43 salidas en cinco meses: cuando la rotación se convierte en un problema de gobierno
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Tres ministras, seis subsecretarios, 33 seremis y un delegado provincial han dejado sus cargos en poco más de cinco meses. A la inédita rotación se suman discrepancias públicas dentro del gabinete, como el choque entre May Chomali y Martín Arrau por la ACOT. La promesa de orden y eficiencia de José Antonio Kast enfrenta una pregunta cada vez más difícil de eludir: ¿son correcciones normales o síntomas de un problema de capacidad de gobierno?
Natalia Duco duró cinco meses como ministra del Deporte. Su salida, precipitada por la controversia sobre el uso de un vehículo fiscal y por las explicaciones entregadas a Contraloría, podría incorporarse simplemente a la larga historia de ministros que abandonan anticipadamente un gobierno.
El problema es el número que deja detrás.
Con la salida este sábado del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola, el gobierno de José Antonio Kast acumula 43 autoridades que han abandonado sus cargos en poco más de cinco meses: tres ministras, seis subsecretarios, 33 seremis y un delegado provincial.
Una salida puede ser un accidente. Varias pueden explicarse por errores individuales, conflictos políticos o problemas personales. Cuarenta y tres obligan a formular una pregunta diferente.
¿Qué está ocurriendo con los equipos del Gobierno?
La pregunta resulta particularmente pertinente porque Kast llegó a La Moneda prometiendo precisamente lo contrario de lo que esta rotación comienza a proyectar. Orden, eficiencia, autoridad, experiencia y capacidad ejecutiva fueron presentados como atributos de una administración preparada para gobernar desde el primer día.
Sin embargo, apenas 69 días después de asumir, Kast realizó su primer cambio de gabinete, el más temprano registrado desde el retorno a la democracia en 1990. Salieron entonces las ministras Trinidad Steinert, de Seguridad Pública, y Mara Sedini, de la Secretaría General de Gobierno.
Tres meses después salió una tercera ministra.
Pero el problema ya no parece estar solamente en quienes salen.
Cuando la excepción comienza a convertirse en regla
El oficialismo tiene una explicación para esta sucesión de bajas.
Kast, sostiene, aplica estándares exigentes. Cuando una autoridad pierde la confianza presidencial, comete una irregularidad o demuestra que no está en condiciones de desempeñar adecuadamente su función, es removida.
El argumento tiene una parte atendible.
Un Presidente que detecta un problema debe corregirlo. Mantener a una autoridad cuestionada únicamente para evitar el costo político de reconocer un error sería una forma todavía peor de gobernar.
Pero existe un punto en que la acumulación de correcciones comienza a interrogar el diseño original.
Porque los estándares de un gobierno no se expresan únicamente en la rapidez con que despide a sus funcionarios. También se expresan en los procedimientos mediante los cuales los selecciona.
Y 43 salidas en cinco meses trasladan inevitablemente la pregunta desde quienes abandonaron sus cargos hacia quienes decidieron nombrarlos.
La oposición ha comenzado a hablar de falta de experiencia, improvisación y problemas de gobernabilidad. También el PDG, que no forma parte de la oposición de izquierda, ha cuestionado la selección de autoridades y el debilitamiento de la presencia femenina en el gabinete. Las tres ministras que han salido son mujeres y la representación femenina disminuyó de once a ocho integrantes después de los cambios.
No todos esos argumentos tienen el mismo peso. Tres ministras mujeres que abandonan el gabinete no demuestran por sí solas la existencia de un sesgo de género. Tampoco 43 cambios permiten concluir automáticamente que exista una crisis de gobernabilidad.
Pero la magnitud de la rotación sí permite hablar de un problema de capacidad gubernamental.
El Estado necesita algo más que autoridad
Aquí aparece una cuestión que trasciende las polémicas individuales.
Durante años, una parte importante de la derecha instaló la idea de que la experiencia empresarial y la capacidad de gestión privada constituían una alternativa superior frente a los políticos profesionales y la burocracia estatal.
La realidad del gobierno puede estar demostrando que la administración pública es bastante más compleja.
El Estado no es una empresa.
Un ministro, un subsecretario o un seremi necesita conocimientos técnicos, pero también debe comprender procedimientos administrativos, normas de probidad, relaciones con Contraloría, funcionamiento del Congreso, negociación política, gobiernos regionales, municipios, organizaciones sociales y exposición pública.
La experiencia política, frecuentemente presentada como un defecto de la vieja política, puede ser también una competencia necesaria para gobernar.
El problema adquiere especial relevancia en las regiones.
Treinta y tres seremis han abandonado sus cargos. Son ellos quienes deben transformar las decisiones tomadas en Santiago en políticas ejecutadas territorialmente. Cada reemplazo implica reconstruir equipos, relaciones institucionales y conocimientos acumulados.
Una administración puede cambiar autoridades. Lo que difícilmente puede hacer sin consecuencias es encontrarse permanentemente comenzando de nuevo.
No solamente los que salen
Pero quizá el indicio más importante de las dificultades del Ejecutivo no esté exclusivamente en las 43 personas que se han ido.
También aparece entre quienes permanecen.
