Luis Acevedo, presidente de la CCHDH: “Estamos en riesgo de retroceder en derechos humanos y democracia”

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A 53 años del golpe de Estado, el nuevo presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos advierte sobre el avance del negacionismo, cuestiona una eventual política de indultos y alerta que la agenda de seguridad y los recortes del Estado pueden abrir un ciclo de regresión en derechos y garantías democráticas.

A pocos días de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el nuevo presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Luis Acevedo Espínola, advierte que Chile atraviesa un escenario especialmente complejo para la defensa de los derechos humanos, marcado por el avance de la extrema derecha, el debilitamiento de la memoria histórica, el predominio del discurso de la seguridad y políticas que, a su juicio, amenazan con provocar retrocesos en derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

Abogado y miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Acevedo asumió la presidencia de la organización por unanimidad tras la elección de su nueva directiva, realizada en la asamblea de socios del pasado 22 de agosto. Entre sus primeras actividades se encuentran reuniones con los equipos nacionales y regionales de la Comisión y posteriormente con organizaciones sociales y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

En su primera entrevista pública desde que asumió el cargo, Acevedo aborda la situación de la memoria a 53 años del golpe de Estado, la posibilidad de indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, las políticas de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, el debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos y los efectos que los recortes del gasto público pueden tener sobre los derechos económicos y sociales.

También plantea la necesidad de reactivar un movimiento de derechos humanos que percibe golpeado por el nuevo escenario político. “Los derechos no son victorias inamovibles, pueden retroceder”, advierte.

—Ad portas de un nuevo 11 de septiembre, ¿en qué pie encuentra esta fecha al movimiento de derechos humanos en Chile?

—A 53 años del golpe de Estado, la memoria y la historia están en serio riesgo, considerando la coyuntura política en la que nos encontramos. Hoy, en Chile y en el mundo, están en auge los movimientos de extrema derecha: Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos y Kast en Chile, entre otros.

Estos movimientos incurren en un revisionismo y negacionismo del pasado reciente en materia de violaciones de derechos humanos, o bien pretenden silenciarlo. Basta observar lo ocurrido estos días en el Foro Madrid para percatarse de aquello.

En tiempos anteriores se había avanzado en memoria e historia incluso con una derecha tradicional que parecía desprenderse de esas posiciones. Hoy, en cambio, la extrema derecha las reivindica o intenta silenciar lo ocurrido. En ese sentido estamos viviendo un retroceso en materia de memoria e historia.

A ello se suman las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019 y los altos niveles de impunidad que hemos visto posteriormente, así como una revisión de ese proceso que olvida las manifestaciones multitudinarias y se queda solamente con la violencia, descalificando esas posiciones bajo la etiqueta de “octubristas”.

Por otro lado, observo con preocupación cierto desánimo en el movimiento de derechos humanos en Chile. Hemos quedado golpeados durante este último tiempo precisamente por el auge de la extrema derecha, el discurso de la seguridad y los últimos procesos electorales.

Creo que estos hechos han afectado la moral de quienes integramos el movimiento de derechos humanos y que su reactivación es hoy una necesidad fundamental. Los avances alcanzados no están asegurados. Existe el peligro de retroceder tanto en derechos civiles y políticos como, especialmente, en derechos económicos, sociales y culturales. En el fondo, también está en juego la relación entre democracia y las nuevas formas de autoritarismo.

—A 53 años del golpe de Estado aún existen deudas profundas en materia de verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles son hoy las principales deudas u obstáculos que persisten desde el Estado?

—Hay varios. En primer lugar, los juicios por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Todavía existen causas pendientes y lo cierto es que una justicia tardía no es justicia.

La transición chilena tuvo aspectos positivos, pero también negativos. La demora ha sido enorme y muchas condenas han resultado ínfimas o incluso han permitido formas de cumplimiento en libertad.

Hay que recordar que recientemente la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile por la aplicación de la media prescripción como atenuante muy calificada, algo que afortunadamente ya no se aplica. Sin embargo, los procesos han sido demasiado largos y sus resultados, muchas veces, decepcionantes.

A esto se suma un riesgo cierto bajo el actual gobierno: que se indulte a personas condenadas por estos hechos.

El Derecho Internacional ha establecido criterios que deben cumplirse en este tipo de situaciones y, de no respetarse, el Estado puede incurrir en responsabilidad internacional. Entre otros elementos, se considera el cumplimiento de una parte relevante de la pena, el arrepentimiento efectivo, la colaboración con la justicia y con el esclarecimiento de la verdad, además de la existencia de condiciones humanitarias deficientes que puedan poner en riesgo la vida de la persona.

