Sudán: la guerra se alimenta desde el exterior mientras los civiles pagan el precio

En un informe publicado el 3 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán concluye que el conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no puede entenderse únicamente como una lucha interna por el poder. Según los investigadores, el flujo constante de combatientes extranjeros, armamento, tecnología militar y apoyo logístico procedente del exterior ha fortalecido las capacidades bélicas de ambos bandos y contribuido a una escalada de la violencia con consecuencias devastadoras para la población civil.

El documento describe una compleja arquitectura internacional de apoyo que atraviesa varios países y que ha permitido a las fuerzas enfrentadas ampliar sus operaciones y aumentar su capacidad destructiva.

Mercenarios, drones y corredores regionales

Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la participación de hasta 2.000 exmilitares colombianos contratados para operar junto a las RSF en Darfur y Kordofán. Según la misión de la ONU, estos contratistas extranjeros habrían participado directamente en el manejo de drones de combate, sistemas de artillería y armamento avanzado.

La investigación identifica además una red de reclutadores, intermediarios logísticos y entidades privadas que habrían facilitado el traslado de personal, entrenamiento, armas y suministros a las fuerzas paramilitares. Entre los países mencionados figuran Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Chad, el sudeste de Libia y la ciudad portuaria de Bosaso, en Somalia, aparecen como puntos de tránsito utilizados para estas operaciones.

Para los expertos, la existencia de estas estructuras evidencia que la guerra sudanesa ha adquirido una dimensión regional e internacional mucho más profunda de lo que reflejan los combates visibles sobre el terreno.

“Hemos encontrado una cadena transnacional de redes que proporcionó a las RSF personal extranjero, entrenamiento, armas y apoyo logístico”, afirmó Mona Rishmawi, integrante de la misión.

La guerra tecnológica se extiende lejos del frente

El informe también advierte sobre la rápida expansión del uso de drones por parte de ambos contendientes. De acuerdo con la misión, proveedores extranjeros habrían contribuido significativamente a mejorar las capacidades tecnológicas tanto de las RSF como de las fuerzas armadas regulares.

Esta evolución ha transformado la naturaleza del conflicto. Los ataques ya no se limitan a las líneas de combate tradicionales, sino que alcanzan ciudades, infraestructuras civiles y zonas alejadas de los frentes.

Entre los casos documentados figura un ataque con drones atribuido a las RSF en Kalogi, Kordofán del Sur, que dejó 114 muertos, incluidos alrededor de 60 niños. La misión también documentó ataques atribuidos a las Fuerzas Armadas Sudanesas en Ad-Da’ein, Darfur Oriental, que provocaron al menos 70 muertes y destruyeron un hospital de referencia.

Los investigadores consideran que existen motivos razonables para creer que estas acciones constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y podrían equivaler a crímenes de guerra.

El Fasher y Zamzam: las huellas de una tragedia anunciada

La investigación vincula además el apoyo extranjero a operaciones específicas de las RSF en lugares donde se registraron algunas de las peores atrocidades del conflicto.

Entre ellas se encuentra el campo de desplazados de Zamzam y la posterior toma de El Fasher, la última gran ciudad de Darfur que permanecía fuera del control paramilitar. Allí, la misión afirma haber documentado violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como crímenes internacionales que presentan características asociadas al genocidio.

La referencia resulta especialmente significativa porque retoma alertas previas formuladas por organismos internacionales sobre la violencia sistemática dirigida contra determinadas comunidades étnicas de Darfur.

Los civiles como objetivo indirecto

Más allá de la atribución de responsabilidades militares, el informe insiste en que la dimensión humana de la guerra debe ocupar el centro del debate internacional.

“El apoyo externo no ha traído mayor protección para la población. Son los civiles quienes están pagando el precio”, señaló Mohamed Chande Othman, presidente de la misión.

Los investigadores describen ataques contra viviendas, hospitales, escuelas, mercados y lugares de refugio. También documentan el deterioro progresivo de infraestructuras esenciales en ciudades ya sometidas al asedio y al colapso económico.

En El Obeid, capital de Kordofán del Norte, una serie de ataques con drones entre julio y agosto de 2026 dañó repetidamente redes eléctricas, suministros de combustible e infraestructuras críticas. El impacto se tradujo en mayores restricciones al acceso al agua, a la atención médica y a la movilidad de la población.

La responsabilidad más allá del campo de batalla

Uno de los mensajes centrales del informe es que la rendición de cuentas no puede limitarse a quienes ejecutan directamente los ataques.

La misión sostiene que el derecho internacional obliga a los Estados vinculados a estas cadenas de suministro a investigar y desmantelar las redes ilícitas de reclutamiento y apoyo militar que operan desde sus territorios o a través de ellos. También recuerda que siguen vigentes obligaciones relacionadas con el embargo de armas impuesto sobre Darfur.

“La cadena completa de responsabilidad debe ser investigada, incluidos quienes ordenan, financian, suministran o facilitan de cualquier otra forma los crímenes internacionales”, afirmó la jurista nigeriana Joy Ngozi Ezeilo, miembro de la misión.

En consecuencia, los expertos instan al Consejo de Seguridad a ampliar el embargo de armas al conjunto del territorio sudanés y piden a los Estados suspender cualquier transferencia militar que pueda contribuir a nuevas violaciones.

Una advertencia que exige acción

Desde el inicio de la guerra en abril de 2023, Sudán se ha convertido en el escenario de desplazamientos masivos, masacres, hambruna y destrucción generalizada. Sin embargo, para la misión de investigación, el conflicto no podría sostenerse con la misma intensidad sin el respaldo de las redes que operan más allá de las fronteras sudanesas.

El informe constituye, en ese sentido, una llamada de atención dirigida no solo a los actores armados sobre el terreno, sino también a los gobiernos, empresas e intermediarios que continúan alimentando la maquinaria de guerra.

“La comunidad internacional ha sido advertida repetidamente sobre las violaciones que se están produciendo en Sudán. Ahora esas advertencias deben traducirse en acciones”, concluyó Othman.

Mientras los combates continúan, Naciones Unidas plantea una pregunta incómoda para la diplomacia internacional: si la guerra de Sudán se alimenta desde el exterior, ¿hasta qué punto la responsabilidad por sus crímenes trasciende las fronteras del país?