La discusión sobre la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT, acaba de proporcionar un ejemplo particularmente revelador.
La ministra de Salud, May Chomali, expresó reparos respecto de una propuesta incluida en el borrador de reforma constitucional que busca restringir determinadas prestaciones financiadas por el Estado durante 15 años a personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
Chomali advirtió que la medida podía entrar en conflicto con normas sanitarias, particularmente con las obligaciones derivadas de la atención de urgencia.
La respuesta del ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue inusualmente explícita tratándose de dos integrantes del mismo gabinete.
Sostuvo que Chomali estaba opinando sobre una materia de la cual no estaba suficientemente al tanto y afirmó que desconocía el proyecto constitucional. Horas después ambos conversaron y Arrau dio públicamente por superado el impasse, asegurando que estaban nuevamente coordinados.
Pero precisamente ahí aparece el problema.
Si Arrau tiene razón, una ministra cuestionó públicamente una iniciativa estratégica del Gobierno sin conocer suficientemente su contenido.
Si los reparos de Chomali eran fundados, entonces una reforma constitucional que afecta directamente materias sanitarias estaba siendo discutida sin que las observaciones del Ministerio de Salud hubieran sido adecuadamente procesadas antes de convertirse en controversia pública.
Ninguna de las dos posibilidades habla de una coordinación particularmente sólida.
Y no estamos hablando de un proyecto marginal.
La seguridad es uno de los principales ejes políticos del gobierno de Kast y la ACOT pretende convertirse en una de sus reformas emblemáticas.
Las diferencias dentro de un gabinete son normales. Incluso pueden ser saludables. Un gobierno donde ningún ministro contradice nunca a otro probablemente tampoco está deliberando demasiado.
El problema surge cuando esas diferencias no son procesadas internamente y terminan convirtiéndose en contradicciones públicas sobre proyectos centrales del propio Ejecutivo.
Tener una dirección no es lo mismo que saber ejecutarla
Aquí comienza a aparecer una característica más profunda de estos primeros cinco meses.
Kast no parece tener dificultades para definir hacia dónde quiere llevar al Gobierno.
Ha establecido con claridad una orientación económica, una política de seguridad, un proyecto de reducción del Estado y una agenda de reformas estructurales. La megarreforma económica y la ACOT son probablemente las expresiones más ambiciosas de ese programa.
El problema parece surgir en el paso siguiente.
Transformar una orientación ideológica en políticas públicas exige equipos, coordinación, conocimiento técnico, negociación y experiencia administrativa.
Tener una dirección política no equivale necesariamente a disponer de capacidad para ejecutarla.
Y eso permite mirar las 43 salidas desde otra perspectiva.
Quizá no sean simplemente 43 errores personales.
Pueden estar mostrando las dificultades de un proyecto político que llegó al poder con una idea muy definida de lo que quería hacer, pero con una estructura gubernamental que todavía no consigue demostrar la misma solidez para hacerlo.
¿Gobernabilidad o capacidad de gobierno?
Conviene distinguir ambos conceptos.
Chile no enfrenta hoy una crisis de gobernabilidad en sentido estricto. El Presidente ejerce plenamente sus atribuciones, el Congreso funciona, las instituciones operan y el Ejecutivo ha conseguido avances legislativos relevantes.
La propia megarreforma demuestra que Kast conserva una considerable capacidad política.
Sería exagerado hablar de desgobierno.
Pero sería igualmente difícil sostener que 43 salidas en cinco meses, dos cambios ministeriales, el primer ajuste de gabinete más rápido desde 1990 y discrepancias públicas entre ministros sobre proyectos estratégicos constituyen solamente acontecimientos normales de cualquier administración.
Lo que aparece es algo más específico: un problema de capacidad de gobierno.
Gobernar no consiste únicamente en ejercer autoridad.
Consiste en construir equipos capaces de permanecer, coordinar ministerios con intereses diferentes, anticipar conflictos, elaborar políticas técnicamente consistentes y transformar las decisiones presidenciales en una administración que funcione.
La autoridad puede ordenar.
La política debe conseguir que el Estado responda.
La pregunta que queda
Natalia Duco es importante porque fue ministra y porque su salida elevó nuevamente la temperatura política. Pero probablemente dentro de algunos meses su caso será apenas uno más dentro de una secuencia mucho mayor.
Lo relevante es el patrón.
Primero fueron los nombramientos cuestionados en regiones. Después llegó el cambio de gabinete a los 69 días. Luego continuaron saliendo seremis y subsecretarios. Ahora son tres las ministras que han abandonado sus cargos. Y mientras las autoridades cambian, proyectos centrales del Ejecutivo exhiben discrepancias públicas entre quienes deberían defenderlos.
La Moneda puede responder que todo esto demuestra un Presidente dispuesto a corregir sus errores.
Es posible.
Pero después de 43 salidas, la pregunta ya no es solamente por qué Kast corrige tan rápidamente.
Es por qué tiene que corregir tantas veces.
Un gobierno exigente no se mide solamente por la rapidez con que remueve a quienes fracasan.
También se mide por su capacidad para elegirlos, coordinarlos y conseguir que gobiernen.
Simón del Valle
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