No debería abrirse paso, por tanto, a indultos generales o particulares que puedan implicar responsabilidad internacional para Chile.

Las obligaciones del Estado incluyen la prevención, la investigación oportuna y diligente y una sanción proporcional. Un indulto que desconozca estos principios puede transformarse en una burla a la justicia y en un incumplimiento de los estándares internacionales.

El discurso de la seguridad y la construcción de un enemigo

—¿Qué riesgos observa para la promoción y defensa de los derechos humanos y el rescate de la memoria en un escenario político, global y nacional, donde proliferan discursos negacionistas o relativizadores del pasado reciente?

—Con el auge de la extrema derecha en Chile y en el mundo se ha instalado, o al menos acentuado, una lucha cultural y de ideas con una intensidad mayor que en el pasado. Este fenómeno produce también una polarización de las posiciones políticas y valóricas.

El movimiento de derechos humanos debe estar muy alerta y disputar esa lucha de ideas porque, de lo contrario, el discurso negacionista o revisionista gana terreno y con ello se pierde la memoria y se olvida o relativiza la historia.

Los derechos humanos se han convertido nuevamente en un campo de disputa política. Esto se observa en políticas públicas adoptadas por el actual gobierno, como las relacionadas con el programa de búsqueda, o en iniciativas como la reestructuración que se pretende realizar del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Incluso el concepto de violación a los derechos humanos está en disputa. Hay sectores de la derecha que buscan asimilarlo a ser víctima de cualquier delito o pretenden incluir como posibles autores de violaciones de derechos humanos a particulares que actúan contra agentes estatales. Eso supone invertir el concepto y, desde mi punto de vista, es profundamente equivocado.

Otro riesgo muy relevante es el discurso instalado en torno a la seguridad, centrado en la existencia de un enemigo al que habría que derrotar. A partir de allí se justifican aumentos de penas, restricciones de beneficios o penas sustitutivas, incorporación de nuevos delitos y modificaciones de normas procesales, entre otras medidas.

Todo esto tensiona los derechos de los imputados, que también son ciudadanos.

Zaffaroni se refiere a este fenómeno como un aspecto de la criminología mediática: la creación de un enemigo que sirve como justificación para vulnerar derechos humanos. La criminología crítica, por su parte, sostiene que el Derecho Penal no es neutro y que tiende a dirigirse discriminatoriamente contra los sectores socioeconómicamente vulnerables, los extraños, los perdedores de las luchas hegemónicas de poder o los opositores molestos.

En ese contexto, considero que la combinación del discurso de la seguridad con la construcción de un enemigo constituye un serio riesgo para los derechos humanos. La política criminal debería ser minimalista y garantista, no punitivista ni populista.

Existe además otro ámbito de riesgo: el económico. Los recortes presupuestarios y la disminución del Estado también pueden provocar retrocesos en derechos.

En Chile rige el principio de progresividad y no regresión. Este principio no se refiere solamente al reconocimiento formal de un derecho, sino también a los presupuestos y políticas destinados a hacerlo efectivo. Por ello, los recortes presupuestarios o la reducción de determinadas funciones del Estado pueden significar un retroceso, principalmente en derechos económicos, sociales y culturales como la educación o la salud.

La ONU, además, está avanzando en vincular el régimen tributario con los derechos humanos, porque reducir la recaudación fiscal no es inocuo cuando de esos recursos depende la satisfacción efectiva e igualitaria de derechos.

Una institucionalidad bajo presión

—¿Cómo evalúa el estado actual de la institucionalidad pública de derechos humanos y qué efectos concretos tiene sobre la protección de la ciudadanía?

—En institucionalidad de derechos humanos hemos avanzado, pero todavía falta bastante y, además, existe el riesgo de retroceder.

Debe resaltarse el papel de organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que cumple una función muy relevante, pero también el de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema cuando conocen acciones constitucionales, e incluso el Tribunal Constitucional cuando resuelve requerimientos de inaplicabilidad, que pueden operar como una vía indirecta de protección de derechos.

Todavía falta avanzar en institucionalidad. Podríamos pensar, por ejemplo, en un defensor ambiental o en incorporar la institución del amicus curiae, siguiendo determinados modelos internacionales, como una herramienta que contribuya a democratizar el Poder Judicial.

También debemos avanzar en el reconocimiento de más derechos, sin perjuicio de que el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución permite incorporar aquellos reconocidos internacionalmente, disposición que ha tenido una enorme relevancia.

