La prevención de la tortura en tiempos de austeridad: el SPT frente a sus límites y sus aniversarios
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El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU anunció que en 2026 solo podrá realizar tres visitas adicionales —Burundi, Paraguay y Ruanda— tras haber logrado completar apenas tres en lo que va del año: Francia, México y Sri Lanka. La cifra, menos de la mitad de su programa previsto, revela una crisis silenciosa que atraviesa el sistema internacional de prevención de la tortura: la falta de recursos, la austeridad presupuestaria y la fragilidad estructural de los mecanismos de monitoreo en un momento en que las prácticas de detención, migración y seguridad se endurecen en múltiples regiones del mundo.
La presidenta del SPT, María Luisa Romero, lo expresó con claridad: incluso bajo severas restricciones financieras, el mandato de prevenir la tortura no puede detenerse. Pero la realidad es más compleja. Las limitaciones presupuestarias de la ONU han retrasado sesiones, reducido la capacidad operativa del Subcomité y obligado a cancelar reuniones enteras. La prevención de la tortura, que depende de visitas in situ, acceso sin previo aviso y diálogo directo con autoridades y mecanismos nacionales, se ve afectada por una crisis financiera que no es técnica, sino política: la falta de voluntad de los Estados para financiar adecuadamente los sistemas que supervisan su propio comportamiento.
El SPT adoptó durante su sesión los informes de visita a México y Nueva Zelanda, que serán transmitidos a los Estados con la recomendación de hacerlos públicos. La transparencia es una herramienta esencial en la prevención de la tortura, pero depende de la voluntad estatal. En muchos países, los informes del SPT permanecen confidenciales durante años, lo que limita su impacto y reduce la presión pública para implementar reformas. La prevención, en este sentido, no es solo un ejercicio técnico: es un proceso político que requiere apertura, cooperación y reconocimiento de las fallas estructurales en los sistemas de detención.
El Subcomité también avanzó en su trabajo sobre la reintegración social, la situación de los niños en detención y la independencia de los Mecanismos Nacionales de Prevención (NPMs). Estos temas reflejan una evolución del enfoque de prevención: ya no se trata únicamente de inspeccionar celdas, sino de comprender las dinámicas más amplias que producen vulnerabilidad, violencia institucional y riesgo de tortura. La detención de menores, por ejemplo, plantea desafíos específicos que requieren estándares diferenciados, formación especializada y supervisión constante. La reintegración social, por su parte, es un componente esencial para evitar que la detención se convierta en un ciclo de exclusión y abuso.
El año 2026 marca además un hito simbólico: veinte años desde la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y veinticinco desde su adopción. El SPT prepara actividades conmemorativas que buscan no solo celebrar avances, sino también reflexionar sobre los desafíos emergentes. Romero lo subrayó: el diálogo constructivo, la cooperación y el monitoreo independiente han demostrado ser herramientas poderosas para prevenir la tortura. Pero los aniversarios también revelan una paradoja: mientras el sistema internacional celebra su madurez, los Estados recortan recursos, limitan accesos y cuestionan la legitimidad de los mecanismos de supervisión.
La prevención de la tortura enfrenta hoy un contexto global adverso. Las políticas de seguridad se endurecen, los sistemas migratorios se transforman en dispositivos de detención acelerada, y la externalización de fronteras crea espacios donde las garantías jurídicas se diluyen. En este escenario, el trabajo del SPT es más necesario que nunca, pero también más difícil. La austeridad presupuestaria no es un fenómeno neutro: afecta directamente la capacidad de la ONU para entrar en prisiones, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de detención migratoria, lugares donde la tortura y los malos tratos pueden permanecer invisibles sin supervisión independiente.
El SPT llama a los Estados, a los NPMs y a otros actores a participar en un periodo de reflexión centrado en un tema fundamental: prevenir la tortura mediante el diálogo constructivo. La frase resume una filosofía que ha guiado al mecanismo desde su creación: la prevención no se impone, se construye. Requiere confianza, apertura, cooperación y voluntad política. Pero también exige recursos, independencia y acceso irrestricto. Sin estos elementos, el sistema corre el riesgo de convertirse en una estructura simbólica, incapaz de intervenir donde más se necesita.
El OPCAT, ratificado por 96 países, establece un modelo único: visitas sin previo aviso, acceso a todos los lugares de detención y recomendaciones confidenciales que buscan transformar prácticas institucionales desde dentro. Es un mecanismo preventivo, no punitivo. Su fuerza reside en la presencia física, en la observación directa, en el diálogo con autoridades y personas privadas de libertad. Cuando las visitas se reducen, la prevención se debilita. La tortura, como práctica, prospera en la oscuridad; la supervisión independiente es una forma de luz.
En un mundo donde la detención se expande, donde las políticas migratorias generan nuevos espacios de privación de libertad y donde los sistemas penitenciarios enfrentan crisis de sobrepoblación, violencia y abandono, el SPT representa una de las pocas herramientas internacionales capaces de intervenir antes de que la tortura ocurra. Sus limitaciones actuales no son solo un problema administrativo: son un síntoma de una crisis más profunda en la arquitectura global de derechos humanos.
Los aniversarios del OPCAT deberían ser una oportunidad para reforzar el sistema, no para constatar su fragilidad. La prevención de la tortura es una obligación absoluta, no un lujo presupuestario. La austeridad no puede convertirse en excusa para abandonar a quienes viven en los márgenes más invisibles del poder estatal: las personas privadas de libertad.
