muestra, en cambio, la existencia de una comunidad política transnacional que comparte diagnósticos, repertorios legislativos y objetivos estratégicos.
Chile en una nueva geografía política
El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano han manifestado reiteradamente su afinidad con referentes internacionales de la nueva derecha. En distintos debates han reivindicado políticas impulsadas por dirigentes como Donald Trump, Javier Milei o Viktor Orbán en materias tan diversas como inmigración, seguridad, educación o regulación estatal.
El proyecto «Escucha su corazón» parece inscribirse en esa misma lógica.
Más que una iniciativa aislada sobre el aborto, representa la llegada al Congreso chileno de un repertorio legislativo que ya fue ensayado en otros escenarios y que forma parte de una estrategia más amplia destinada a redefinir, mediante cambios graduales, el alcance de derechos previamente reconocidos.
Por eso la discusión excede con mucho el contenido de un artículo del Código Sanitario. Lo que está en juego es una forma de hacer política en la que las ideas, las estrategias jurídicas y las batallas culturales ya no se elaboran únicamente dentro de las fronteras nacionales. Circulan a escala global, encuentran nuevos intérpretes en cada país y terminan moldeando debates que, a primera vista, parecen exclusivamente locales.
Un derecho conquistado que vuelve al centro de la disputa
Para las organizaciones que durante años impulsaron la despenalización del aborto en tres causales, el proyecto representa mucho más que una modificación al consentimiento informado. Lo interpretan como un nuevo intento por restringir el ejercicio efectivo de un derecho que fue reconocido por el Congreso en 2017 tras décadas de movilización social, litigios internacionales y una intensa discusión ética, médica y jurídica.
La Corporación Humanas, la Mesa de Acción por el Aborto, Miles Chile y otras organizaciones feministas han sostenido que obligar a una mujer a enfrentar un procedimiento destinado a producir un impacto emocional —o condicionar la prestación médica a la aceptación de ese procedimiento— desnaturaliza el consentimiento informado y constituye una barrera adicional no prevista en la legislación vigente. La crítica adquiere especial intensidad respecto de niñas y mujeres embarazadas como consecuencia de una violación, para quienes la exigencia podría transformarse en un nuevo episodio de revictimización.
La controversia trasciende el plano sanitario. Para el movimiento de mujeres, el proyecto simboliza una disputa más amplia sobre la autonomía reproductiva. La ley de aborto en tres causales fue el resultado de una larga batalla política y cultural que puso fin a la prohibición absoluta vigente desde los últimos meses de la dictadura militar. Desde esa perspectiva, toda reforma que introduzca nuevos obstáculos para ejercer ese derecho es interpretada como parte de un proceso de regresión normativa.
Ese debate tampoco es exclusivo de Chile. En distintos países donde la nueva derecha ha alcanzado posiciones de gobierno o una mayor influencia parlamentaria, las reformas no siempre comienzan derogando derechos ya establecidos. Con frecuencia avanzan mediante modificaciones parciales que incorporan nuevos requisitos administrativos, amplían la objeción de conciencia o alteran los procedimientos médicos. Es precisamente esa secuencia la que lleva a numerosas organizaciones de derechos humanos a observar con preocupación iniciativas como la presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano y Renovación Nacional.
Félix Montano