Y falta avanzar en algo esencial: que la satisfacción efectiva e igualitaria de los derechos no dependa de la capacidad económica de cada persona, como ocurre actualmente en muchas áreas.

Al mismo tiempo hemos visto iniciativas que representan retrocesos. Un ejemplo es todo lo relacionado con la protesta ciudadana. Se han aprobado disposiciones muy negativas, como la Ley Nain-Retamal, que ahora se pretende extender a funcionarios de franco y que, a mi juicio, infringe en buena medida estándares internacionales y, por tanto, constitucionales.

A esto se agrega la regulación de las manifestaciones, las reglas de uso de la fuerza y las iniciativas conocidas como ley antibarricadas. Hay que observar con mucha atención estas propuestas porque no solamente pueden afectar derechos: pueden afectar también a la democracia.

Los derechos no son victorias inamovibles. Pueden retroceder y, por eso, debemos permanecer alertas y firmes en la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

Los derechos humanos también se juegan en el presupuesto

—Los derechos humanos suelen asociarse únicamente a la represión estatal. Sin embargo, los recortes presupuestarios afectan áreas como salud, vivienda y educación, además de numerosos programas específicos. ¿De qué manera la pérdida de estos programas puede constituir una vulneración de derechos fundamentales?

—Este es un aspecto fundamental. Naciones Unidas está avanzando en vincular el régimen tributario con los derechos humanos porque la estructura tributaria determina en buena medida la recaudación fiscal disponible.

Además, debe existir justicia tributaria, es decir, que quienes tienen más contribuyan más.

La relación con los derechos humanos es directa: a menor recaudación habrá menos recursos disponibles para garantizar derechos y, por tanto, puede producirse un retroceso en su satisfacción efectiva e igualitaria.

Por eso hablaba antes del principio de progresividad y no regresión. No basta con reconocer formalmente un derecho; también importan las políticas y los recursos destinados a garantizarlo.

Los recortes presupuestarios afectan ese gasto y pueden traducirse en un retroceso concreto en el ejercicio de derechos. Probablemente el ejemplo más evidente en estos momentos sea el derecho a la salud, fuertemente afectado por los recortes.

“La defensa de los derechos humanos es una tarea colectiva”

—En su primer discurso ante la asamblea, cuando asumió la presidencia de la CCHDH, manifestó su intención de desarrollar una gestión participativa y colaborativa con organizaciones de base, agrupaciones territoriales y el tejido social. ¿Cómo piensa implementar esa orientación?

—Quiero centrar mi gestión como presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en cuatro ejes.

El primero es una gestión colaborativa, es decir, inclusiva de los voluntarios que componen la Comisión y, por supuesto, de su directiva. Esta es una tarea colectiva, que requiere mucha escucha y participación.

El segundo eje será una gestión ciudadana, lo que supone fortalecer los vínculos con otras organizaciones en las distintas materias relacionadas con los derechos humanos. En ese sentido debemos mantener y profundizar convenios y relaciones con instituciones como el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la CUT, la CAT y la ANEF, entre muchas otras organizaciones.

Lo central es construir fuerza común para la defensa y promoción de los derechos humanos en cada una de las áreas específicas.

El tercer eje será la firmeza, claridad y convicción en la defensa y promoción de los derechos humanos. Eso significa denunciar con fuerza cualquier retroceso e impulsar nuevos avances con el respaldo de la sociedad.

Finalmente, el cuarto eje será la incidencia. Queremos que la Comisión Chilena de Derechos Humanos tenga una incidencia real tanto en la ciudadanía y la opinión pública como ante las autoridades; que sea escuchada y considerada. Esto incluye también una importante tarea de formación.

Soy consciente de que no soy el primero en ocupar este cargo. Me han antecedido personas como Fernando Zegers, Carlos Margotta y Jaime Castillo Velasco, entre otros, quienes realizaron importantes aportes a la Comisión.

Quiero continuar y profundizar esa trayectoria. Podríamos decir que caminamos sobre los hombros de gigantes, reconociendo el papel que esas personas desempeñaron en la organización.

La CCHDH debe ser una institución fuerte y con capacidad de incidencia en la defensa y promoción de los derechos humanos en todas sus dimensiones: los derechos civiles y políticos, con especial atención a la agenda de seguridad y a la regulación de las manifestaciones, pero también a la libertad de expresión y al pluralismo informativo; y los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo.

Ese es el desafío que tenemos por delante.