Cuba bajo presión: sanciones, apagones y el riesgo de una “Gaza silenciosa” en el Caribe
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La denuncia llegó desde Ginebra, pero su resonancia atraviesa todo el continente. Un grupo de expertos de la ONU condenó las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba, calificándolas como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coerción. La advertencia se acompaña de una imagen inquietante: el riesgo de que en la isla se desarrolle una “Gaza silenciosa”, expresión utilizada por cuatro congresistas estadounidenses durante una reciente visita a La Habana. La metáfora apunta a un colapso humanitario progresivo, menos visible que una guerra abierta, pero igualmente devastador.
Desde junio de 2026, Washington ha ampliado las sanciones unilaterales contra sectores clave de la economía cubana. Las medidas anunciadas el 23 de julio incluyen nuevas restricciones contra empresas energéticas, bloqueando aún más la capacidad del país para adquirir combustible, incluso con fines humanitarios. Cuba enfrenta una escasez aguda de carburante y ha sufrido su tercer apagón nacional en pocos meses. La energía, el transporte, el riego y los servicios básicos colapsan simultáneamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores y grupos vulnerables, incluidos los campesinos que sostienen la economía rural.
Los expertos advierten que las consecuencias humanitarias ya evolucionan hacia una crisis plenamente desarrollada, amenazando los derechos a la salud, a la vida, a la alimentación y al desarrollo. En La Habana, los residuos sin recoger se acumulan en varios barrios, aumentando el riesgo de enfermedades. Las agencias de la ONU presentes en la isla alertan sobre el crecimiento de la inseguridad alimentaria, la escasez de medicamentos y bienes esenciales, y un sistema sanitario debilitado por los repetidos colapsos de la red eléctrica y los prolongados apagones que comprometen la capacidad de tratar enfermedades graves, incluido el cáncer.
La crisis energética no es un fenómeno aislado: es el resultado de un régimen de sanciones que, según los expertos, viola el derecho internacional y contraviene el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Las medidas coercitivas unilaterales forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que se inscribe en el embargo estadounidense contra Cuba, vigente desde hace más de seis décadas. La continuidad de esta política, pese a los cambios geopolíticos globales, revela una tensión persistente entre soberanía nacional y presión internacional.
El 20 de julio, el Departamento de Estado publicó un informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, describiendo la isla como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica. Los expertos de la ONU señalan que el documento no presenta pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas. Temen que consideraciones políticas e ideológicas sean el único fundamento para mantener las medidas coercitivas. La seguridad, en este caso, se convierte en un argumento político que puede transformar una crisis económica en una catástrofe humanitaria.
El alimento, recuerdan los expertos, nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir golpean el núcleo mismo de la dignidad humana. La crisis alimentaria cubana, agravada por la falta de combustible para el transporte y el riego, revela la vulnerabilidad de un sistema agrícola que depende de recursos mínimos y de una logística frágil. Las comunidades rurales, ya afectadas por décadas de escasez, enfrentan ahora el riesgo de un colapso total.
Los expertos instan al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General a abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacional. La petición es significativa: sitúa la crisis cubana no solo en el marco de los derechos humanos, sino en el de la estabilidad global. Las sanciones, en este contexto, no son simples herramientas diplomáticas: se convierten en factores de desestabilización que pueden generar tensiones regionales, migraciones forzadas y nuevas vulnerabilidades geopolíticas.
La situación revela una contradicción profunda: mientras Estados Unidos justifica las sanciones como medidas de seguridad, los efectos concretos recaen sobre la población civil, debilitando servicios esenciales y agravando una crisis ya dramática. Cuba, que enfrenta una de las peores carencias energéticas de su historia reciente, se encuentra en una posición en la que cada apagón puede convertirse en una emergencia sanitaria, cada interrupción del transporte en una crisis alimentaria, cada falta de combustible en un obstáculo para la supervivencia cotidiana.
Los expertos de la ONU piden la revocación inmediata de las medidas contrarias al derecho internacional y el fin de todas las amenazas contra la soberanía cubana. Su declaración es un llamado urgente a la comunidad internacional para evitar que la crisis se convierta en una tragedia silenciosa. La “Gaza silenciosa” evocada por los congresistas estadounidenses no es solo una metáfora: es una advertencia. Sin intervenciones rápidas, Cuba corre el riesgo de deslizarse hacia una crisis humanitaria invisible, progresiva y devastadora.
La crisis cubana no es un episodio aislado: es el resultado de décadas de tensiones geopolíticas, políticas de aislamiento y vulnerabilidades estructurales. La respuesta internacional, si llega, deberá estar a la altura de la complejidad del momento. Cuba se encuentra ante un punto de inflexión: resistir la crisis o caer en un colapso que podría redefinir el equilibrio regional. La comunidad internacional, advierten los expertos, aún tiene la posibilidad de evitar lo peor.
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